La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes la excarcelación del comisario José Gabriel Moschetti, acusado de integrar una asociación ilícita junto al juez federal de Mendoza Walter Bento, a través de la cual habrían ofrecido una serie de beneficios procesales a distintos imputados en contraprestación del pago de coimas. En este orden el fallo declaró inadmisible el recurso de casación que se solicitó con un pedido en subsidio de prisión preventiva, la cual también fue denegada por el peligro procesal de obstaculización de la causa, sobre todo por “la extensa carrera policial” del imputado y “la magnitud de la organización delictiva”.
El acusado en cuestión se desempeñaba como comisario de la Policía contra el Narcotráfico del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, y según aclaró el fallo de la Sala III de la Casación Federal al que tuvo acceso Infobae —con votos de los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky— “fue requerido a juicio por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos, y este a su vez en concurso ideal con el delito de violación de deberes de los funcionarios públicos”.
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El expediente llegó a esta instancia luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza resolviera no hacer lugar al pedido de excarcelación —con la misma solicitud de detención domiciliaria en subsidio— de la defensa técnica del comisario por considerar que “existen peligros procesales a raíz de la carrera policial del señor Moschetti y la magnitud de la organización”. “El hecho de que en esta causa se encuentra en examen la posible actuación de una organización de gran magnitud y de integración heterogénea, hace que no sea posible acervar la inexistencia de riesgo procesal que se invoca en el pedido defensivo. Si a ello se le suma la extensa carrera policial de peticionante, el peligro de que el proceso se vea obstaculizado se incrementa”, dictó el Tribunal el pasado 7 de diciembre.
En efecto, el proceso penal —ahora en instancia de debate oral— tiene como objeto la investigación de una asociación ilícita de nueve miembros, cuyo jefe era Walter Bento, el juez titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, mediante la cual se concedían presuntos beneficios procesales a imputados en causas a su cargo a cambio del pago de sobornos. En este marco, el comisario Moschetti está acusado de haber ofrecido un canal de información y cobertura en el ámbito policial.
Los jueces de la Sala III de Casación Federal votaron en consonancia al calificar de inadmisible el recurso interpuesto en tanto “la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado”. En tal sentido explicaron que “las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (...), en los graves defectos del pronunciamiento , o en alguna cuestión federal por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción de este Tribunal y debe declararse inadmisible la vía intentada”.
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La investigación judicial que ahora llega a la instancia de debate oral comenzó en septiembre de 2020 y fue realizada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas en tándem con el fiscal general Dante Vega. De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, entre los imputados que pagaron para alcanzar beneficios procesales se encuentran acusados de narcotráfico y contrabando, todos delitos de órbita federal y en cuyas causas tuvo intervención el juez Bento, quien a su vez fue acusado por cargos de mal desempeño en el Consejo de la Magistratura —hoy virtualmente detenido—, donde podría ser destituido si se alcanza la mayoría especial de votos para enviar el caso a juicio político. En ese caso quedaría en condiciones de ir preso bajo prisión preventiva por la pérdida de fueros que le otorga su condición de magistrado.
Por otra parte, el pasado 8 de marzo los jueces Gemignani y Borinsky ya habían denegado la excarcelación de otro de los integrantes de la presunta banda delictiva. En ese caso fue el turno de Jaime Andrés Alba, un abogado particular detenido en 2021 y acusado de ser el “organizador” de la supuesta banda criminal liderada por el juez federal Bento.
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