El próximo miércoles vuelve la actividad judicial tras la feria de enero y se espera que en el corto plazo haya resoluciones que toda la política mirará de cerca. Son cinco causas que involucran al oficialismo y la oposición y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esas decisiones se darán en un contexto de alto voltaje marcado por el pedido de juicio político del gobierno nacional a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que comenzó a tramitarse la semana pasada en la Cámara de Diputados, sin chances de que prospere pero que será un escenario de disputa y tensiones. Y con el telón de fondo de las elecciones presidenciales en las que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio deben definir a sus candidatos.
Un escenario en el que el Poder Judicial, y en particular la Corte Suprema, no podrán estar exentos.
Esas cinco causas tienen como actores centrales al máximo tribunal y a los tribunales de Comodoro Py. “En febrero”, era la respuesta que a fin de año daban ante Infobae quienes tienen que resolver los expedientes. La expectativa es si el nuevo escenario político demora o no las decisiones.
Todas las miradas estarán puestas en la Corte. El máximo tribunal tiene que resolver dos causas en las que se enfrentan el oficialismo y la oposición. Una es por la coparticipación entre el gobierno nacional de Alberto Fernández y el de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre la Corte dictó una medida cautelar a favor de la administración porteña. El Poder Ejecutivo recusó a los jueces del máximo tribunal y planteó una revocatoria, además de anunciar que no iba a cumplir el fallo. Luego dijo que sí mediante bonos. El gobierno porteño denunció que la decisión no se cumplió y le pidió al tribunal que tome medidas para hacerla efectiva.
La Corte dejó la decisión para febrero. El fallo fue el puntapié inicial para el pedido del juicio político al que se sumaron gobernadores del oficialismo. La oposición ya anunció que está en contra y así el oficialismo no tiene los votos para avanzar. Pero la comisión de Juicio Político de Diputados será el terrero de un enfrentamiento político entre los dos sectores, como ocurre con la causa de la coparticipación.
La segunda decisión que se espera de la Corte es por una de las bancas en el Consejo de la Magistratura de la Nación que el corresponde al Senado. El oficialismo propuso para el cargo a Martín Doñate y la oposición a Luis Juez. La decisión de la Corte no puede demorarse: sin esa resolución el Consejo no puede comenzar a funcionar. Debería haberlo hecho el 18 de noviembre pasado pero los conflictos judiciales por la integración del Consejo lo frenaron. Cualquier decisión que tome el máximo tribunal volverá a encender las llamas de las críticas.
Durante la feria judicial varios consejeros -son 20 y hoy hay designados 16 ya que faltan los cuatro representantes del Senado- trabajaron en sus despachos. La expectativa para este año no es buena: creen que más allá que el Consejo se integra el trabajo será complicado por la disputa política y el enfrentamiento del gobierno con la Corte. Horacio Rosatti es el presidente del Consejo. Además, en un año electoral la política estará en campaña permanente.
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En ese contexto el oficialismo sigue jugando la carta de los chats ilegales que se filtraron entre Silvio Robles, vocero del presidente del máximo tribunal Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, para denunciar la convivencia entre el máximo tribunal y la oposición en un año electoral. Durante la feria, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia contra Robles por imposibilidad de proceder: no se puede usar prueba obtenida de manera ilegal. Pero la semana pasada el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof -uno de los impulsores del juicio político, presentó una nueva denuncia sobre la base de la misma prueba.
El fallo por la coparticipación, el Consejo de la Magistratura y los chats ilegales son la base central del pedido de juicio político del gobierno a Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados del máximo tribunal tiene para resolver una decisión clave sobre Cristina Kirchner: la causa de dólar futuro, en la que también está involucrado Kicillof. El caso fue enviado a juicio oral y la Cámara Federal de Casación Penal los sobreseyó. La Fiscalía apeló y el procurador ante la Corte Eduardo Casal dictaminó que se debe hacer el juicio oral. Esa causa no está en la agenda inmediata del máximo tribunal.
Los otros expedientes sobre los que se esperan decisiones inmediatas se juegan en los tribunales de Comodoro Py e involucran directamente a Cristina Kirchner. La Sala I de la Cámara de Casación tiene para resolver si confirma el sobreseimiento de la vicepresidenta en las causas “Los Sauces-Hotesur” y por el Memorándum de entendimiento con Irán o si lo revoca y ordena que se hagan los juicios orales.
La Fiscalía en ambas causas y la querella de familiares de víctimas del atentado a la AMIA en el expediente por el memorándum pidieron que las causas se reabran y se hagan los procesos y las defensas que se confirmen los sobreseimientos. Esas posturas las plasmaron en audiencias que se hicieron en noviembre pasado.
Los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa ya están en condiciones para resolver. Había expectativa que lo hagan antes de fin de año pero las decisiones quedaron para 2023. En “Hotesur-Los Sauces” también están involucrados Máximo y Florencia Kirchner, los hijos de la vicepresidenta.
Cualquier decisión que los magistrados tomen -confirmar los sobreseimientos u ordenar que se hagan los juicios- no será la definitiva porque puede ser apelada a la Corte Suprema. Pero tendrá impacto político.
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También Casación, pero en este caso los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, deben resolver si confirman la condena de 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, en la llamada “ruta del dinero k”. Colateralmente impacta sobre Cristina Kirchner. Cuando el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez y a otros imputados señaló que parte del dinero negro que el empresario blanqueó provenía de la obra pública para Santa Cruz que recibió durante el kirchnerismo. Si Casación confirma ese aspecto del fallo iría en línea con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la vicepresidenta recibió el mes pasado en el juicio por la obra pública.
El próximo nueve de marzo, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer los fundamentos de esa condena y a partir de la cuál las partes podrán apelar. Los jueces del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, trabajaron durante la feria en la elaboración de los argumentos.
Cualquiera de esas decisiones aumentará la temperatura de la política que puso a la justicia en el centro de la escena en un año electoral en el que todavía no están zanjadas las candidaturas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio donde se juegan otras disputas e internas.
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