La Asociación de Magistrados repudió la violencia en Brasil

La entidad que preside el juez Marcelo Gallo Tagle sostuvo que fue “un ataque a las instituciones constitucionales de ese país” y “un claro intento desestabilizador y golpista”

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Simpatizantes de Bolsonaro cerca del Congreso de Brasil (REUTERS)
Simpatizantes de Bolsonaro cerca del Congreso de Brasil (REUTERS)

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió hoy las manifestaciones violentas que ocurrieron este domingo en Brasil. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que “fue un claro intento desestabilizador y golpista”.

“Estas conductas antidemocráticas no solo constituyen un claro desconocimiento de la voluntad popular y las atribuciones de las autoridades recientemente asumidas, sino que también constituyen un ataque a las instituciones constitucionales de ese país”, se afirmó en el texto que lleva la firma del presidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle, y del secretario general, Marcelo Peluzzi.

Miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invadieron ayer, domingo, la sede del Congreso Nacional y, sucesivamente, hicieron lo mismo con los edificios del Tribunal Supremo y el palacio de Planalto, que alberga las oficinas del Ejecutivo. En los tres lugares rompieron los vidrios y causaron daños en el interior.

No fue solo eso. El ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, denunció el robo de armas de fuego de la sala del Gabinete de Seguridad Institucional del Palacio del Planalto durante el asalto protagonizado por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. “Cada uno de esos maletines tiene armas, armas letales y armas no letales que se han llevado”, denunció Pimenta en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que se puede ver esos maletines vacíos.

Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro, los simpatizantes del ahora ex presidente se han concentrado en las afueres de los cuarteles del Ejército.

Tras los incidentes, el Supremo Tribunal dio un plazo de 24 horas a las fuerzas de seguridad para que desalojen esos campamentos, lo que se produjo esta mañana. Al menos 1.200 personas fueron detenidas por la Policía Federal frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, según informó Globo.

Members of the military work at a camp left by supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro, outside the the Army Headquarters in Brasilia, Brazil, January 9, 2023. REUTERS/Ricardo Moraes
Members of the military work at a camp left by supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro, outside the the Army Headquarters in Brasilia, Brazil, January 9, 2023. REUTERS/Ricardo Moraes

La Asociación de Magistrados se solidarizó con el pueblo brasilero y pidió que los responsables sean sancionados. “Nos solidarizamos con las y los ciudadanos de la República Federativa de Brasil, haciendo votos para que rápidamente se recupere la paz en el país vecino y que los episodios ocurridos en la fecha (por ayer) sean debidamente sancionados, evitando que puedan reiterarse en cualquier país de la región”, cerró el comunicado.

Anoche, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recorrió el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema saqueados después de que los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro invadieran los edificios.

El mandatario estaba visitando la ciudad de Araraquara, afectada por las inundaciones, en el estado de Sao Paulo, en el sureste del país, cuando ocurrieron los ataques, pero voló de regreso a Brasilia para supervisar la respuesta a lo que llamó el ataque “fascista” de los manifestantes que pedían una intervención militar para derrocar a su gobierno.

Lula declaró que los “discursos” del ex presidente Bolsonaro habían “estimulado” a los “vándalos fascistas” a llegar a invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia.

Ante una enorme crisis política apenas en su primera semana en el poder, Lula denunció un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia de este país” y anunció castigos legales contra los “vándalos” responsables de los destrozos y “quiénes los financian”.

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