La sentencia por la causa de la obra pública aborda, en detalle, el rol del empresario Lázaro Báez, su vínculo estrecho con los Kirchner, y su desmedido crecimiento patrimonial a partir de los contratos que recibió el Grupo Austral Construcciones en Santa Cruz.
Cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, Báez estaba inscripto como monotributista ante la AFIP. Recién se dio de baja el 30 de junio de 2003. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 minimizaron el debate sobre la función que tenía en el Banco de Santa Cruz. “En términos de incidencia probatoria nada cambia el hecho de que Báez hubiese sido cajero, tesorero, gerente o interventor del Banco de Santa Cruz. Lo relevante, como veremos a continuación, es que se trataba de una persona que no tenía ningún tipo de vinculación ni expertise profesional en la construcción de obra pública vial que avale su muy oportuna mudanza laboral”, dice la sentencia.
La defensa del empresario alegó durante el juicio que, en el año 2000, Báez ya formaba parte de Badial SA, por lo que “tenía experiencia” en el ámbito de la construcción. “En octubre del año 2000, no estaba en los planes de absolutamente nadie que el doctor Néstor Carlos Kirchner fuera electo presidente de la Nación. Este es el nivel de ridículo sobre el que la Fiscalía pretende sostener su acusación”, se quejó el abogado en su alegato.
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Pero los jueces, hasta julio de 2003 “la empresa Badial SA prácticamente no registraba actividad económica”. De hecho, esa firma no tenía la cantidad de empleados suficientes para justificar algún tipo de actividad en el rubro de la construcción. Por lo tanto, Báez no tenía la experiencia pretendida.
El tribunal, en cambio, dio por probada la “estrecha relación de confianza” con los Kirchner, tanto con Néstor como con Cristina. “El inicio de la actividad empresarial de Lázaro Antonio Báez en la provincia de Santa Cruz, y específicamente en el rubro de la obra pública vial, desde siempre obedeció a una finalidad no revelada hasta ahora: procurar un beneficio ilegítimo para sí y para los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con quienes tenía un vínculo cercano”, se puede leer en los fundamentos de la sentencia.
En otro tramo, los jueces se refirieron a los “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública” y las empresas del emporio de Báez.
En términos patrimoniales, Báez arrancó con activos por $1.123.181, según su declaración jurada de bienes de 2002. En ese momento admitía tener apenas tres inmuebles, dos de ellos con un porcentaje de participación del 50 por ciento. Pero terminó siendo millonario. La justicia determinó que entre 2004 y 2015 los bienes del empresario se incrementaron en un 12.127%, y los de Austral Construcciones un 45.313%. En esos años acumuló 1.412 bienes entre propiedades y vehículos.
La suerte de Báez, condenado a 6 años de prisión por este caso, cambió a partir de la creación de Austral Construcciones, el 8 de mayo de 2003, dos semanas antes de la asunción de Néstor Kirchner y una semana antes de la renuncia de Carlos Menem a competir en la segunda vuelta. “Su formidable crecimiento se asoció en forma directa a la asignación de obra pública vial”, destacaron los jueces.
Pero no alcanzaba con Austral. Por eso Báez tomó control de la firma Gotti SA. Y desde ese lugar comenzó a beneficiar a todo el conglomerado. “En fecha 22 de agosto de 2005, Gotti SA también cedería a ACSA sus contratos de obra pública (escritura nro. 291), lo que sin dudas redundaría en llamativos beneficios económicos para la joven firma”, mencionaron los jueces a modo de ejemplo en los fundamentos de 1.616 páginas.
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La sentencia destaca el testimonio de Fabiana del Valle Gotti, quien relató que su padre, quien falleció en un accidente automovilístico, “le había contado acerca de las presiones que venía recibiendo por parte del poder político de la provincia de Santa Cruz para que vendiera la empresa”.
Los jueces también analizaron la incorporación al conglomerado de Kank y Costilla SA, de la empresa Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, y de la presencia de ACA en la sucesión de Adelmo Biancalani. “La secuencia reseñada fue imprescindible para permitirle a Báez presentarse ante el Estado a través de diversas personas jurídicas y, mediante artimañas articuladas tanto desde la esfera pública como la privada, convertirse en el principal adjudicatario de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”, concluyeron.
La conformación del conglomerado de empresas derivó en el proceso de adjudicación de 51 obras viales con fondos nacionales, lo que significó una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares. En ese contexto, los jueces apuntaron a la responsabilidad de Cristina Kirchner, quien dictó una serie de resoluciones para beneficiar a ese grupo de empresas. El objetivo final era que parte de esos fondos sean destinados a negocios de la familia en las compañías “Los Sauces” y “Hotesur”.
Si se toman en cuenta los emprendimientos que tuvieron algún tipo de certificación luego de 2010, las obras adjudicadas a Austral representaron el 61,45% del total de Santa Cruz (83). En cambio, si se incorporan las obras por convenio con municipios de la provincia, el porcentaje se reduce a un 49,53%. Esto es, 53 obras en un universo de 107.
Los porcentajes también varían cuando se toma en cuenta el volúmen económico de las obras. Pero la comparación por provincias no deja lugar a dudas: el grupo empresarial de Báez registró en la provincia de Santa Cruz el mayor índice de concentración de adjudicación de obra pública vial de todo el país.
Esa concentración se explica, según los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, únicamente por la cercanía de Báez con los Kirchner. “No fue por el sólo hecho de ser santacruceño y encontrarse allí la sede de su empresa madre. Es evidente que el poder que tuvo -y tiene- la familia Kirchner durante décadas en esa jurisdicción (sobre todo en el período 2003/2015), la transformaban en el ámbito propicio para lograr ese cometido”, dice la sentencia.
Otras causas
Báez ya fue condenado por la “ruta del dinero K”. En ese caso, la Cámara de Casación le redujo la pena a 10 años de cárcel. El empresario también deberá afrontar otro juicio en la causa conocida como M&P. En ese expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario. Y el próximo 7 de agosto comenzará otro juicio que lo tiene como protagonista por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay.
A ese paquete hay que sumarle las causas por evasión, diseminadas en varias jurisdicciones.
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