El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires rechazó este viernes que funcionarios políticos busquen “influir de manera indebida en decisiones jurisdiccionales” y subrayó que las garantías constitucionales rigen “para todas las personas, sin importar su condición”. Así, llamaron a respetar “la plena división de poderes”.
El comunicado sostiene que la agrupación de jueces “se ve en la necesidad de tomar posición públicamente ante la sucesión de actos públicos de funcionarios con responsabilidades políticas tendientes a influir de manera indebida en decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”. “Todas las ciudadanas y ciudadanos cuentan con la garantía de que serán juzgados en el marco de la ley vigente y con el resguardo del debido proceso. También, que las decisiones que se adopten en sede judicial no responderán a ningún elemento exterior al expediente y al marco jurídico aplicable”, señala el texto.
La agrupación de jueces subrayó: “Esas garantías, contenidas en la Constitución Nacional, valen igualmente para todas las personas, sin importar su condición. Este pacto de respeto irrestricto de los Derechos Humanos se pone a prueba especialmente cuando se trata de causas sensibles: es entonces cuando marcamos nuestra vocación de vivir en un Estado Constitucional de Derecho y con plena división de Poderes”.
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“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado a asumir con responsabilidad la promesa constitucional de vivir en una sociedad pacífica en la que siempre prevalecerán los derechos inalienables de todos/as sus habitantes”, se añadió.
El pronunciamiento de los magistrados se conoció después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibiera a los padres de Lucía Pérez y reclamara “justicia por el femicidio” de la adolescente. Se trata del caso de la joven de 16 años, cuyo veredicto se conocerá la semana próxima. Es el segundo debate oral que se lleva adelante para esclarecer esta muerte.
“Debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez. Su madre, Marta Montero, y su padre, Guillermo Pérez, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha que mantiene vivo el reclamo de justicia. Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2.018″, dijo el mandatario.
Y sentenció: “El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan. Nuestro compromiso y trabajo cotidiano es por una sociedad libre de violencias por motivos de género. Seamos claros, en su máxima expresión, el machismo mata”.
A raíz de esta declaración, la defensora oficial María Laura Solari denunció penalmente al Presidente por el “hecho de gravedad institucional” por entender que el jefe de Estado presionó a los jueces del Tribunal Oral N° 2. Además, solicitó recusar a los magistrados al no poder asegurarse su imparcialidad.
Desde el inicio del juicio que la defensora Solari y el abogado particular de Juan Pablo Offidani, César Sivo, denuncian que no se asegura de forma correcta el derecho a una legítima defensa y que hay presiones del Poder Ejecutivo. “Una primer y alarmante intromisión del Poder Ejecutivo en la primer jornada de debate, el 7 de febrero, fue cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se sentara en la sala de audiencias junto a los padres de Lucía Pérez”, considero Solari.
El caso de Lucía Pérez sacudió a la opinión pública en momentos en que se armaban las primeras movilizaciones en reclamo de “Ni Una Menos”. Su muerte derivó en la primera huelga de mujeres, el 19 de octubre de 2016. Fue la fiscal de la causa María Isabel Sánchez la que horrorizó a sociedad, ya conmovida por los femicidios, al contar el crimen: “jamás vi una conjunción de hechos tan aberrantes”. Aseguró que la joven había sido empalada “con un sufrimiento sobrehumano”, algo que los peritos forenses descartaron y derivó en que se ordenara una investigación sobre la funcionaria.
Lucia tenía 16 años e iba a la escuela Media 3 de Mar del Plata. Los acusados en la causa fueron Matías Gabriel Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Alberto Maciel (62), que murió el año pasado. Según la hipótesis de la causa, Lucía y Farías se habían conocido el 7 de octubre de 2016 cuando Farías fue a venderle a Lucía marihuana a la escuela y la adolescente le habría quedado debiendo 100 pesos. Quedaron en verse al día siguiente.
Lo que pasó ese 8 de octubre de 2016 es lo que se investiga. Matías Farías (que en ese momento tenía 23 años) y Juan Pablo Offidani (entonces de 41) fueron a buscarla. La llevaron hasta la casa de Farías en el barrio Alfar. En el camino compraron facturas y cigarrillos. Al llegar a la casa, Offidani se fue. La fiscalía sostuvo que allí la joven fue drogada y abusada hasta la muerte, y que el cuerpo fue llevado a un centro asistencial de Playa Serena, luego de haber sido lavado y acondicionado con la ayuda del tercer acusado.
Las defensas negaron esas acusaciones. Afirmaron que las relaciones sexuales con Farías fueron consentidas y que la chica sufrió una asfixia tóxica producto del consumo de drogas que derivó en su muerte. Admitieron la venta de estupefacientes pero pidieron la pena mínima. Y cuestionaron a la primera fiscal del caso por haber tratado como “animales” a los imputados, tras sostener que nadie en esta causa podía sacarse de la cabeza aquella imagen inicial hablando de un empalamiento.
El Tribunal Oral de Mar del Plata dio su veredicto en 2018. A dos de ellos los condenados a ocho años de prisión pero por “tenencia de estupefaciente con fines de comercialización”. Por unanimidad se absolvió a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez. También se ordenó enviar a jury a los jueces que dictaron esa condena. Uno de ellos renunció.
Casación dispuso anular el debate oral y volver a juzgar a los implicados. Los acusados Farìas y Offidani siguen sentado en el banquillo. Su condena o absolución es lo que debe resolverse el próximo viernes 17.
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