La investigación por el atentado contra Cristina Kirchner seguirá teniendo tres presos a la espera del juicio oral: la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este viernes el nuevo pedido de arresto domiciliario que había planteado Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los copitos, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Tanto la jueza como la Cámara Federal ya habían rechazado un primer pedido de arresto domiciliario para que Carrizo permaneciera en su casa con pulsera electrónica. Pero el defensor, Gastón Marano, renovó la solicitud para que se le concediera ese beneficio. Entre sus argumentos estuvo que la causa se demora en ir a juicio oral.
A la hora de evaluar la petición, la jueza señaló que “los reparos procesales que la defensa pueda guardar respecto a la celeridad con la que la investigación avanza actualmente a la siguiente etapa plenaria, pueden ser canalizados a través de los planteos que la parte estime correspondientes, y además deben ser contextualizados en el tramo actual en el que se enmarca el proceso”. Y subrayó que la prisión preventiva de Carrizo “no luce desproporcionado en relación a la gravedad del hecho que se le enrostra, la complejidad de la investigación y los preceptos legales que regulan el instituto” del arresto domiciliario, indicó el fallo al que accedió Infobae.
Los atacantes de CFK, Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, permanecen en la cárcel de Ezeiza. Sus procesamientos fueron confirmados hace casi cuatro meses, apenas quince días después de que le pusieran un arma en la cabeza a la Vicepresidenta. Ninguno de los dos apeló la resolución. Esperan ir a juicio. Carrizo, en tanto, tuvo otra postura. Considerado un partícipe secundario del atentado, el jefe de los copitos negó las acusaciones, pero la jueza lo procesó. La Cámara ratificó ese criterio. Cristina Kirchner, en tanto, reclama que se agrave su acusación.
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La ex mandataria quiere a todos acusados de asociación ilícita, en base a nuevos mensajes que se detectaron en el teléfono de Carrizo. El 31 de enero, Carrizo estuvo en los tribunales de Comodoro Py. Fue cuando declaró por más de seis horas y volvió a negar haber estado detrás del atentado: insistió en que los mensajes que aparecían en su teléfono eran solo humor.
Fue en ese contexto que lanzó su teoría: aseguró que Fernando Sabag Montiel quiso atentar contra la Vicepresidenta, sin matarla, porque lo que estaba buscando era mejorar su imagen frente a Brenda Uliarte, que lo humillaba sexualmente. Ese mismo día, la jueza dispuso hacerle otra entrevista a Carrizo ante el nuevo planteo de domiciliaria de la defensa a cargo de la Oficina de Delegados Judiciales de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Carrizo explicó que, antes de ser arrestado, había comenzado una relación hace un año con una joven, que se quedaba a veces a dormir en su casa y que ya estaban en proceso de convivencia. La mujer en cuestión, por su parte, confirmó que estaba dispuesta a asumir el rol de garante y comprometerse “a brindarle contención afectiva y asistirlo material y económicamente frente a sus necesidades más elementales”. Desde que fue arrestado, en la tarde del 13 de septiembre cuando fue a recuperar su teléfono que había entregado como testigo y lo detuvieron por los mensajes que le encontraron, la joven lo visita en el penal una vez por semana y hablan por teléfono.
El fiscal Carlos Rívolo rechazó el pedido. Señaló que no habían cambiado el escenario desde que la vez pasada le dijeron que no a la domiciliaria y citó el fallo de la Cámara Federal que justifico su detención. “El tenor de las comunicaciones halladas en el teléfono celular que le fuera incautado, sumado a la gravedad institucional de los hechos pesquisados y a la expectativa de pena para los delitos que se le achacan, resultan indicadores de entidad suficiente para mantener el encierro cautelar del encartado, ya que conforman un cuadro objetivo suficiente para afirmar que existen riesgos procesales de fuga”, entendió el dictamen.
La querella de CFK también se opuso a que saliera de prisión. “No existe ningún argumento jurídico para que proceda la detención domiciliaria” y “las condiciones concretas en las que se llevaría a cabo la medida tampoco serían plausibles”, dijeron.
Según se planteó, “no hay una sola razón para que Carrizo acceda a un beneficio legalmente restringido, que no le corresponde”. Los abogados de Cristina Kirchner pusieron en duda su vida sentimental: “Todo indica que es una relación inventada en un nuevo intento de eludir su responsabilidad penal y sus obligaciones legales.”
La Ley 24660 señala que el juez, siguiendo su criterio, podrá imponer la detención domiciliaria en los supuestos específicamente enumerados. La jueza subrayó la palabra “podrá”, remarcando su potestad de resolver. Y allí resaltó: “No se verifica ninguno de los supuestos mencionados en los artículos citados para que proceda el beneficio de la prisión domiciliaria. Ello sin contar, además, que no se ha incorporado en esta incidencia elemento probatorio o desarrollado circunstancia procesal alguna que modifique el escenario que motivó la denegatoria del primer planteo efectuado en este mismo incidente”.
“Las condiciones personales de Carrizo ni siquiera encuadran en alguna de esas previsiones y tampoco surgen de los informes producidos, elementos particulares o extraordinarios que aconsejen o conduzcan a apartarse de los presupuestos de la ley. Superada esta cuestión fundamental para evaluar el instituto bajo examen, considero que subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado. De este modo, un nuevo abordaje de la posibilidad de dar arresto domiciliario al encartado, esta vez desde el juego armónico de los arts. 210, 221 y 222 del CPPF, se torna inoficiosa”.
Se descuenta que la defensa apelará el fallo ante la Cámara Federal, que deberá revisar si el jefe de los copitos puede esperar en arresto domiciliario su suerte.
En un fallo dividido, la Cámara Federal avaló ahora avanzar sobre el análisis de los teléfonos de dos colaboradoras de del diputado del PRO Gerardo Milman: se peritarán comunicaciones desde el 1° de julio hasta el 1° de diciembre, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Es lo que reclamaba CFK. El foco está puesto en determinar si existen mensajes que acrediten que el legislador opositor tenía información vinculada al atentado a la ex jefa de Estado, que ocurrió el 1° de septiembre. Las asesoras del ex funcionario macrista negaron la afirmación de un asesor legislativo del Frente de Todos, Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado a Milman en el bar Casablanca, dos días antes del ataque, decir: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”.
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