Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y Comodoro Py: los terrenos judiciales donde jugará la política en el 2023

Habían pasado apenas 10 horas del nuevo año cuando el presidente Alberto Fernández anunció el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El año empezó como había terminado el 2022: con altos niveles de tensión entre el oficialismo y el Poder Judicial. Y todo indica que ese enfrentamiento continuará en 2023, que tendrá la particularidad de ser un año electoral y que todo lo que ocurra estará atravesado por la política.

El juicio político a los miembros del máximo tribunal que se activará desde la próxima semana con el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, las declaraciones de dirigentes del oficialismo contra la Justicia y los anuncios de reformas en la estructura del Poder Judicial, son las cartas que está jugando el Gobierno, quien tal vez elija a la Justicia como uno de sus focos para hacer campaña.

Esa pelea tiene como disparador causas judiciales. La de la coparticipación, las penales que involucran a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, son algunas que estarán presentes durante el año. Una ley no escrita dice que en años electorales los jueces -no siempre todos- buscan evitar fallos de impacto político para que no sean leídos como intentos de beneficiar o perjudicar a algún candidato. Pero en 2023 algunas decisiones serán inevitables.

Y dentro de la Justicia eso se jugará en tres terreros: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y los tribunales de Comodoro Py.

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Corte Suprema

El máximo tribunal es hoy el principal objetivo del Gobierno. Alberto Fernández y una decena de gobernadores oficialistas firmaron el pedido de juicio político a sus cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los acusan de presunto mal desempeño de sus funciones por los fallos de la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de sus decisiones sobre el Consejo de la Magistratura. A eso suman la filtración de los supuestos chats entre Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro -ahora de licencia- de Justicia y Seguridad porteño.

El planteo de destitución naufragará. La oposición ya dijo que no dará su apoyo y así el oficialismo no tiene los votos para obtenerlo. Pero desde la semana que viene se reunirá la Comisión de Juicio Político de Diputados donde el oficialismo tiene mayoría para activar aunque sea medidas de prueba: citaciones a testigos, pedidos de informes y peritajes.

El 2022 fue un año de muchas críticas del Gobierno a la Corte. No solo por el fallo de la coparticipación y el Consejo sino también por la confirmación de la condena a la dirigente social de Jujuy Milagro Sala y por rechazar los pedidos de nulidad de Cristina Kirchner en el juicio oral por la obra pública en el que fue condenada.

Con el juicio político en escena, cuando en febrero retome la actividad judicial, la Corte Suprema tendrá que tomar dos decisiones que volverán a activar el escenario político. La primera es sobre la coparticipación. El gobierno nacional recusó a los cuatro jueces, pidió suspender el fallo y que revoque su propia decisión. Y el de la ciudad denunció que se está incumpliendo el pago, que los bonos que anunció el Poder Ejecutivo no es la forma y le pidió que tome medidas para que se efectivice la sentencia. En el medio de esos, varios gobernadores plantearon que el fallo los perjudica y que atenta contra el federalismo. La Corte dijo en el fallo que las provincias no tienen ningún perjuicio.

La segunda decisión clave que tiene que tomar el máximo tribunal es sobre otra disputa entre el oficialismo y la oposición: a quien le corresponde un lugar en el Consejo por el Senado. El kirchnerismo lo reclama para Martín Doñate y el PRO para Luis Juez. La Corte tiene un planteo de per saltum que presentó el senador opositor y que hasta antes del inicio de la feria judicial tenía previsto resolverlo en la primera quincena de febrero.

Consejo de la Magistratura

Es el órgano de la justicia más político. Está integrado por jueces, abogados, académicos, diputados y senadores nacionales -del oficialismo y la oposición-, un representante del Poder Ejecutivo y encabezado por el presidente de la Corte Suprema. Desde abril del año pasado cambió su fisonomía. Un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2021 declaró inconstitucional de 13 miembros y le dio al Congreso 120 días para sancionar una nueva ley. Como eso no ocurrió, la Corte reactivó su composición de 20 miembros con la Corte dentro del organismo.

Hubo una primera etapa de entendimiento en el que organismo logró concesos. Pero desde julio del año pasado no volvió a reunirse. Y la situación se agravó desde el 18 de noviembre. Ese día el Consejo debía tener una nueva integración. Pero se trabó por la disputa por la banca de Doñate y Juez. También se judicializó la representación de los diputados. De sus 20 miembros hoy hay 16 pero el Consejo no puede funcionar. Tiene que tener su integración completa para definir las presidencias de las comisiones, sus composiciones y quien será el o la vice de Rosatti.

La decisión sobre los representantes del Senado la tiene la Corte y cuando eso ocurra el Consejo se integrará. Pero nadie apuesta que su funcionamiento se normalice. Los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley juraron como consejeros a fin de año y lo hicieron “bajo reserva” en disconformidad con la decisión de la Corte de aceptarles juramento a pesar que los nombres de los representantes habían sido retirados por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, luego de un fallo que objetó la presencia en el Consejo de la radical Roxana Reyes.

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Tailhade fue luego el hombre del oficialismo más crítico de la filtración de los supuestos chats entre Robles y D’Alessandro. El diputado tendrá que convivir en el Consejo con Rosattti.

A ese escenario se suma que la grieta instalada entre oficialismo y oposición. En el Congreso hubo una ruptura el mes pasado por el Consejo y desde entonces Diputados no volvió a sesionar. Juntos por el Cambio ya anunció que no participará de las reuniones por el juicio político a la Corte Suprema. Y el ministro de Justicia, Marín Soria, dijo que es una posibilidad que el gobierno dicte un decreto de necesidad y urgencia para regular el Consejo ante la falta de voluntad de la oposición para debatir el tema.

Así, el tema central para la política en el Consejo parece difícil que se encamine en el 2023. Son las vacantes de jueces que hay en los tribunales de Comodoro Py, por donde pasan las causas de corrupción. Principalmente los lugares de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal, a donde fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri. El Consejo ya terminó los concursos públicos y el paso que resta es aprobarlos. El kirchnerismo apura esa etapa pero necesita lo votos de la oposición que no los da. Los consejeros reconocen off the record que el propio Macri bajó la orden de no aprobar nada.

El kirchnerismo juega la carta de que Rosatti sea la llave para destrabar la aprobación. Señalan que fue la propia Corte la que dijo en un fallo que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no son permanentes y que los lugares en la Cámara deben cubrirse como marca la Constitución Nacional. Pero el escenario cambió. Ahora el Gobierno apuntó de lleno contra el máximo tribunal y en un año electoral el Consejo lo vive a ese ritmo. También juegan las especulaciones del resultado electoral y si eso puede modificar a fin de año el Consejo.

No está en el radar de nadie pero la Corte tiene para resolver un expediente contra Cristina Kirchner. Es el de la causa de dólar futuro. Se trata de una de las causas en la que la vicepresidenta fue elevada a juicio oral y la Cámara Federal de Casación Penal la sobreseyó. La Fiscalía apeló y la causa está en el máximo tribunal que tiene que resolver si confirma el sobreseimiento o lo revoca y ordena que se haga el juicio. En ese caso también está involucrado Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y uno de los que firmó el juicio político a la Corte.

Comodoro Py

Cristina Kirchner mirará mucho los tribunales de Retiro. Desde allí tienen que salir resoluciones que impactarán en su futuro judicial. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. El tribunal debe decidir si confirma la absolución de la vicepresidenta y del resto de los acusados en cada expediente o si los revoca y orden que se hagan los juicios orales.

El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la condena que el Tribunal Oral Federal 2 le dictó el mes pasado a Cristina Kirchner por el caso de la obra pública. La condenó a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A fines de marzo, todas las partes quedarán habilitadas para apelar. La defensa de la vicepresidenta ya dijo que lo hará para pedir su absolución. Y lo propio hará el fiscal Diego Luciani para que sea condenada por asociación ilícita, el delito que el tribunal rechazó por mayoría. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu entendieron que no se cometió y Andrés Basso que sí. El 9 de marzo cada uno dará sus fundamentos.

Las apelaciones irán a la Sala IV de Casación. Ese tribunal debe resolver la condena a 12 años de prisión a Lázaro Báez, también condenado en la obra pública. La clave de la causa por lavado es que el tribunal oral dijo que uno de los hechos por los que el empresario obtuvo el dinero para blanquear fue la obra pública.

El 2023 también será un año en el que se esperan novedades en la causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner. El próximo martes volverá a ser indagado Nicolás Carrizo, uno de los acusados del caso. La expectativa está en que se defina si el fiscal Carlos Rivolo y la jueza María Eugenia Capuchetti disponen la elevación a juicio oral de Carrizo, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

La vicepresidenta vincula su ataque a Revolución Federal, un grupo violento que tiene a integrantes procesados por incitación a la violencia, y pidió que tres de sus integrantes vuelvan a prisión. El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el planteo e investiga su financiación. La querella de Cristina Kirchner plantea que el grupo Caputto, vinculado a Macri, le dio recursos.

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