La necesidad de conectar las zonas rurales en Latinoamércia

Más internet genera más empleo y mayores oportunidades. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha posibilita un aumento de un 3,19% del PIB y en un 2,61% de productividad, así como la generación de 67.000 empleos directos. Estas cifras revelan que la inversión en conectividad no solo implica un acceso a la red, sino una inversión directa en las personas y sus necesidades. La conectividad se traduce en posibilidades, es decir, en personas más formadas y preparadas, con mayor acceso a empleo conocimiento y emprendimiento.

Según datos de la (GSMA 2021), organización mundial de operadores móviles y compañías relacionadas, la industria de las telecomunicaciones contribuyó en 7,1% a la producción total de la región y en 30.710 millones de dólares en impuestos para Latinoamérica, colaborando así al progreso social. Por ello, es clave continuar conectando a más personas, porque conectar con internet significa conectar con oportunidades de desarrollo. Esto cobra mayor relevancia en una zona del planeta tan golpeada como nuestra región.

La magnitud de la brecha económica y social en América Latina es contundente. Según el informe “Latin American Economic Outlook 2021″ publicado por la OCDE, la crisis por el Covid-19 tuvo un impacto asimétrico en la región. Específicamente, señala que los grupos más vulnerables han sido los más afectados, revirtiendo algunos de los avances socioeconómicos logrados en las últimas décadas.

En América Latina, diversas barreras económicas, sociales, geográficas y demográficas complican el cierre de la brecha de conectividad, sobre todo en las zonas rurales, donde las dificultades geográficas y económicas complican aún más la llegada del internet en comparación con las áreas urbanas. Esta disparidad, combinada con una menor densidad poblacional y reducidos ingresos por persona, resulta ser un desincentivo para las inversiones y la consecuente expansión de la conectividad.

Ahora bien, establecer un marco regulatorio adecuado y una hoja de ruta común para el despliegue de conectividad, es la forma más económica para los estados de permitir que las zonas rurales no sufran de tanta desigualdad. Por eso, nace el “1° Encuentro por la Inclusión Digital en América Latina”, el cual tendrá lugar en Lima, Perú, el 7 de noviembre próximo. Allí se debatirán y reflexionarán los caminos necesarios que los actores involucrados en expandir la conectividad deben tomar para cerrar las brechas digitales.

Algunos de ellos se recogen -por ejemplo- en el “Manifiesto Rural” elaborado por Telefónica. Este documento aborda las desigualdades presentes en las zonas rurales, proponiendo medidas concretas para reducir la brecha de conectividad. Inspirándose en estrategias exitosas implementadas en diversos países, la propuesta de Telefónica busca impulsar la creación de redes rurales inclusivas y sostenibles.

1. Simplificar las leyes para fomentar innovación: crear mecanismos que simplifiquen las regulaciones en zonas rurales, permitiendo la prueba de nuevas tecnologías y compromisos reales por la conectividad en lugar de tasas.

2. Adaptar impuestos y liberar recursos: ajustar los impuestos en áreas rurales y reducir el costo de acceso al espectro, un recurso vital para la red, liberando así recursos para fomentar inversiones.

3. Incentivar la colaboración público-privada: facilitar la colaboración entre entidades públicas y privadas para ampliar los beneficios de la digitalización y llegar a más personas.

4. Agilizar el despliegue y acceso a infraestructuras estatales: reducir los plazos para el despliegue de infraestructuras y permitir el acceso a las infraestructuras del Estado, facilitando así la expansión de la conectividad

5. Promover tecnología neutral para reducir barreras técnicas: fomentar la adopción de tecnología neutral, capaz de conectar dispositivos independientemente del operador de telefonía, eliminando barreras técnicas y promoviendo una conectividad más inclusiva.

Ejemplo de ello es Internet para Todos (IpT), empresa creada en 2019 por Telefónica del Perú, Meta (Facebook), BID Invest y CAF, para brindar un adecuado acceso a internet a 6 millones de personas que viven en Perú en zonas rurales. La empresa utiliza un modelo innovador de red basado en infraestructura de acceso compartido y ha sucedido gracias a la colaboración entre entidades. A la fecha, IpT ha conectado con 4G más de 16.700 centros poblados de las zonas más alejadas y vulnerables del Perú, es decir, cerca de 3 millones de personas que viven en zonas rurales ya tienen la posibilidad de acceder al mundo digital.

Con Internet para Todos se demuestra que avanzar en el cierre de las brechas digitales con soluciones innovadores y la colaboración entre diversos actores en América Latina es factible. Sin embargo, este progreso depende crucialmente de la implementación de modelos disruptivos y nuevas políticas públicas coherentes con los objetivos buscados, que además fomenten la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de conectividad rural. Estimular las inversiones y promover la inclusión digital son componentes esenciales; por el contrario, políticas enfocadas en el corto plazo obstaculizan el desarrollo y el cierre de las brechas digitales.

Gran parte de los esfuerzos en América Latina se han canalizado a través de los Fondos de Servicio Universal (FSU). La reforma de estos fondos se presenta como un aspecto clave para acelerar la expansión de la conectividad. En particular, es imperativo revisar la eficiencia y efectividad de los proyectos financiados por el FSU para asegurar que cumplan con los objetivos establecidos.

El “1° Encuentro por la Inclusión Digital en América Latina” buscará impulsar una conectividad centrada en el bienestar humano, abogando por cerrar brechas económicas y sociales a través de la digitalización. Aunque persisten desafíos en América Latina, especialmente en zonas rurales con bajos niveles de desarrollo, la propuesta se destaca por su enfoque innovador, colaborativo y sostenible.

En este contexto, un diálogo público-privado constructivo emerge como imperativo, planteando la necesidad de políticas públicas repensadas y un marco regulatorio específico para las áreas rurales. Este enfoque integral no solo aspira a cerrar la brecha de conectividad, sino a transformar positivamente la calidad de vida de comunidades que, hasta ahora, han estado al margen de los beneficios de la era digital.