En la Asamblea Legislativa del miércoles pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de la obra pública fue para buscar “su inhabilitación política”. Los dichos fueron a una semana de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 publique los fundamentos de por qué la ex presidente cometió el delito de administración fraudulenta en las obras públicas que durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner recibió el empresario Lázaro Báez.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentarán el próximo jueves a las 9 los argumentos del fallo. Para eso no habrá una audiencia en la que se los leerán sino que el tribunal los subirá al sistema Lex 100 para que todas las partes del caso accedan, adelantaron a Infobae fuentes judiciales. A partir de allí se abre el período para apelar y que el fallo sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que las partes ya adelantaron que harán.
Se trató de la primera condena a una vicepresidenta en ejercicio en la historia argentina y el tribunal también dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos.
El 6 de diciembre el tribunal condenó a Cristina Kirchner y a otras ocho personas, entre ellas Báez -a quien la semana pasada la Cámara de Casación le confirmó la condena por lavado de dinero y redujo la pena a 10 años-, y el ex secretario de Obras Públicas José López, a penas de entre seis y tres años de prisión, y absolvió a otras cuatro, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. A la Vicepresidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Desde entonces, los jueces trabajan en los fundamentos. Lo hicieron durante la feria judicial de enero con un equipo especial comandado por un secretario del tribunal. Infobae pudo saber que el fallo tendrá un índice de temas sobre cada uno de los puntos, entre ellos la responsabilidad de cada acusado.
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“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, dijo Cristina Kirchner minutos después de conocerse su condena desde su despacho del Senado. Y a fin de año en un acto en Avellaneda habló de lo que llamó su proscripción: “Soy peruca, hablemos claro. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción”.
Desde entonces el kirchnerismo plantea que la Vicepresidenta está proscripta para las elecciones de este año. Sin embargo, puede ser candidata. La ley establece que una condena comienza a cumplirse cuando queda firme y para eso debe pasar por Casación y por la Corte Suprema, dos instancias que por los tiempos de la Justicia no se cumplirán este año. De hecho hay antecedentes de candidatos que se presentaron con condena no firme, como el fallecido ex presidente Carlos Menem.
Alberto Fernández se sumó a la proscripción. En la apertura de sesiones del Congreso, el Presidente dijo que Cristina Kirchner fue condenada “tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”. Y el viernes en un reportaje en el canal C5N dijo que “inhabilitación es sinónimo de proscripción”.
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El TOF 2 condenó a Cristina Báez, a Báez, a López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz. Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez. En tanto, otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
Los jueces tuvieron una diferencia. Basso entendió que los acusados cometieron el delito de asociación ilícita, mientras que Gorini y Giménez Uriburu descartaron ese delito. En sus alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido condena por asociación ilícita.
Tras el veredicto, y por la transcendencia institucional y pública del caso, los jueces dieron a conocer un breve adelanto de sus fundamentos. “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad”, dijeron.
Allí explicaron que los motivos centrales de la condena a la vicepresidenta fueron los negocios que tenía Báez y los mensajes encontrados en el celular de López, lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. Los jueces hablaron de “vínculos promiscuos y corruptos” y “lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación” para favorecer a la ex presidenta y a Báez.
“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, explicaron.
La referencia a los negocios son por las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner de hoteles y propiedades que Báez les alquilaba y administrativa. Eso se daba en simultáneo a las obras que recibía con irregularidades. Por esos hechos hay una causa judicial en el que la vicepresidenta y Báez, junto a otros imputados, fueron enviados a juicio oral y sobreseídos sin que se haga el proceso. Esa decisión fue apelada y debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
El “plan limpiar todo” fue lo que surgió del celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos de nueve millones de dólares. Allí aparecen mensajes de López con Báez, con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones, la compañía más importante del empresario- y con otros funcionarios sobre reuniones con Cristina Kirchner y otras personas en el final de su mandato en 2015 para organizar el pago de las obras que restaban y cerrar las empresas.
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Para los jueces, Cristina Kirchner tuvo “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva”, en referencia al final de su segundo mandato como presidenta.
A partir del jueves, con los fundamentos presentados, todas las partes podrán apelar el veredicto. Para eso tienen 10 días hábiles. Por la extensión que tendrá la resolución es probable que alguna de ellas pida más tiempo para hacerlo, algo que es habitual en estos casos.
Tanto la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Berladi, como el fiscal Luciani adelantaron que van a apelar. La defensa pedirá la absolución, como hizo en el juicio, y el fiscal que todos los acusados sean condenados y que se aplique el delito de asociación, también como planteó en el proceso. Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta.
Con las apelaciones el caso pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que deberá llamar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso debe resolver si confirma las condenas o acepta los planteos de las defensas y absuelve a los acusados.
La expectativa estará puesta en si eso ocurrirá este año que es de elecciones presidenciales y cuando la condena a Cristina Kirchner está en el centro del debate político.
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