José Francisco López fue célebre porque tiró bolsos con 9 millones de dólares en un convento en junio de 2016. Aquello derivó en una condena por enriquecimiento ilícito. También confesó haber cobrado coimas cuando declaró como arrepentido en la Causa Cuadernos y en esa declaración involucró a Cristina Fernández de Kirchner en el delivery de sobornos que funcionó alrededor de la obra pública en los 12 años del primer kirchnerismo.
López fue condenado por el Tribunal Oral Federal 2 a la misma pena que Cristina Fernández de Kirchner: a ambos les fijaron seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Es decir que para los jueces fueron los mayores responsables de la maniobra de defraudación contra la administración pública. Lázaro Báez, que no era funcionario, y sí era amigo y socio de los Kirchner fue condenado a seis años de prisión. Los jueces del TOF 2 —cuando absolvieron a Julio De Vido— diferenciaron su situación específicamente de la de Cristina Kirchner y José López.
Al momento de fijar la condena de López los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron: “Tal como se desprende de los documentos incorporados a su legajo de identidad personal, José Francisco López tiene 62 años de edad y posee estudios universitarios completos en la carrera de Ingeniería Civil. Se verifica que comenzó su etapa laboral al concluir la carrera universitaria, que ejerció diversos cargos públicos en la provincia de Santa Cruz y que durante el período investigado se desempeñó como Secretario de Obras Públicas de la Nación”
“Precisamente, un fructífero derrotero profesional que le permitió acceder a uno de los más altos cargos dentro de la burocracia estatal. Lamentablemente, un lugar en el que corrompió la acción y fines públicos objetos de expectativas a fin de garantizar los beneficios económicos de otros imputados. El nivel de especificidad de sus aportes al suceso criminoso evidencian que esa expertise profesional y conocimiento del rubro fue trascendental para la ejecución del hecho principal”, subrayó el tribunal.
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Los jueces analizaron lo que dieron en llamar la etapa de “Cese ejecutivo”, que la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola había llamado “Plan limpiar todo”. Allí el principal protagonista fue López, quien tuvo incesantes comunicaciones con diversos actores involucrados en el caso luego de que el kirchnerismo perdiera las elecciones ante Mauricio Macri el 22 de noviembre de 2015. Se determinó en el caso que —luego de la derrota electoral— hubo que “acomodar” la situación de la obra pública entregada a Báez en Santa Cruz.
“La maniobra defraudatoria tuvo un final signado por el mismo suceso que determinó su comienzo: un resultado electoral. Este acto, democrático por antonomasia y reivindicativo de la estabilidad del modelo de Estado elegido por nuestros constituyentes, definió a su vez el desenlace del plan criminal y su cese ejecutivo. La explicación de tan singular coincidencia reside en el factor de que las irregularidades que caracterizaron la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz —que es todo cuanto se encuentra bajo juzgamiento— sólo podían prosperar en un marco de cooperación y coordinación entre personas en ejercicio de la función pública”, explicaron los jueces.
“Desde esa perspectiva, el cese de los mandatos y de las funciones de los autores minó toda posibilidad de continuidad del esquema diseñado que, para prosperar, necesitaba desarrollarse al abrigo del poder de quienes gobernaban (a la luz de la pluralidad de instancias administrativas que debían prestar, a su turno, la colaboración debida). Así fue que, tras conocerse el resultado del escrutinio de la segunda vuelta electoral del año 2015 y ante la derrota del candidato presidencial del espacio político liderado por la ex presidenta Fernández de Kirchner, se precipitó una serie de acontecimientos” que “constituyeron, en definitiva, el cierre de la operación delictiva iniciada allá por el año 2003″, se señaló en los fundamentos de la condena a CFK.
Gorini, Giménez Uriburu y Basso agregaron: “Esta etapa conclusiva de la maniobra se caracterizó por la proactiva intervención de altísimos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional en el diseño de los pasos a seguir para dar fin a la empresa criminal atendiendo a ciertas condiciones que, como veremos, eran indispensables de acuerdo a lo planeado. Vale recordar, por cierto, que uno de los objetivos que tuvo el esquema del financiamiento nacional de inversiones viales a través de convenios de delegación con la provincia de Santa Cruz fue el de construir esa aparente lejanía de quienes resultaban ser los principales beneficiarios e ideólogos de la maniobra”.
“Se ha sostenido, una y otra vez, que la distancia y ajenidad funcional y burocrática impedía cualquier tipo de vinculación del funcionariado nacional con las tropelías que se cometieron en el ámbito local. Sin embargo, las pruebas agregadas a la causa (tanto las documentales que se han incorporado por lectura como las testificales rendidas en la audiencia), demuestran precisamente lo opuesto. Más allá de los aportes concretos que hemos identificado con anterioridad (especialmente relacionados con la estructuración normativa del andamiaje administrativo y financiero de las inversiones), es en este momento histórico de los hechos en el que emerge prístina la trascendencia de sus intervenciones, ajenas al ámbito de sus funciones públicas y dignas de quien dirige, de propia mano, un emprendimiento criminal. Adelantamos que como conclusión de este apartado y sobre la base de las evidencias que a continuación expondremos, nos encontramos en condiciones de afirmar que Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, José Francisco López y Lázaro Antonio Báez planificaron, decidieron y ejecutaron el abandono de las obras adjudicadas a las empresas del Grupo Báez…”, enfatiza el fallo.
Al día siguiente de la derrota electoral se reasignaron partidas para Vialidad. Y López tuvo una serie de comunicaciones telefónicas que el TOF2 consideró como pruebas de la decisión de “ordenar” la situación.
En el fallo de 1616 páginas, los jueces detallan la secuencia: López hablaba con Julio Mendoza, hombre de confianza de Báez. Y además Vialidad comenzó a firmar resoluciones para aprobar redeterminaciones de precios y certificados de obra para el Grupo Báez. Mientras desde Vialidad se avanzaba con los pagos a Báez, López se reunía con Mendoza. Luego de aquella reunión, López le pidió al secretario de Cristina Fernández de Kirchner un encuentro con quien ejercía la presidencia de la Nación. Cuando se confirmó el encuentro con Fernández de Kirchner, López le avisó a Mendoza.
Los jueces resaltaron: “Más allá de la promiscuidad que evidenciaba la necesidad de anoticiarlo como si fuera un dependiente jerárquico de Mendoza, la conversación demuestra un aspecto de aún mayor relevancia: José Francisco López se juntaría con Cristina Fernández de Kirchner con el objeto de tratar temas de interés para Lázaro Antonio Báez”.
En los fundamentos de la condena, los jueces remarcaron: “A consecuencia de las conversaciones y directivas que recibió personal y directamente de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, el Secretario de Obras Públicas gestionó una reunión urgente con Máximo Carlos Kirchner a través de Rocío García (para ese entonces su pareja)”. Esa reunión se suspendió. Y después López recibió llamados del secretario de Fernández de Kirchner. A raíz de ello, dicen los jueces, López y Nelson Periotti, a cargo de Vialidad Nacional , programaron un viaje a Río Gallegos que finalmente no se realizó. Los mensajes muestran en interés de López en resolver la situación de pagos a las empresas de Báez.
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Luego de analizar varios mensajes entre López y Mendoza, los jueces concluyeron: “El Secretario de Obras Públicas de la Nación (en el marco de una decisión delineada por la Sra. Presidenta de la Nación con el aval del Administrador General de Vialidad Nacional), ordenó al presidente de una empresa privada contratista de obra pública vial que le presente de forma urgente el listado de personal y el cálculo de los costos que importaría ‘limpiar a todos’ los operarios de esa firma, para que ‘no quede nadie’ (quería ver, para mayor abundamiento: valor de la quincena, liquidación final y fondo de desempleo). Es decir, iban a despedir a todo el personal”.
“Sabían perfectamente que una vez que abandonasen las obras en curso y la gestión de la administración central (o sea, el señorío sobre los fondos del Tesoro Nacional), no continuaría el flujo de dinero como lo fue durante todos esos años desde el 2003″, dijeron los integrantes del TOF2.
De los mensajes del celular de López se puedo establecer también que Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Báez. Los jueces establecieron: “Es evidente la vinculación entre la necesidad de crear una deuda mediante la aprobación urgente de certificados (era ‘todo’ en palabras de López) y el inmediato reconocimiento del supuesto deudor (DNV) acerca de la imposibilidad de afrontar sus compromisos”.
Los jueces agregaron: “Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner eran los verdaderos beneficiarios del fraude objeto de este proceso. Y esa circunstancia termina de explicar que fueran ellos quienes debían definir el final de la empresa (de la empresa criminal). La evidencia acompaña esa afirmación fundamentalmente, frente a las reiteradas referencias por parte de Mendoza y de López a que el plan debían definirlo otras personas: El ‘Negro’ y la ‘Señora’”.
El quebranto de las empresas de Baéz —algo que sucedió luego del cambio de gobierno— no tenía ninguna importancia. En ese sentido, los jueces determinaron: “No era relevante el sostenimiento financiero de la empresa. Tal como dijimos a lo largo de este apartado, la quiebra era una de las consecuencias asociadas y aceptadas por los principales responsables de la maniobra, pues la empresa ya había cumplido su objetivo. Que no era la construcción de caminos sino asegurarle magníficos beneficios económicos a Lázaro Antonio Báez y Cristina Fernández de Kirchner”.
López fue fundamental en el próspero negocio de Báez y —todo según los fundamentos del fallo— por ello recibió la máxima pena posible, al igual que Cristina Fernández de Kirchner.
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