La causa Sueños Compartidos está prácticamente paralizada desde que fue elevada a juicio oral. Nada cambió tras la muerte de Hebe de Bonafini. Todavía no se fijó una fecha para comenzar el debate y tampoco avanzaron las pericias que ordenó el Tribunal Oral Federal 5. En ese contexto, la Fiscalía reclamó el viernes que se fije una “fecha límite” para esos estudios, lo que permitiría arrancar el juicio.
“Teniendo en cuenta que al día de la fecha no se han producido, o al menos visualizado por esta Fiscalía General avances de consideración que demuestren la efectiva realización de la totalidad de peritajes ordenados por el TOF, conforme surge palmariamente de las actuaciones de referencia compulsadas en forma periódica por esta parte, es que habré de solicitar a VV.EE. se ordene una fecha límite para la culminación de los actos periciales ordenados a los efectos de que puedan fijar fecha concreta de inicio de debate oral y público”, dice el escrito de la Fiscalía a cargo de Diego Velasco.
La causa está a cargo del TOF 5, el mismo que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur, aunque en este caso lo preside Adriana Palliotti, una jueza de bajo perfil que tuvo varios fallos resonantes contra el kirchnerismo.
La Fiscalía viene reclamando hace tiempo que se terminen las pericias solicitadas en la “instrucción suplementaria”, una etapa del proceso para hacer medidas de prueba que se omitieron o denegaron en la investigación.
En julio de 2021, el Tribunal había ordenado una pericia interdisciplinaria al Cuerpo de Peritos especializados en caso de corrupción y delitos contra la administración pública, que depende de la Corte Suprema. Ese estudio estaba concentrado en las casas del barrio “Don Bosco” y en la construcción de un hospital en el barrio “Campo Contreras”, ambos en la provincia de Santiago del Estero.
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También se había ordenado una pericia sobre dos empresas vinculadas a Enrique Rodríguez, ex ministro porteño durante la gestión de Jorge Telerman. Y un estudio más complejo sobre todos los movimientos financieros y bancarios de las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre 2008 y 2011.
No es todo. El tribunal había solicitado una pericia caligráfica sobre la firma de Hebe de Bonafini, pero nunca se llegó a concretar. “Nadie se animaba a citarla para que haga un cuerpo de escritura”, admitió una fuente de la causa.
La causa también se trabó por los planteos de las defensas. Sergio Schoklender se cansó de presentar recursos en todas las instancias posibles. Y hay una nulidad del ex ministro de Planificación Julio De Vido que llegó hasta la Corte Suprema y obligó a enviar el expediente principal.
El fiscal Velasco se cansó de esperar y el viernes pasado presentó un escrito para que finalmente se ponga una fecha para el debate oral.
El escándalo de corrupción estalló en 2011, en plena campaña electoral. El ex juez Norberto Oyarbide apuntó a los Schoklender y protegió a Bonafini. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios involucrados.
En mayo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, De Giorgi procesó a los hermanos Schoklender, a Bonafini, al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otras personas. El ex ministro de Planificación Julio De Vido se sumó a la lista de procesados tiempo después.
Desde entonces, el listado de los que se sentarán en el banquillo de los acusados se sigue ampliando con elevaciones parciales. El mes pasado, de hecho, se sumó Juan José Ferreyra, quien recibió un total de 72 cheques a su nombre, entre enero de 2010 y junio de 2011, por un monto total de $ 2.572.643.
El Programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En concreto, se desviaron $206.438.454, es decir, un 23,54% de los fondos transferidos.
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Según un extenso informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados ($52.149.459), en empresas agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). También se comprobó un desvío “hormiga” a través de cheques de menos de 50.000 pesos. Con esa maniobra se obtuvieron 31.212.221 pesos.
Durante la investigación, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. “En todos los casos en los que la Fundación resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal”, escribió el juez en 2019 cuando elevó la causa a juicio oral.
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