Cristina Kirchner finaliza su peor año judicial: una condena a prisión, enfrentamiento con la Corte y las causas contra Macri que se enfrían

“Condenada... con inhabilitación perpetua”, dijo Cristina Kirchner, arrugando la nariz, poniendo voz de burla y levantando el dedo. Era la tarde del 6 de diciembre y el Tribunal Oral Federal 2 terminaba de anunciar su veredicto: la vicepresidenta era culpable de defraudar al Estado por haberle otorgado 51 obras al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Para la Justicia, detrás de eso hubo un rédito personal a través de los negocios de Hotesur y Los Sauces. Por dos votos a uno, no prosperó la figura de asociación ilícita, pero la discusión no esta cerrada y el fiscal Diego Luciani va por ello en el 2023.

Aunque la vicepresidenta dijo saberse condenada desde el día que empezó el juicio, el veredicto llegó, en medio de lo que fue el peor año en materia de noticias judiciales para el oficialismo, con enfrentamientos abiertos con la Corte Suprema por sus fallos y también por las sillas en el Consejo de la Magistratura.

Es que Cristina Kirchner siente que libra una batalla permanente con los tribunales y le gusta exponerlo. En el único momento en que dejó que jugaran sus abogados, sin necesidad de transmisiones en vivo, fue cuando reclamó y logró cerrar las causas Hotesur y Los Sauces, en donde estaban procesados sus hijos Máximo y Florencia. Se trató de un sobreseimiento dictado cuando el juicio oral ya estaba preparándose. Dos jueces decidieron entender, en ese momento, que no existía delito. Eso es lo que ahora discute la Cámara Federal de Casación Penal. Todo indicaba que iba a haber una definición sobre el final del 2022, pero la resolución quedó para el año que comienza, junto a la revisión sobre si también se reabre la causa del Memorándum con Irán en donde CFK también es acusada.

En el medio de las causas en su contra, el 2022 la encontró como víctima. En la noche del 1 de septiembre, un desconocido se mezcló entre sus seguidores que la aclamaban desde hace días en la puerta de su casa en Recoleta, una ceremonia que se inauguró luego del pedido de condena a 12 años de cárcel que hizo la fiscalía. El desconocido se llamaba Fernando Sabag Montiel y había llegado ahí con su pareja Brenda Uliarte, con un revolver encima y la intención de asesinarla. Le apuntaron a la cara pero el tiro no llegó a salir. Con los custodios presidenciales sin darse cuenta, los militantes atraparon al joven mientras su novia se perdía entre la multitud. La detuvieron tres días después, con un secretario del juzgado dando la orden de parar un tren. Quince días después también terminó preso el jefe de ambos, Nicolás Carrizo, que regenteaba un puesto de copitos de azúcar. A él lo incriminan los mensajes encontrados en su celular.

La investigación avanzó rápidamente, más allá de la perdida inicial de los mensajes del teléfono de Sabag Montiel en la misma noche del hecho, por un bloqueo y reseteado del teléfono de los expertos que manipularon el teléfono. Y CFK, constituida en querellante quince días después del hecho, monitoreó cómo se instruía la investigación con distintas líneas. La línea “Casablanca”, en base a los dichos de un asesor legislativo que dijo haber escuchado en un bar al diputado del PRO Gerardo Millman hablar del atentado dos días antes de que sucediera y que apareció en el juzgado 23 días después para dar su versión, terminó de romper el vínculo con la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti. Fue cuando la querella reclamó secuestrar los teléfonos de dos secretarias de Millman que declaraban como testigos y la jueza entendió que no estaba fundado. CFK respondió con una serie de tuits anunciado que iba a recusar a la magistrada. “Así es imposible seguir”, sostuvo.

Aunque finalmente fue respaldada, Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. Pero las quejas de Cristina Kirchner también apuntaron a los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por haber liberado a los integrantes de Revolución Federal. Hasta ahora en Comodoro Py no aparecieron vínculos directos entre esa agrupación de derecha y los acusados del intento de homicidio.

Sobre el cierre del año, CFK publicó en sus redes sociales un escrito pidiendo la detención de tres de esos sospechosos, apuntaban a su vecina de arriba en Recoleta y reclamando investigar el financiamiento dado desde Caputo Hermanos, ligada a la familia del ex funcionario macrista. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió rechazar las detenciones.

No solo las causas que llevan en su carátula el nombre de CFK son las que le importan a la vicepresidenta. También aquellas que apuntan a la oposición. Y es ahí donde radican otras de las malas noticias para Cristina Kirchner. Es que las causas contra Mauricio Macri o sus funcionarios se caen o directamente no avanzan. Desde el préstamo firmado con el Fondo Monetario Internacional hasta las diferentes ramificaciones del espionaje son un ejemplo. Ni siquiera se destrabó la causa del Correo.

La única causa en la que el ex jefe de Estado había sido procesado y llamado a indagatoria desde que dejó el sillón de Rivadavia fue la acusación de espionaje a los familiares del ARA San Juan. Pero Macri fue sobreseído cuando el caso pasó a Comodoro Py y la Cámara Federal entendió que todo formaba parte de la seguridad presidencial. El caso fue apelado ante Casación. La sorpresa fue que quien pidió revocar el cierre de la causa contra Macri fue el fiscal Raúl Plee, el mismo que le pidió a la Corte Suprema que reabra la causa dólar futuro y que defendió la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la megacausa cuadernos. Por lo pronto, el fiscal Franco Picardi decidió imputar al ex presidente y los ex jefes de la AFI por espionaje, luego de la caída acusación de asociación ilícita en la causa que nació en Lomas de Zamora y también aterrizó en Comodoro Py 2002.

Pero Comodoro Py no es el único territorio de pelea. Y ahí aparece el escenario de la Corte Suprema como uno de los primeros blancos a cuestionar, sin las divisiones internas que el Frente de Todos exhibe en otros temas.

La puesta en marcha de un Consejo de la Magistratura de 20 miembros, producto de un fallo de diciembre del 2021 y luego de que el Congreso no lograra sancionar una nueva ley sobre el organismo, generó las primeras rispideces que la vicepresidenta pensó ganar cuando en abril decidió dividir su propio bloque. Así generó una banca más para uno de sus alfiles, el senador Martín Doñate. Pero casi sobre la hora de la finalización de su gestión, un fallo de los cuatro ministros de la Corte Suprema sostuvo que esa jugada fue un “ardid” , una maniobra “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista” del juego de las mayorías y minorías para integrar el organismo que controla y selecciona a los jueces.

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La decisión de la Corte Suprema fue, de todas maneras cuando ya estaba terminando la integración 2022 de ese nuevo-viejo Consejo. La vicepresidenta decidió ratificar a Doñate como el representante por la segunda minoría para la gestión 2022-2026 y el senador Luis Juez, del PRO, que reclama esa banca para sí, lo judicializó. El Consejo de la Magistratura termina su año sin que hayan jurado los cuatro senadores designados. Los diputados asumieron también más tarde que el resto, después de que un juez impugnara el nombramiento de la radical Roxana Reyes. La jura se hizo hasta que el fallo esté firme. Los diputados del FDT Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley aprovecharon para jurar “bajo reserva” criticando a la Corte Suprema.

Sobre el final del año, la Corte Suprema confirmó la condena a 13 años de prisión de Milagro Sala por la causa conocida como “Pibes Villeros”, lo que desató los reclamos abiertos por parte del oficialismo hacia el presidente Alberto Fernández para que indulte a la dirigente jujeña que cumple prisión domiciliaria.

Y, con voto unánime, el máximo tribunal sacó la medica cautelar en favor del Gobierno de la Ciudad por los fondos de coparticipación que fueron modificados por el Estado Nacional, sin previo acuerdo, en septiembre del 2020 durante una protesta policial que enfrentaba el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El resultado del fallo era más que un secreto a voces en el mundo de la política pero también para los juristas porque era el lineamiento que venía teniendo la Corte ante el reclamo de otras provincias. A la Corte le faltó tirar señales de humo para avisar que la política resolviera el tema fuera de los estrados palaciegos, tras dar una seguidilla de audiencias de conciliación para encontrar un acuerdo. La intención fracasó.

Y aunque se trate de una decisión transitoria, los gobernadores peronistas, que se abroquelaron detrás del jefe de Estado para que desacatara el fallo mientras el sector más duro del kirchnerismo reclamaba juicio político a la Corte Suprema. Apareció, no obstante, una oferta de pagar la deuda con bonos que la Ciudad no quiere y el reclamo formal del Procurador del Tesoro Carlos Zannini para recusar a los ministros del máximo tribunal y que la Corte dé vuelta su propio fallo en favor del Gobierno nacional.

Es en ese contexto que irrumpieron en escena los chats que se le atribuyen al teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. El funcionario de Rodríguez Larreta los denuncia manipulados. Ya a inicios de noviembre se había publicado a través de una página web diálogos atribuidos a D’Alessandro junto a un grupo de jueces y funcionarios, luego de que se filtrara la planilla de un vuelo privado a Bariloche. Se trataba de un viaje que habían realizado juntos a la estancia Lago Escondido. Los diálogos ya habían sacudido a la política y la justicia en ese momento. Mientras uno de los jueces denunciaba ser víctima de espionaje ilegal en Comodoro Py, la fiscal de Bariloche imputó a todos los viajeros, sin el contenido del teléfono, sobre todo después de que se dijera en esas conversaciones que ya estaba todo acordado con ella para que no avanzara.

Ahora, el ojo del FDT volvió a ponerse sobre D’Alessandro y sus vínculos. Es que hubo otra página web que publicó más supuestos chats con un funcionario de la Corte, la ex número 2 de la AFI en el macrismo, un empresario de grúas que habla de pagos y pedidos de causas y un fiscal condenado, entre otros diálogos. Se renovaron los pedidos de renuncia ya no solo para el funcionario larretista sino que apuntaban incluso a los miembros de la Corte. Mientras tanto, en los teléfonos del mundo judicial ya comenzaron, sin embargo, a circular otros supuestos diálogos que salpican a funcionarios kirchneristas y que aluden a operaciones judiciales. “Ojo que este es un juego en donde todos pueden perder”, comentó en estricto off un experimentado funcionario judicial cuando ya preparaba su copa para brindar por el año venidero.

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