La Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de definir si el diputado por la alianza Avanza Libertad José Luis Espert puede ser querellante en una denuncia que impulsó por el delito de “asonada” que realizó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que la ex jefa de Estado, como titular del Senado de la Nación, designara al senador Martín Doñate como consejero de la Magistratura en un acto que calificó como de “mala fe”. La encargada de resolver la cuestión será la Sala IV del máximo tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.
La denuncia del diputado nacional por Avanza Libertad había sido presentada en los tribunales de Comodoro Py en noviembre del año pasado e incluía también a los senadores del Congreso que votaron la designación de Martín Doñate como consejero, en contra de la sentencia dictada por la Corte Suprema unos días antes donde estableció que la estrategia oficialista de partir el bloque de la cámara alta en dos bancadas -Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana- para lograr la inserción de un representante más frente al Consejo como segunda minoría constituyó un “ardid para violar la ley”.
“Siendo segunda minoría, el bloque del PRO había anunciado que el senador Luis Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura, en representación de la segunda minoría, conforme la ley vigente, sin embargo esto no fue escuchado y Cristina Fernández de Kirchner designó a Claudio Martin Doñate del bloque “Unidad Ciudadana”, como miembro titular del Consejo de la Magistratura por la segunda minoría a través del acto administrativo DPP N° 33/22″, relató el diputado liberal en su denuncia del 17 de noviembre del año pasado.
“(...) Pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia y sin perjuicio del criterio interpretativo sentado -por ella- (...) en la materia, decidió designar nuevamente al Senador Claudio Martín Doñate, como representante por la segunda minoría del Senado. Esto se hizo mediante el acto administrativo DPP-86/22, que lleva la firma de la Señora Presidente Provisional del Senado de la Nación”, señaló.
“Bajo estos parámetros es que tenemos que evaluar las maniobras denunciadas que comienzan con el acto administrativo DPP N° 33/22 firmando por Cristina Fernández de Kirchner y concluyen con la sesión del día de la fecha, por las cuales el partido gobernante se alza con un escaño en el Consejo de la Magistratura que claramente no le corresponde y que eventualmente le puede conceder la facultad de nombrar y remover jueces constituyendo esto una facultad extraordinaria conseguida con artimañas y ardides y en franca violación al principio de buena fe que debe regir todo el sistema legal destinados a violentar el sistema representativo y por consiguiente constituye un ataque directo al sistema democrático y a la soberanía del pueblo, amen de haber impedido durante casi un año que el bloque del PRO tenga su legitima representación en el Consejo de la Magistratura”, añadió.
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Su denuncia recayó en el juzgado federal 11 en cabeza del juez Julián Ercolini, quien al tratar el caso rechazó el pedido de Espert para participar del proceso penal como “querellante”. Luego la Cámara Federal porteña confirmó la decisión de primera instancia y, tras la apelación del diputado, concedió en un fallo de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah el recurso que habilitó el estudio del caso ante Casación.
Luego del sorteo, la causa -bajo la caratula “Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ asonada”- cayó en la Sala IV del máximo tribunal federal en materia penal, quien será la encargada de analizar si corresponde admitir o rechazar al jefe de Avanza Libertad como querellante en el expediente que acusa de sedición a la vicepresidenta por desconocer con “ardid y mala fe” una decisión de uno de los tres poderes del Estado, en este caso proveniente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El mismo pedido incluía, a su vez, su incorporación al proceso como “amicus curiae”.
Por otro lado, dentro del delito de sedición -al cual se le asigna una pena en expectativa de uno a cuatro años de prisión a “los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales (...) o de las resoluciones de los funcionarios públicos”- incorporó a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala y a los senadores Andrada, Basusuan, Catalfamo, Closs, Fernández Sagasti, García Larraburu, Giménez, María Teresa González, Ricardo Guerra, Carlos Linares, Cristina López Valdeverde, Mendoza, Montenegro, Neder, Sapag, Snopek, Solari Quintana, Corpacci, Di Tulio, Doñate, Dure, Espínola, Ianni, Kueider, Leavy, Lewandoski, Parrilli, Pilatti Vergara, Recalde, Rodas, Rodríguez Saa, Rodriguez, Uñac, Vega, Weretilnek y Yedlin.
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