Las investigaciones que se abrieron a raíz de los supuestos chats de la aplicación Telegram del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, ahora en uso de licencia, ya comenzaron a tramitarse en Comodoro Py 2002. Y el fiscal Carlos Rívolo decidió apartarse de intervenir en uno de esos expedientes. ¿Por qué? Porque en la página que difundió esas conversaciones, Rívolo aparece como un “contacto frecuente” de D’Alessandro.
En su dictamen al que accedió Infobae , el fiscal reportó las veces que dialogó con el funcionario, detalló las razones y subrayó que no recuerda si esas comunicaciones se hicieron a través de Telegram.
A Rívolo le tocó intervenir en una denuncia promovida por el propio D’Alessandro contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, a quien acusó de espionaje ilegal luego que se difundieran chats del funcionario porteño con empresarios y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El jueves pasado, D’Alessandro señaló que Tailhade anticipó en una entrevista radial que se iban a conocer nuevas filtraciones de su celular. “Dicha circunstancia llama poderosamente mi atención en cuanto a cómo esta persona tuvo a su alcance tales conversaciones antes que cualquier otra”, dijo al denunciar el caso en Comodoro Py 2002. En declaraciones periodísticas, el diputado del FDT se defendió y aclaró que solo se encargó de difundir los intercambios que ya estaban circulando en la red.
La causa recayó en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. Pero sucede que, a raíz de la feria judicial de enero, ambos están siendo reemplazados por los primeros días del mes por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, respectivamente. Con la intención de resguardar el material probatorio, la jueza resolvió habilitar la feria judicial y corrió vista a la fiscalía para que resolviera si impulsaba la denuncia.
Fue entonces cuando Rívolo informó que se excusaba por “violencia moral” de intervenir porque la denuncia estaba vinculada a “chats cuyo acceso se produjo a través de maniobras ilegales de espionaje y su posterior publicidad” y, según la pagina web en donde fueron publicados, se mencionan “ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos contactos aparece uno al cual se refiere como ‘Carlos Rivolo Fiscal’”
“Desconozco cómo las plataformas – What´s app, Telegram u alguna otra - adjudican la ‘frecuencia’ de los contactos, amen que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, advirtió el fiscal poniendo una alerta sobre el contenido. Según explicó, por su rol de ex presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación – durante los períodos 2016 -2019-2022 – y como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal “he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”.
“En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020. Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante – por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro - en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 “García Jonatan Manuel y otros s/daños " - que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo. – y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) “Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa” – que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, escribió.
Es decir: las veces que habló Rívolo como “contacto frecuente” con D’Alessandro fue para pedirle que le entregara lo antes posible el contenido de las cámaras de seguridad para dos investigaciones claves: el ataque a pedradas al Congreso de la Nación cuando se votaba el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados y el atentado contra la vida de la vicepresidenta, cuya investigación está hoy en sus manos tras la delegación decidida por la jueza Capuchetti en medio de las críticas públicas hechas por Cristina Kirchner.
“Ahora bien, sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats – bajo ningún formato de plataforma – que me haga sostener, aún por simple deducción que puedo ser catalogado de “contacto frecuente” como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”, dijo Rívolo.
No obstante ello, “ante lo incipiente de la presente investigación, estimo adecuado que encontrándome nombrado y bajo las características señaladas, para aventar todo tipo de dudas sobre la objetividad que puede esperarse de mi actuación como Magistrado Fiscal en el cumplimiento funcional”, es que temporalmente excusó a la fiscalía 3 de intervenir y solicitó sortear a otro funcionario durante los próximos 15 días a la espera de que Taiano se reintegre a sus funciones y retome el rumbo de la causa “como fiscal natural del caso”.
“Analizada la cuestión planteada, se advierte que asiste razón al Dr. Carlos Alberto Rívolo, toda vez que pudiéndose ver cuestionada su objetividad, más allá de las explicaciones brindadas, al figurar su nombre en los cuestionados chats, es que debe admitirse su apartamiento de la causa”, escribió Capuchetti. En las próximas horas se conocerá quién interviene.
Además de la denuncia que había radicado D’Alessandro contra Tailhade, ayer, martes, mientras el Gobierno motorizaba el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, se radicaron en los tribunales Comodoro Py dos denuncias contra Silvio Robles, funcionario de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y blanco de las críticas oficiales luego de que aparecieran diálogos suyos con D’Alessandro.
Una la hizo el abogado Gastón Marano, quien representa a Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” acusados en el intento de homicidio de la vicepresidenta. La otra la hizo una persona llamada Nicolás Nahuel Giasanti, que en paginas de internet figura como un monotributista dedicado a “servicios de seguridad e investigación”. Las dos denuncias le tocaron por sorteo al juez Ariel Lijo, por estos días de licencia, con la intervención del fiscal Rívolo, quien probablemente tendrá que expedirse allí también cuando le corran vista.
El lunes, en la justicia de Santiago del Estero, el gobernador de esa provincia Gerardo Zamora denunció al vocero de Rosatti. Al opinar, el fiscal Pedro Eugenio Simón sostuvo que los tribunales puntanos no tenían competencia territorial para actuar. “Entiendo declarar la incompetencia de este Juzgado Federal de sección y girar las actuaciones por la envergadura de los hechos denunciados al Juzgado Federal de CABA en turno”, escribió en un dictamen al que accedió Infobae, en donde no obstante propuso como medida cautelar intimar a Robles a la entrega de su teléfono. El juez Guillermo Molinari decidió avanzar y se conoció una orden hacia la Policía Federal de Santiago del Estero para ir a la casa de Robles, en la ciudad de Buenos Aires. En la Justicia de Comodoro Py no se había recibido ningún pedido, vía exhorto, para evaluar si eventualmente correspondía dar curso a esa medida en territorio porteño, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.
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