La vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó este miércoles la detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, integrantes de la agrupación Revolución Federal, al entender que informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria los vinculan con el intento de homicidio de la ex jefa de Estado. “Al leer los informes realizados por la PSA sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido porCristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”, sostuvo la querella en un escrito difundido en las redes sociales de al ex jefa de Estado.
“De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso”, afirmó la vicepresidenta en sus redes sociales. Al mismo tiempo, la ex jefa de Estado también apuntó contra la vecina de su edificio, Ximena Tezanos Pinto. En el escrito difundido, se pide allanar su domicilio y secuestrarle el celular.
Morel, Guerra y Sosa ya habían estado presos por orden del juez federa Marcelo Martínez de Giorgi, junto a Sabrina Basile, la hija del ex director técnico de la Selección. La Cámara Federal ordenó sus excarcelaciones, algo que generó las criticas abiertas por parte de la vicepresidenta pero de incluso del presidente Alberto Fernández contra los jueces que tomaron esa decisión.
El 3 de noviembre, en base a la investigación que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita, el juez los procesó como responsables de formar una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena tiene hasta 8 años de prisión. Los embargó por 9 millones de pesos. Ese fallo está siendo revisado por la Cámara Federal que tomaría una definición en febrero próximo, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
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Es en ese contexto en que aparece el pedido de detención por parte de CFK para Morel, Guerra y Sosa. La causa Revolución Federal tramita por cuerda separada de la investigación por el intento de homicidio de la vicepresidenta, en donde están presos el atacante Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el jefe de los “copitos” Nicolás Carrizo. Para el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, respaldados por la presidencia de la Cámara Federal, no hay elementos en esa investigación que vinculen directamente a los acusados con el grupo Revolución Federal.
La vicepresidenta, no obstante, se convirtió en querellante en las dos causas. En la causa de Revolución Federal ella sostuvo que entiende que esa agrupación podría tener una vinculación con su ataque. Y es ahora que refuerza esa hipótesis con un escrito en donde pide la detención de tres de sus integrantes y el secreto de sumario del expediente para llevar adelante medidas de prueba.
“¿Qué más necesitarán (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”, tuiteó la vicepresidenta con la foto de los tres camaristas que deben resolver la causa.
“Como sabemos, el juez Mariano Llorens negó, por el momento, la acumulación de esta causa con aquella en la que se investiga el ataque a nuestra poderdante. Sin embargo, esto de ningún modo obsta a la producción de pruebas que permitan acreditar o descartar la relación entre ambos expedientes (...) A esto se suma que el contenido de los mensajes recabados obliga a disponer, nuevamente, las detenciones de Morel, Sosa y Guerra”, planteó la querella en su escrito con las firmas de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Y resaltó la necesidad de profundizar la investigación sobre el financiamiento de Revolución Federal y los nexos con la familia de Luis Caputo, ex funcionario macrista.
La presentación hace hincapié en los informes de la PSA sobre los teléfonos secuestrados y apuntó a “los contactos de Revolución Federal con la vecina de la Vicepresidenta”, Ximena Tezanos Pinto. “Ya desde antes del atentado, fue muy llamativo como De Tezanos Pinto pasó de presentarse mediáticamente como una persona sumamente hostil a Cristina Fernández de Kirchner a manifestar cierta simpatía por nuestra representada y sus militantes. Lo cierto es que, ahora, este supuesto cambio de ánimo luce mucho más entendible: mientras De Tezanos Pinto se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar a Cristina Fernández de Kirchner. En otras palabras, elaboró una pantalla discursiva para poder actuar con tranquilidad”, dice el escrito.
Según se sostiene, la vecina le pasaba información a Guerra “de los sucesos diarios respecto a los movimientos de CFK”. Para la querella, “esto es especialmente relevante, dado que las fechas en las que Guerra, al que también se sumó Sosa, estuvo en el domicilio de De Tezanos Pinto coinciden con el momento en el que Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay esperando el momento preciso para atentar. En este sentido, de la causa 2998/2022 se desprende que el 27 de agosto Brenda Uliarte y Sabag Montiel habían intentado atacar a Cristina Fernández de Kirchner pero no habían podido porque “ya se metió adentro (...), ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, dejá (...) No va a salir ya se metió adentro”.
Ese mismo 27 de agosto, aparece una alusión en los teléfonos de Guerra, Morel y Sosa a que “necesitaban” vecinos de la zona para poder atacar a la Vicepresidenta y hablaban de “tirar kerosene desde los balcones”, reportó la querella. “Por si esto fuera poco, también es sospechoso que De Tezanos Pinto diese de baja la publicación de sus habitaciones en alquiler y haya sacado las banderas de su balcón un día después de su atentado, según ha llegado a oídos de esta querella. También es absolutamente inverosímil la explicación de que De Tezanos Pinto haya conocido por casualidad a Guerra”, señala el escrito.
La querella insistió en que “la idea de matar a la Vicepresidenta no era para nada ajena a los integrantes de Revolución Federal”, algo que hablaban públicamente a través de Twitter Spaces en “una forma de matar a Cristina Fernández de Kirchner análoga a la que usó Sabag Montiel siete días después”.
“Por si esto fuera poco, ahora sabemos que el día 15 de agosto se dio una conversación en la que estaba Morel y el tercer líder de Revolución Federal, Sosa (quien también fue a la casa de De Tezanos Pinto), en la que se habló de hacer una ‘vaquita’ para contratar un sicario para matar a la Vicepresidenta. Lo que vemos, entonces, es que De Tezanos Pinto recibió en su casa a dos personas que estaban decididas a matar a Cristina Fernández de Kirchner. Así como De Tezanos Pinto comenzó a mostrarse amable mediáticamente, Guerra se ganó la amistad de las personas del edificio para ingresar sin problema, tal como relató en la ampliación de su declaración indagatoria. Mientras tanto, los dos conversaban entre sí sobre los movimientos de la Vicepresidenta”, se relató.
El escrito sigue diciendo: “Afuera, Sabag Montiel y Uliarte esperaban el momento justo para matarla, con un método calcado del propuesto por Jonathan Morel. Más allá de la situación de la vecina de la Vicepresidenta, lo central de lo dicho hasta aquí son los constantes paralelismos entre el accionar de Revolución Federal y el de los ejecutores del atentado contra Cristina Kirchner”.
“Todo esto nos lleva a una pregunta que surge naturalmente: ¿Fue Sabag Montiel el sicario de Revolución Federal? Todavía no lo sabemos, pero la conversación entre Sosa y Morel existe, y en la causa 2998/2022 varios testigos dijeron que Sabag Montiel solo podría haber hecho lo que hizo por dinero. ¿Quién manejaba el dinero? Sosa, Morel y Guerra, como surge explícitamente de la bienvenida a Revolución Federal que aparece enviada desde el celular de Sosa: ‘del dinero se hacen cargo los líderes’”, señalo.
Bajo esa hipótesis, “es necesario reparar en que la posibilidad de que Revolución Federal haya contratado un sicario no se reduce a un mensaje de WhatsApp. Es que no podemos olvidarnos de la cantidad de dinero no justificado con el que cuentan Sosa y Morel: 50.000 dólares no declarados y que es evidente que no fueron comprados por su padre, en el caso de Sosa, y más de quince millones de pesos provenientes del Grupo Caputo en el caso de Morel. En total, más de 100.000 dólares que bien podrían haber sido parte de ‘la vaquita’”, se añadió.
Para CFK, “ambas causas tienen puntos en común no sólo al nivel de los ejecutores, sino a un nivel político más elevado, que incluye a periodistas y líderes de agrupaciones más duraderas en el tiempo”. Detrás de Revolución Federal, dice la querella, está “la alta sociedad: millones de pesos sin explicación provenientes un grupo perteneciente a la familia más cercana al ex presidente Macri”.
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