Con el desembarco de la pandemia, el rol y relevancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) quedó aún más en evidencia, ya que se aceleró la incorporación de canales digitales para distintos intercambios económicos. Según datos de Telecom, en el último año y medio se registró un aumento del 2000% en las transacciones digitales al mismo tiempo que más de 1.3 millones de personas se iniciaron en el comercio electrónico por internet; y se manifestó un aumento del 227% en los pagos remotos con tarjeta de débito.
Sin embargo, la otra cara de esta nueva realidad muestra un crecimiento de los delitos efectuados en entornos digitales. Según estadísticas de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECi), en el período mencionado se registró un 565% más de denuncias; los fraudes en línea crecieron más del 665% y el hackeo a través de softwares de ransomware (secuestro de datos) aumentó un 380%.
En línea con la problemática, Telecom presentó una nueva edición de “Encuentros 4.0″, un ciclo virtual institucional orientado al público académico y judicial, que invita a explorar, de la mano de expertos del derecho, los distintos desafíos y oportunidades de la tecnología en la gestión de la justicia.
Bajo el título “Delitos en entornos digitales: los desafíos de la Justicia”, en esta edición participaron distintos especialistas del derecho y referentes académicos, quienes aportaron su visión sobre la temática que aún está en pleno desarrollo, tanto a nivel legislativo como procesal. Además, analizaron los avances en la normativa asociada a este tipo de delitos y el desarrollo que todavía debe transitar la academia para formar profesionales con expertise en la materia.
Con la conducción de la periodista María Eugenia Duffard, el segundo episodio de “Encuentros 4.0″ contó con la presencia de Noel Murray, quien aportó el estado de situación de las iniciativas legislativas; Mauricio Fernández Montalban, María Elvira Tejada de La Fuente y Marcos Salt, quienes debatieron sobre los desafíos de la cooperación internacional; mientras que Horacio Azzolin, Abel Cornejo y Manuel De Campos realizaron un recorrido sobre los nuevos escenarios del delito digital en la Argentina.
La exposición de los expertos estuvo acompañada por la visión académica de autoridades de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de San Miguel de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires y UCEMA, instituciones que ofrecen seminarios y posgrados en estas temáticas para profesionales del ámbito legal.
El encuentro comenzó con un repaso sobre el estado de situación parlamentaria y los distintos proyectos que actualmente se encuentran en discusión en el ámbito legislativo nacional, complementado con un análisis normativo regional: marcos regulatorios propios y las novedades en estudio en el corto y mediano plazo.
Como parte de los ejes temáticos destacados, los participantes resaltaron la necesaria cooperación internacional para aplicar una política penal común, encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen. Los expertos reconocieron la importancia de la reciente incorporación de países de América Latina -como la Argentina- a la Convención de Budapest.
Este convenio es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas. Allí se manifiestan las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes. Asimismo, contiene una serie de competencias y procedimientos, tales como la búsqueda de las redes informáticas y la intercepción de comunicaciones privadas.
En ese sentido, existen distintos grados de avance en la gestión y el tratamiento de los delitos tecnológicos. Por ejemplo, en España y Chile se han establecido protocolos de trabajo que sientan jurisprudencia internacional.
Por otra parte, los especialistas abordaron en “Encuentros 4.0″ el cambio de paradigma en el tratamiento de los delitos mediados por la tecnología. En este punto, la mayoría coincidió en la oportunidad de ampliar un esquema de trabajo interdisciplinario que contemple procedimientos, expertise humano y herramientas informáticas vinculadas con la ciberseguridad.
Finalmente, desde la visión académica, los referentes de las universidades destacaron que el perfil del investigador judicial vinculado al cibercrimen está en construcción y acompaña el avance de las nuevas modalidades delictivas. En este nuevo escenario, la capacitación y la especialización son esenciales a la hora de abordar la problemática. Y si bien aún no existen en la Argentina carreras de grado específicas que respondan a este perfil, cada día aumenta la oferta académica.
Las personas que asistieron al encuentro tuvieron la oportunidad de obtener una beca para el Programa de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la UBA. En esta edición, se sortearon 5 vacantes gratuitas para el próximo ciclo lectivo 2022.
Quienes deseen conocer más información sobre nuevos encuentros y revivir ediciones anteriores, pueden ingresar al siguiente link.