Taser: el Gobierno aseguró ante la Justicia que “se están arbitrando los medios” para resolver el pedido de CABA

El gobierno nacional planteó en la causa judicial por la compra de 60 pistolas Taser para la policía de la ciudad de Buenos Aires que “se están arbitrando los medios” para cumplir el fallo de la justicia federal que le ordenó a mediados de mes que resolver en 30 días el expediente administrativo que se inició para esa adquisición.

Así lo expresaron los abogados de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en la causa judicial con una presentación que hicieron el viernes de la semana pasada. Fue un día después que la propia ANMAC apeló el fallo porque planteó que la demora en resolver el expediente se debía a “una limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales” por la pandemia del coronavirus.

“Esta Agencia Nacional de Materiales Controlados se notifica de la resolución judicial emitida en los autos EXPTE. N° CAF 57.806/2022 “GCBA c/ EN - AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS S/ AMPARO POR MORA”, y se informa que se están arbitrando los medios para dar cumplimiento a lo ordenado por su señoría”, dice la presentación a la que accedió Infobae y que ya forma parte de la causa judicial.

En paralelo avanza la apelación que la propia ANMAC presentó para que se revoque el fallo que le ordenó resolver el pedido en 30 días. El caso quedó a cargo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti.

Todo se da por el debate del uso de las pistolas de baja letalidad Taser que generó una polémica entre el gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta y el de Alberto Fernández. Pero el propio ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, adelantó que su cartera avanza en la compra de 100 de esas armas.

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“Las compré en octubre. Iniciamos una licitación, se presentaron diferentes oferentes y uno que en su momento se había presentado como vendedor del Estado en la época macrista nos tomó un pago que se había hecho en aquel momento y eso nos baja considerablemente el costo, ahora falta terminar el proceso”, explicó esta mañana Fernández.

Respecto de la compra por parte del gobierno de la ciudad, el ministro de Seguridad dijo que “seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo”. El trámite depende de la ANMAC, que es un organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria.

El gobierno de la ciudad presentó el 24 de febrero de 2021 ante la ANMAC un pedido para que se autorice el ingreso al país de 60 pistolas marca Taser modelo X2 para la policía porteña. Al tratarse de armas importadas, el trámite requiere de la autorización de la ANMAC. En un primer momento el organismo aceptó en agosto de 2021 el pedido pero luego volvió sobre sus pasos y revocó la autorización. La aprobación había sido dada por Ramiro Urristi, entonces titular del organismo, que luego se fue. En ese momento el gobierno porteño señaló que fue echado por una pelea ideológica ya un sector del kirchnerismo rechaza a las Taser por considerar que su utilización viola los derechos humanos.

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El planteo quedó sin resolverse y el gobierno presentó en la justicia un amparo por mora. El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa le dio la razón y en fallo de mediados de febrero le ordenó a la ANMAC que en 30 días resuelva el expediente administrativo porque no había razones para la demora del caso.

La ANMAC apeló esa decisión. Los abogados explicaron que por la pandemia del coronavirus tiene restringida su actividad y por ende el atraso en la resolución de los expedientes. “Esta representación estatal debe hacer nuevamente mención a la situación de pandemia epidemiológica de azota al mundo entero y, en el caso particular, también nuestro país, lo que es de público conocimiento. En nuestro país, ha sido decretada la emergencia pública en materia sanitaria, la que fuera declarada por la Ley N° 27.541″, sostiene la presentación que agrega que el Poder Ejecutivo “ha dispuesto actualmente una limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales, en todo el ámbito de las oficinas nacionales y también, específicamente en el caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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