A un mes del juicio oral por la valija de Antonini Wilson, Ricardo Echegaray pidió su sobreseimiento

Si no hay sorpresas, el 8 de marzo comenzará el juicio oral por el caso de la valija de Antonini Wilson, un escándalo que conmocionó al país en plena campaña presidencial de 2007. Se espera casi un año de debate, con más de 100 testigos. En principio, el juicio será con un sistema mixto o semi presencial, para que algunos testigos puedan estar presentes en la sala de audiencias.

Entre los acusados se destacan el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien acaba de reclamar su sobreseimiento. A través de su abogada, Echegaray le pidió al Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 que declare la extinción de la acción penal por la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prevista en la Constitución y en tratados internacionales.

El ex titular de la AFIP fue indagado y procesado por el juez Pablo Yaradola en septiembre de 2018, once años después del comienzo de la causa. Ese es el argumento principal de su defensa para reclamar la “violación del plazo razonable”.

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“Desde el 7 de agosto de 2007 al 6 de abril de 2016 sólo había sido oído en indagatoria Claudio Uberti. Durante todos aquellos años, a fines de avanzar con el presente, el Juez a cargo, le asignó una importancia excesiva a las respuestas de las rogatorias internacionales, las que por cierto no tuvieron nunca una contestación acorde a la pretensión instada y la sustanciación del proceso estuvo signada por considerables tiempos muertos”, destacó la nueva abogada de Echegaray, Yanina Nicoletti, a través de un escrito al que tuvo acceso Infobae. Y agregó que durante el desarrollo de la causa fueron convocados varios funcionarios de la Aduana, menos su defendido.

La defensa de Echegaray también argumenta que estuvo mencionado en la investigación desde el comienzo, en 2007. Y recién fue procesado en 2018. En ese momento, el juez Yadarola sostuvo que junto a la entonces titular de la Aduana, Siomara Ayerán, “habrían actuado, “detrás” de los restantes imputados, brindando las directivas a las personas que dependían jerárquicamente de ellos, con la finalidad de facilitar el ingreso del dinero en cuestión“.

Finalmente, el ex titular de la AFIP fue enviado a juicio oral junto a otros funcionarios aduaneros por el delito de encubrimiento de contrabando agravado.

El pedido de Echegaray ingresó a Tribunales antes de la feria pero recién este lunes se formó un incidente para que resuelvan los jueces del TOPE 1, que estará integrado con Luis Losada (presidente), Diego Gracía Berro e Ignacio Fornari. Antes, deberá dictaminar el fiscal del juicio, Marcelo Agüero Vera.

Todo ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con USD 790.550 a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery. La valija formaba parte de los equipajes que llegaron en un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA).

María de Luján Telpuk, por entonces agente de la PSA, fue la que descubrió el dinero y desató el escándalo.

Entre los ocho pasajeros estaban Uberti, Victoria Carolina Bereziuk, Exequiel Omar Espinosa (presidente en ese entonces de ENARSA, quien contrató el vuelo), y Guido Alejandro Antonini Wilson, quien participó de un acto en la Casa Rosada y luego viajó a Miami.

El gobierno de Néstor Kirchner intentó a través de varios emisarios que el venezolano fuera a retirar el dinero y pagara la multa. Pero no lo convencieron.

Desde entonces, la justicia argentina reclamó, sin éxito, su extradición ante las autoridades de Estados Unidos.

“Va a ser un juicio raro. La persona que reconoció ser dueño de la valija, que se quedó hasta las 5 de la mañana y firmó el acta no va a estar presente”, se quejó uno de los imputados.

La investigación duró trece años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que Uberti tuvo falta de mérito durante diez años. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Yadarola procesó a De Vido y Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción. También fueron procesados Victoria Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa, y cuatro ex funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra.

Sobre el ex ministro de Planificación, el juez sostuvo que “aprovechándose ilegítimamente de un aparato organizado de poder estatal y su estructura funcional, habría estado a cargo de la organización de la maniobra de obtención del dinero en trato, para lo cual habría autorizado a Uberti a viajar a la República Bolivariana de Venezuela en esa oportunidad”.

Siempre se sospechó que el dinero que llevaba Uberti había sido enviado por el entonces presidente Hugo Chávez para el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner. “La clara afectación que implicó para la población nacional la desviación de recursos económicos del Estado para el aprovechamiento y concreción de maniobras delictivas que tuvieron como fin la obtención de importantes sumas de dinero espurias y que, posiblemente, luego fueron utilizadas para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos, no ha escapado a la atención de este magistrado”, dijo el juez en el procesamiento.

Durante la campaña presidencial de 2019, Alberto Fernández aseguró que esa versión nunca pudo ser confirmada en la justicia argentina. Es más, afirmó que el dinero iba con destino a Uruguay, lo que generó un reclamo de diputados de la oposición del país vecino.

Semanas después de ese episodio, con la confirmación de los procesamientos, el fiscal Pablo Turano pidió la elevación a juicio oral.

El expediente ya había pasado por al menos tres jueces de primera instancia, por la Cámara en lo Penal Económico, la Cámara de Casación, y hasta la Corte Suprema, que ordenó avanzar en la investigación por el delito de contrabando.

El dinero que transportaba Antonini Wilson estuvo guardado durante diez años en una caja fuerte, hasta que el gobierno de Mauricio Macri ordenó en 2017 que se destine a construir dos Espacios de Primera Infancia (EPI) en las localidades de Tafí Viejo (Tucumán) y de Oberá (Misiones).

Pasaron otros seis años para que haya juicio oral.

A fines de noviembre, el TOPE 1 realizó una audiencia informativa con todas las partes y confirmó el comienzo del juicio para el 8 de marzo. Aunque todavía no se dio a conocer el cronograma de audiencias, se espera casi un un año de debate oral.

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