Jueces, académicos y una abogada forman un bloque de “centro” en el Consejo de la Magistratura para sacarlo de la parálisis

Desde el año pasado un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación mantiene charlas y encuentros para avanzar en una idea: armar un nuevo bloque dentro del organismo que tenga el poder suficiente para obligar a “la política” a destrabar la parálisis en la que está el cuerpo que se encarga de la acusación y selección de los jueces nacionales y federales, y de la administración del Poder Judicial.

Lo definen como un “bloque institucional” o “técnico”, o “en el centro”, quienes lo plantean con una mirada más política. Las charlas están avanzadas para que ese sector esté integrado por los cuatro jueces del Consejo, los dos representantes de los académicos y una de las abogadas, según la información que recogió Infobae en charlas con cuatro miembros del organismo. Y tienen la intención de que Horacio Rosatti, presidente del Consejo y de la Corte Suprema de Justicia, se sume aunque no explícitamente, sino con su apoyo.

Ese bloque sería de siete integrantes. Un número que no alcanza para aprobar los temas del organismo pero que sí sería el mayoritario frente a los seis del oficialismo y los cinco de la oposición. Todavía resta definir una silla que le corresponde al Senado. La Corte Suprema ya vetó a un senador del oficialismo.

“El objetivo es forzar a la política a sentarse a negociar. Negociar con cualquiera de los dos sectores y si no exponerlos porque traban el funcionamiento del Consejo”, blanqueó uno de los consejeros que trabaja en las negociaciones.

Pero antes de llegar a sentarse en un plenario del Consejo con esa fuerza hay instancias previas. “Algunos tienen que empezar a ceder”, dice desafiante un consejero. La referecia es a que primero se deben elegir los integrantes de las cinco comisiones del organismo, sus presidentes y el vice de Rosatti. También hay charlas sobre ese tema pero todavía no acuerdo, sobre todo en este sector que busca un bloque común. “Si superamos con acuerdo esa etapa podemos pensar en un bloque institucional”, agrega.

El Consejo debería haber comenzado a funcionar con su nueva integración en noviembre pasado. Pero no se logró por las peleas políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por uno de los lugares que le corresponde al Senado. A eso se sumó otra disputa por una banca de Diputados. Todo está judicializado.

Además, el Gobierno critica a la Corte Suprema en general y a Rosatti en particular por el fallo de la coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires y por la resolución que declaró inconstitucional la anterior integración de 13 miembros del Consejo e impuso la actual de 20. Eso forma parte del juicio político que el oficialismo le inició a los cuatro jueces del máximo tribunal. El clima se enrarece más con la filtración de los chats ilegales entre Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D´ Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia. Que se suman a los que se conocieron el vienes del ministro con el juez federal Sebastián Ramos, quien archivó una denuncia contra Robles y que el jueves declaró en la Comisión de Juicio Político de Diputados.

Y como si fuera poco también está presente la permanente pelea política entre el oficialismo y oposición por la justicia, además en un año de elecciones presidenciales.

Todo eso impacta en el funcionamiento del Consejo. La última vez que el organismo tuvo una reunión plenaria fue en junio del año pasado. Hace más de medio año que no se juntan a sesionar por las tensiones políticas. Como ejemplo, el 2022 fue uno de los peores años en materia de concursos públicos para cubrir vacantes de jueces : aprobó solo 10. Se lograron destrabar con la llegada de Rosatti a la presidencia en abril pero luego se estancaron. El peor año había sido el 2021 cuando solo se aprobaron 5 concursos. Y el Consejo está en condiciones de tratar 84 concursos que ya conluyeron. El nivel de vacantes en la justicia es del 24 por ciento.

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En ese contexto es que un grupo de consejeros buscan formar un bloque para intentar salir de la parálisis. Todo cuando el Consejo se reactive porque todavía no está completo. El martes jurarán los senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde (del Frente de Todos) y Eduardo Vischi (de la Unión Cívica Radical). Serán 19. Todavía falta uno más.

Ese bloque estará conformado por los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; por los representantes de los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; y la abogada María Fernanda Vázquez.

Los tres últimos llegaron al Consejo en un armado electoral que hizo Diego Molea, ex integrante del Consejo, que forma parte de las negociaciones y que seguirá teniendo peso en el organismo. Molea fue un aliado del oficialismo y con la llegada de Rosatti al Consejo buscó generar otros espacios.

Los jueces también se alejarán de los bloques políticos. Lugones integraba el del oficialismo e hizo conocer su descontento porque el Gobierno no cumplió con el nombramientos de jueces de su espacio, la Lista Celeste. Por su parte, Barroetaveña y Díaz Cordero - de la Lista Bordó- y Provítola - de Compromiso Judicial- son de espacios que se referenciaban en la oposición.

Ese bloque, mayoritario frente a los políticos, buscará que los representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se sienten a negociar. “Con cualquiera de los dos. Si son los dos mejor”, planteó un consejero. Saben que en los temas álgidos será difícil. Sobre todo en los concursos para cubrir las vacantes en los tribunales de Comodoro Py. “Eso lo sacamos de cualquier agenda porque será difícil”, reconoce otro consejero. Pero sí los temas urgentes de la gestión del día a día de los tribunales.

“¿Y si la política no se sienta a negociar y todo sigue trabado?”, preguntó este medio. “Los vamos a exponer. Y si logramos acuerdos con un sector el otro va a quedar en offside y tal vez así podamos contar con los dos”, contestó un consejero.

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La negociación no será sencilla porque los bloques políticos tienen sus particulares. El del Frente de Todos es compacto: responden todos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo integran los senadores Recalde y Pilatti Vergara -que jurarán el martes e integraron el Consejo el mandato anterior; los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -uno de las espadas públicas más críticas de la Corte Suprema y de Rosatti-; el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz -hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro-; y el abogado Héctor Recalde, padre del senador.

Es muy diferente a lo que pasa en Juntos por el Cambio. Allí sus representantes tienen distintas terminales políticas. El senador Vischi responde al gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés; el abogado Miguel Piedecasas y la diputada Roxana Reyes a los dirigentes de la UCR nacional como Gerardo Morales y Mario Negri; la abogada Jimena de la Torre a Mauricio Macri; y el diputado Álvaro González a Horacio Rodríguez Larreta.

En esas diferencias es la interna misma de Juntos por las candidaturas presidenciales. Las fichas que moverán en el Consejo estarán sujetas a esos vaivenes. Todo impacta en el Consejo.

La principal pelea del oficialismo y la oposición en el Consejo es por Comodoro Py. El Frente de Todos tiene como objetivo central aprobar los concursos para cubrir las vacantes, principalmente los lugares en la Cámara Federal de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados durante el gobierno de Macri. Y Juntos por el Cambio, con sus votos, bloquea esa posibilidad. Todo lo demás está supeditado a eso.

“De fácil a difícil así hay q hacerlo”, plantean en el nuevo bloque. “No es posible que algunos importantes cargos vacantes de Comodoro Py traben todos los concursos nacionales. Hay que separar los tantos”, agregó.

El nuevo bloque tendrá siete integrantes. En el Consejo se requiere mayoría simple -11 votos- para aprobar temas de gestión y una mayoría especial -14 votos- para aprobar concursos de jueces y acusaciones de juicio político. Por si solo ese sector no los tiene pero si logra acuerdos con el oficialismo o la oposición los alcanzará.

Pero para eso el Consejo se tiene activar. Con la jura del martes de los tres senadores el cuerpo tendrá 19 integrantes. Falta uno. La Corte Suprema rechazó tomarle juramento al senador kirchnerista Martín Doñate, propuesto para seguir en el cuerpo. El máximo tribunal mantuvo el fallo del año pasado en el que resolvió apartar a Doñate del Consejo porque llegó con la división del bloque oficialista en el Senado para quedarse con un lugar cuando le correspondía a otro sector de la cámara.

Ese lugar lo reclama el PRO y postuló a Luis Juez. El senador cordobés inició una causa judicial para que lo designen en el Consejo. El expediente está en la Corte Suprema a la espera de una definición. Allí el Senado recusó a Rossati para que intervenga y el jueves pasado la amplió y también pidió que se aparten de la causa Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Hay otro en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el que Juez pidió esta semana que el caso se resuelva por su “gravedad institucional”.

Pero hasta que no estén los 20 consejeros nadie apuesta a que se ponga en marcha, más allá de algunas especulaciones de que podría funcionar con 19 y con iniciativas dentro del organismo que se discuten en ese sentido. Y tampoco nadie se anima a aventurar cuando estarán todos. Cuando ocurre se abrirá una nueva etapa.

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