Para el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, la violencia narco en Santa Fe escaló a un punto que ya se plantea un escenario que nunca se vivió. “Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos”, dijo en diálogo con Infobae. “Amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia”, agregó.
La Asociación, a través de un comunicado, repudió las amenazas que el jueves pasado a la noche sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella y el senador provincial Lisandro Enrico. “Va a haber balas para todos”, decía la amenaza que le llegó a Enrico con la foto de un arma.
“Dichas acciones, no solo constituyen delitos graves, sino que además conforman un ataque inadmisible a la autonomía e independencia del Ministerio Publico y a la ´seguridad jurídica´ que debe regir en un Estado de Derecho, máxime que esta pretensión de amedrentamientos a los fiscales y a los jueces, como a sus dependencias, se convirtió en una habitualidad en la zona”, sostuvo la entidad que pidió que se avance en las investigaciones para dar con los responsables -se sospecha de dos jefes narcos de la zona que están presos- y “evitar que estos ataques queden impunes”.
La Asociación de Magistrados y las agrupaciones de jueces también se expresaron para repudiar el hecho y le pidieron al gobierno nacional de Alberto Fernández y al de Santa Fe de Omar Perotti que garanticen la seguridad de los jueces y los fiscales de la provincia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, se comunicó ayer con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que se comprometió a reforzar la seguridad de todos los jueces y fiscales federales de la provincia que son los encargados de investigar el crimen organizado.
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No es la primera vez que ocurre. En Rosario fueron baleados el edificio judicial de la ciudad, la sede de la justicia federal, casas de jueces y fiscales. Además de amenazas reiteradas.
“Amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia. Ellos entienden que amedrentar no tiene consecuencias jurídicas. Termina siendo como gajes del oficio. No es normal que nadie viva amenazado. El mismo fenómeno se ve en otros países pero en Argentina se va naturalizando. Todos los días surjen amenazas, se hacen repudios pero en el orden de la programación del abordaje no se cambia. Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos. En 2022, cinco fiscales fueron asesinados en América Latina”, señaló Toranzos.
Para el presidente de la Asociación de Fiscales falla que no hay un abordaje integral del narcotráfico. “Hay una cierta incapacidad de comprender el fenómeno. No se puede tomar este delito de manera aislada, sino que es una acción delictiva que promueve otros”, planteó. “La boca de venta de drogas en un barrio crea una sensación de violencia en el lugar, de amenazas, hay competencia con otros vendedores. Eso produce un ambiente de irritación comunitaria. Muchas veces se entendió que era un tema de jurisdicciones. Si tenia que investigar la justicia federal o la local. Pero no es una problemática de una jurisdicción. Ahí falta un abordaje integral”, analizó.
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Otro aspecto que resaltó Toranzos es que “sumar manos de manera no organizada o no planificada no necesariamente es un buen abordaje”. “El narco gasta mucho en su impunidad, tiene un poder corruptivo muy grande. Eso se tiene que contrarrestar con instituciones fuertes. Pelear contra el narcotráfico sin tener en cuenta el delito de corrupción es en vano”, planteó y también señaló que la Argentina hace mucho tiempo dejó ser un país se tránsito de la droga: “El narcotráfico tiene por cultura y forma de ejecución ir dejando parte de su droga en las jurisdicciones por las que pasa para pagar el transporte. Y donde se deja mucha droga es en ciudades con puertos, grandes urbes, y así ya son lugares de destino y no de tránsito”.
Todos hoy miran a Rosario pero el fiscal plantea de ampliar la mirada. “Existen distintos focos en distintos lugares del país que están en ebullición y que pueden transformarse en lo que ocurre en Rosario. El esfuerzo de fiscales y jueces si no son acompañados y protegidos con un abordaje integral muy poco van a poder hacer. Lo que exigimos es una política pública que haga un diagnóstico por región, que sea parte de un plan programado a nivel nacional en el que se refuerce el control de la frontera, el trabajo de los funcionarios públicos”.
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