A 9 años del misterioso incendio de Iron Mountain donde murieron 10 bomberos y rescatistas, el caso marcha a juicio oral

“Papá, salvé una vida”, le dijo Juan Matías Monticelli a su padre orgulloso y conmovido luego de uno de sus primeros días de trabajo como bombero. Tres años después, Monticelli, de 26 años, murió aplastado por una pared que se derrumbó en medio del incendio al que había ido a combatir junto a otros siete bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. Hoy se cumplen nueve años del misterioso incendio que se desató en el depósito de archivos de Iron Mountain, del barrio porteño de Barracas y se llevó diez vidas. La Justicia todavía no tiene claro por qué se desató el fuego.

Pero lo que sí quedó establecido es que hubo falencias en el control del deposito. Ni siquiera había fuerza de agua para poder combatir las llamas. Recién a fin de año, luego de idas y vueltas, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de 17 empresarios, y funcionarios porteños, junto al vigilador del predio que ignoró sistemáticamente la alarma que alertaba el fuego y el caso marcha hacia juicio oral.

Siempre se sospechó de un incendio intencional, pero la hipótesis nunca logró corroborarse. “Los peritajes señalan como causa inmediata del derrumbe de la pared hacia el exterior, al colapso de la estructura metálica del depósito -cabriadas y columnas-, como consecuencia del fuego. Ahora bien, aún cuando no lograron los expertos determinar fehacientemente si el inicio del fuego obedeció a un caso fortuito o a una actuación personal, intencional o negligente, (...) la prueba reunida condujo a formular reproches por la contribución culposa a los riesgos generados por el incendio y su fatal desenlace”, dijo el juez Ignacio Rodríguez Varela, en la última resolución a la que accedió Infobae. Esas supuestas responsabilidades radican en la propagación del fuego y la caída de la pared sobre las víctimas.

Lo que queda claro es que el incendio fue gradual: “No tuvo la entidad para conducir necesariamente a la caída de la pared que aplastó a las víctimas”, se advirtió. En el intento de defenderse, algunos acusados plantearon “una torpe intervención del cuerpo de bomberos”, algo que fue rechazado en la investigación.

Aunque algunas de las defensas intentarán llegar con apelaciones a la Cámara Nacional de Casación Penal, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio. Así lo dispuso la jueza Fabiana Palmaghini.

“Finalmente, los familiares van a poder ir a un juicio en busca de una condena que sea reparadora del dolor”, dijo a Infobae el abogado Javier Moral, que representa a la mayoría de las víctimas. Luego será el turno de opinar de la fiscalía y después de las defensas. Con suerte, podría haber una fecha posible de juicio en este 2023.

Todo ocurrió el 5 de febrero de 2014, cuando cerca de las 8 de la mañana sonó la alarma de incendio de dos sectores del depósito de la calle Azara 1245. Allí se guardaba importante documentación de grandes empresas. Dos empleados que estaban en el lugar (Oscar Godoy, de seguridad, y Noemí Moya, de limpieza) fueron a fijarse qué pasaba y avisaron al supervisor de la planta, Javier Márquez Flores. Los tres comenzaron a intentar apagar las llamas con un matafuegos, pero la magnitud de lo que ocurría los llevó a llamar al 911. Hasta allí llegaron bomberos, policías, miembros de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil.

Un grupo de bomberos ingresó al predio por la entrada de la calle Azara, mientras que otro grupo trabajaba sobre el acceso de la calle Melchor Gaspar de Jovellanos. A las 9 de la mañana, la pared de la calle Jovellanos se desplomó encima de los bomberos.

Perdieron la vida el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, el cabo Maximiliano Martínez, y el agente bombero Juan Matías Monticelli. También los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos (del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha), y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de las graves heridas murió días después el bombero Franco Ambrosi.

La primera fiscal del caso Marcela Sánchez recibió los testimonios de empleados y sobrevivientes que aseguraron que la pared que se desplomó no presentaba grietas o fisuras que permitieran evidenciar que la pared iba a derrumbarse. En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional. Más tarde, un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contradijo esa hipótesis.

En febrero de 2017, la nueva fiscal Romina Monteleone pidió 32 indagatorias. Allí incluyó a responsables de Iron Mountain por las instalaciones fijas contra incendio y la seguridad del edificio, junto a gerentes por obrar de manera imprudente. Pero también a otros responsables de la firma porque se habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina para conseguir la habilitación del depósito, a pesar de sus defectuosas condiciones de seguridad contra incendios. La lista de imputados incluyó desde el empleado de Seguridad Godoy hasta los responsables de la empresa que debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito. A los imputados se sumaron los responsables del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales de Bomberos, como también a funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad; del área de Fiscalización y Control (DGGyC) o de la Dirección de Administración y Gestión Operativa.

A criterio de la Fiscalía, “la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes, contribuyendo con su obrar no sólo a la producción de pérdidas materiales, sino, y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un servicio público de protección”.

En marzo de de 2018, el juez Pablo Ormaechea procesó a 12 ex funcionarios del gobierno porteño y cinco integrantes de la empresa Iron Mountain por el delito de “incendio culposo seguido de muerte”. También hubo sobreseimientos. Pero vía apelación el caso llegó a la Cámara del Crimen. Los jueces Magdalena Laíño y Marcelo Lucini entendieron que todo debía anularse, mientras que su colega Ricardo Matías Pinto votó en soledad por confirmar la decisión de primera instancia.

Fue así que el caso volvió a Pablo Ormaechea volvió a analizar las pruebas: dictó 17 procesamientos y sobreseyó a tres personas. El expediente volvió a la Cámara del Crimen que a fin del año pasado, en un fallo dividido, confirmó los 17 procesamientos y revocó los tres sobreseimientos: a uno de los implicados también lo procesó y mientras que a los otros dos les dejó falta de mérito.

En el fallo al que accedió Infobae, la camarista Laiño fue durísima con el juez y la fiscal. “A casi dos años de la decisión de esta Cámara, (el juez) se limitó a esperar el resultado de la junta pericial, sin profundizar otras líneas investigativas que le fueron específicamente indicadas por el tribunal. Tampoco se releva actividad alguna por parte de la acusadora pública. Todo constituye un verdadero despropósito que deja al descubierto, una vez más, una actividad desidiosa incompatible con la correcta administración de justicia que debe guiar a todo proceso penal. Insólitamente decidió no ampliar las indagatorias de cada uno de los procesados, amparándose en que éstas no habían sido declaradas nulas por el superior, argumento que –con sorpresa- recogió la Sra. Fiscal en la audiencia al ejercer su derecho a réplica”. La jueza no convalidó los procesamientos.

Sin embargo, el voto de su colega Ignacio Rodríguez Varela -que acompañó su par Ricardo Matías Pinto- desplegó una serie de detalles sobre la responsabilidad que le cabe, en esta instancia, a cada uno de los investigados. “El estudio de la secuencia de acontecimientos del sistema reveló que prácticamente la totalidad de las alarmas fueron silenciadas una tras otra, o bien desactivadas merced al reseteo de los equipos, hasta que a partir de las 8:21 las fallas detectadas se debieron ya a la pérdida de comunicación con los dispositivos y a las 8:43 el sistema no respondió más”.

Según los peritajes, el estudio de las filmaciones del circuito cerrado y los testigos, recién se corroboró el fuego 17 minutos después de la activación de las alarmas que así lo indicaban. A esa altura, los vecinos ya estaban llamado a la policía avisando que veían el humor. Todo provocó, como lo destacaron los peritos, una demora considerable en el inicio de la labor de los bomberos quienes recién pudieron llegar al lugar a las 8:19.

Godoy, quien cumplía labores de vigilancia en general en el sitio mismo del incendio, por contrato entre Iron Mountain S.A y la empresa Segur Plus S.R.L, intentó justificar lo que pasó. Sus defensores explicaron que no estaba capacitado para esas tareas. Dijeron que era un simple vigilador. Sin embargo: ignoró 27 alarmas y fue a paso lento a ver lo qué pasaba. “No se requerían conocimientos especiales para advertir las consecuencias que podía tener la desatención reiterada y extendida de las alarmas de incendio en un depósito de papel, según el curso natural y ordinario de las cosas y en miras al más pronto y eficiente empleo de los recursos para responder al siniestro, incluso para prever los riesgos mediatos de vida y de graves lesiones que ello podía suponer para su prójimo”, advirtió Rodriguez Varela.

Luego el juez repasó las otras responsabilidad de los integrantes de la firma: Guillermo Lockhart, Héctor Eduardo García y Alfredo Sueyras Parra señalados respectivamente como Gerente General y Jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina S.A y Gerente de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Sudamérica. Y de Christian Castiñeira, director técnico de la firma Climate Control & Security, antes denominada Kidde, que tuvo asignado el rol de mantenedora o controladora de las cuestiones de seguridad del predio de Iron Mountin S.A hasta junio de 2013.

Entre las contribuciones atribuidas a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se confirmaron los procesamientos de cuatro funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGYC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin consignar anomalía alguna. Igual temperamento se adoptó respecto del Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, del Director de Industrias y Otros Locales, de la Directora General de Fiscalización y Control, de la Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa.

Una de las procesadas es Vanesa Ileana Berkowski, la ex directora de Fiscalización y Control del gobierno de la ciudad que recientemente fue absuelta en el juicio oral por el derrumbe del boliche Beara por el derrumbe del entrepiso del lugar ocurrido en septiembre de 2010 que mató a Ariana Lizarriaga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, e hirió a más de 50 personas.

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