Narcotráfico: 47 cargos de jueces y fiscales en condiciones de cubrirse están frenados por la política

El nombre de Lionel Messi puso todas las miradas en Rosario y el narcotráfico. Pero la graves crisis de la lucha contra ese delito y la violencia que genera tiene muchos años. El problema es multidimensional y uno de sus puntos es la justicia. Según un relevamiento que hizo Infobae en fuentes oficiales hay 36 cargos de jueces y 11 de fiscales que investigan y juzgan el narcotráfico que están vacantes y en condiciones de cubrirse de manera inmediata. Pero están frenados en el Gobierno Nacional y en el Senado.

Son cargos de todas las instancias: los jueces y fiscales que investigan el crimen organizado, los que revisan esas causas y los de los tribunales orales que las juzgan. El reclamo por cubrir esas vacantes es permanente e histórico por parte de organismos judiciales como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de la Magistratura y por asociaciones como la de magistrados y la de fiscales.

Algunos de esos lugares vacantes están en condiciones de cubrirse desde hace más de cinco años.

Cuando un cargo de juez o fiscal queda vacante se abre un concurso público para cubrirlo. El de los magistrados los hace el Consejo de la Magistratura y el de los fiscales la Procuración General de la Nación. El concurso finaliza con una terna que se envía al Poder Ejecutivo, puntualmente al Ministerio de Justicia de la Nación. Allí se elige a uno de los postulados y envía su nombre al Senado para su designación.

La etapa que más tiempo lleva es el concurso. Cuando llega al Poder Ejecutivo y al Senado, si bien se deben cumplir una serie de plazos, el trámite debería ser rápido. Pero eso no ocurre.

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De la información oficial del Consejo de la Magistratura y de la Procuración General a la que accedió Infobae, de los 36 cargos vacantes de jueces federales que investigan el narcotráfico 24 están en el Poder Ejecutivo y 12 en el Senado, a cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los 11 lugares de fiscales también se encuentran en el gobierno nacional.

“Hoy amanecí con una noticia muy fea. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin), hablé enseguida con el jefe de Gabinete. Le dije que algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio”, dijo el presidente Alberto Fernández el jueves en un acto en Salta, cuya justicia federal tiene vacantes a la espera de decisiones del propio jefe de Estado.

La mirada hoy está puesta en Rosario. En la justicia federal de esa ciudad el 33 por ciento de los cargos de jueces y fiscales está vacante. Son 24 y faltan ocho. La mitad podrían cubrirse en lo inmediato: una fiscalía de primera instancia y un cargo en un tribunal oral están en el Poder Ejecutivo y una vacante en la Cámara Federal y dos en tribunales orales en el Senado.

En Rosario hay tres tribunales orales que juzgan el narcotráfico. Uno de ellos no tiene ningún integrante. Es el tribual cuyos nombres de candidato están en el gobierno y el Senado.

La última vez que se designó un juez federal en Rosario fue en septiembre del año pasado cuando fue nombrada Silvina María Andalaf Casiello en la Cámara Federal. La anterior había sido en octubre 2017 cuando también a la Cámara llegó Aníbal Pineda.

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Pero el problema excede Rosario. La Asociación de Magistrados le pidió la semana pasada al gobierno nacional una mesa de diálogo. Fue después de una reunión con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que el jueves dijo “los narcos han ganado”.

En la nota, la Asociación planteó que el narcotráfico no solo alcanza a Rosario. “El ostensible flagelo del crimen organizado que se proyecta a lo largo y ancho de nuestro país, con especial potencia en provincias como Santa Fe, determinadas zonas de frontera, el propio conurbano bonaerense y hasta en el seno de los centros de detención, que en vez de cumplir su medular función resocializadora se han convertido, en muchos casos, en la base de operaciones de narcotraficantes”, planteó la entidad.

Y en esas zonas del país también hay cargos de jueces y fiscales para cubrir en lo inmediato. En el caso de las Fiscalías están en el Poder Ejecutivo los concursos para las dos de Jujuy y las de Corrientes, Paso de los Libres, Posadas y Puerto Iguazú, todas de zona de fronteras. También las de Río Gallegos, Caleta Oliva y Villa Mercedes. En total en el gobierno hay 24 concursos de Fiscales, la mitad enviadas el año pasado por el procurador general interino Eduardo Casal.

En el Poder Ejecutivo están los concursos para el juzgado federal y el Tribunal Oral Federal de Jujuy, para la Cámara Federal de Salta para el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay y para el juzgado federal de Puerto Iguazú, también todos lugares de frontera.

Respecto de la provincia de Buenos Aires están para el juzgado federal de Hurlingham, para uno de Lomas de Zamora, para el de San Nicolás y para el de Mar del Plata. También para dos lugares del Tribunal Oral Federal de la ciudad balnearia y tres para la Cámara en lo Penal Económico, que representa la mitad del tribunal. Los concursos más viejos están desde el 2018.

Más avanzado están los nombres de candidatos en el Senado. Se destacan muchos de Tribunales Orales de todo el país, como los de La Plata, Resistencia, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia -que están en la cámara alta desde 2021- además de los de Rosario.

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¿Por qué tanta demora en nombrar jueces y fiscales clave para la lucha contra el narcotráfico? Porque la designación de magistrados históricamente está amañada a los intereses de la política. Es una toma y daca entre el oficialismo y la oposición por los nombres, con un peso fuerte de los gobernadores. En las provincias los jueces federales -son pocos por cada jurisdicción y además el titular del juzgado 1 de cada lugar es el juez electoral- tienen mucho poder.

Hoy eso se complejiza con el enfrentamiento entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la justicia donde prima la desconfianza. El pedido de juicio político del gobierno a los integrantes de la Corte Suprema y la condena en diciembre pasado a Cristina Kirchner agudizo la pelea. Nada hace pensar que el estado de situación cambie en este año electoral.

La misma disputa se da en el Consejo de la Magistratura que no se reúne desde junio del año pasado. El organismo que aprueba los concursos tiene 84 ya terminados y listos para tratarlos. Pero la interna política lo impide.

Los cargos vacantes en la justicia que investiga al narcotráfico no son los únicos. A principio de mes Infobae reveló que el Poder Judicial inició este año con un 24 por ciento de vacantes de jueces nacionales y federales. Es el promedio histórico de las últimas dos décadas. Parte de ese déficit se podría solucionar si la política deja de tenerlos pisados.

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