Casación definirá dónde debe investigarse la causa por el viaje a Lago Escondido

La Cámara Federal de Casación Penal definirá dónde debe instruirse la investigación por el viaje a Lago Escondido de un grupo de jueces con el ministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro— actualmente bajo licencia— y empresarios. La duda está ahora en quién será el encargado de resolver, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Hasta ahora, el caso se había instruido en la justicia de Bariloche, pero el camarista Eduardo Farah entendió que la causa debía analizarse en los tribunales de Comodoro Py. Fue así que a inicios de febrero instruyó a requerir el expediente. El martes pasado, el juez subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva rechazó la inhibitoria solicitada: dijo que “de momento” le correspondía a su juzgado seguir al frente de la instrucción, que había pruebas en curso y que en la causa porteña no había un requerimiento fiscal.

Según detalló la agencia Télam, Villanueva aclaró en su fallo que todavía se desconoce si el viaje investigado fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas: lo que si está claro es que los investigados usufructuaron los servicios —hayan cometido o no delitos— en Lago Escondido. Y en ese sentido, el magistrado remarcó que allí se posee más cercanía con las pruebas que pudieran ser necesarias para la investigación y que de desprenderse del expediente en esta etapa podría entorpecerse la producción y profundización de ciertas medidas de prueba en curso.

Recibida la notificación, el juez Farah respondió esta mañana: “Anticipo que a mi modo de ver, esas razones no conmueven el criterio que ya deje expuesto en la causa, en el que insistiré”.

La causa por el viaje a Lago Escondido investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la intervención de la fiscal federal María Cándida Etchepare. En el expediente aparecen imputados el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro junto a funcionarios judiciales, empresarios y dirigentes vinculados a la Secretaría de Inteligencia.

Tras instrucciones del Presidente Alberto Fernández por cadena nacional, el ministro de Justicia, Martín Soria, hizo presentaciones en el expediente.

La denuncia había sido radicada en octubre, pero cobró repercusión cuando se conocieron unos supuestos audios en donde los participantes del vuelo hablaban de la difusión de esa noticia y cómo manejarse en consecuencia. Esos diálogos —registrados en la aplicación Telegram— habrían sido sustraídos de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro, uno de los viajeros, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. El ministro denunció el ingreso ilegal a su móvil pero dice que los chats fueron adulterados. Semanas más tarde se difundieron otros diálogos del funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que lo llevaron a pedir licencia.

Los diálogos se conocieron el fin de semana previo a la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad y fueron parte de la exposición que hizo la ex jefa de Estado tras su condena, el mismo día que anunció que no sería candidata en 2023.

Mientras la denuncia se concentraba en Bariloche, en Comodoro Py se presentaron otras dos denuncias: la primera impulsada por Yaradola como víctima de espionaje, que recayó en manos del juez Ariel Lijo, a cargo transitoriamente del juzgado federal 12 actualmente vacante, y la segunda impulsada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que pedía investigar a los jueces y que recayó ante el juez Ramos.

En su resolución de hoy, a la que accedió Infobae, Farah subrayó: “Los eventos que conforman el objeto común de ambas causas están descriptos en las denuncias que les dieron origen. Hubo un requerimiento de instrucción fiscal al respecto, que se presentó en la justicia federal de Bariloche. Que no haya sucedido lo mismo aquí no implica que no estén determinados los hechos del caso: son –como en cualquier legajo- los definidos en el escrito promotor, respecto de los cuales la fiscalía puede dictaminar por el impulso inicial, la desestimación o la incompetencia”.

Y agregó: “Con tal trasfondo, es la ley la que obliga a definir (ahora) la cuestión de competencia planteada”

El juez afirmó que “esa descripción que se hizo en las denuncias presentadas revela que se implicó a funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían. Se agregó que aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”.

Por ello, el juez subrayó que “todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que —se dijeron— conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”. Frente a eso, se repitió, el caso debe tramitar en Comodoro Py. “A los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”, añadió.

Frente a ello, la Cámara Federal decidió mantener el criterio de reclamar la causa, “dar por trabada la cuestión de competencia con el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y elevar el legajo al superior común, la Cámara Federal de Casación Penal, para que la dirima” la cuestión.

Sin embargo, por ahora no está claro quién definirá. Es que la Sala III del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, fue sorteada para intervenir en la causa nació en Comodoro Py 2002, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Sin embargo, ya había existía un incidente anterior contra una decisión tomada en Bariloche: la apelación del denunciante para convertirse en querella, rechazada en primera y segunda instancia en el sur.

Esa apelación ya había llegado en los últimos días a los tribunales de Retiro y fue sorteada la Sala I, que está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, denunciado por participar del viaje. Si se trata del mismo hecho, todo debe unificarse en una misma causa. Hhabitualmente, interviene el tribunal que intervino primero, pero eso hay que resolverlo, señalaron las fuentes.

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