
El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió que varios funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) señalados en el caso relacionado con la exfiscal Francia Sofía Medina se defiendan en libertad mientras avanza el proceso judicial.
La decisión fue adoptada durante la Audiencia de Declaración de Imputado celebrada este jueves, luego de que agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaran órdenes de captura giradas en el marco de una nueva línea de investigación derivada del caso que involucra la sustracción de más de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras.
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El caso ha captado la atención nacional debido a que surge tras el fallo de culpabilidad emitido recientemente contra la exfiscal Francia Medina, quien fue encontrada responsable por diversos delitos relacionados con corrupción, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Según el Ministerio Público, la exfuncionaria sustrajo más de 88 millones de lempiras que se encontraban bajo custodia en instalaciones del BCH en San Pedro Sula.
Audiencia determinó medidas cautelares
Durante la audiencia, representantes del Ministerio Público presentaron el requerimiento fiscal correspondiente y solicitaron la aplicación de medidas cautelares distintas a la detención judicial.
Entre las medidas propuestas figuraban la presentación periódica ante los tribunales, la prohibición de salir del país, una caución económica y la suspensión temporal de los cargos que algunos de los imputados desempeñaban dentro de la institución.
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Por su parte, los equipos de defensa rechazaron los señalamientos formulados por la fiscalía y solicitaron que se mantuviera el estado de inocencia de los acusados, argumentando que aún no existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales definitivas.
Tras escuchar los planteamientos de ambas partes, la jueza con jurisdicción nacional determinó imponer medidas cautelares alternas a la prisión preventiva.

Ocho imputados seguirán proceso fuera de prisión
La resolución judicial establece que los señalados deberán cumplir con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades competentes, permanecer dentro del país y rendir una caución o fianza mientras continúan las investigaciones.
Entre las personas incluidas en la resolución figuran Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva Cáceres, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Alex Geovani Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera.
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De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, los imputados son investigados por el supuesto delito de malversación imprudente en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
Las autoridades judiciales recalcaron que las medidas cautelares impuestas no representan una declaración de culpabilidad, sino disposiciones destinadas a garantizar la continuidad del proceso y la comparecencia de los imputados ante los tribunales.
Caso surge tras investigaciones por millonario desfalco
Las investigaciones contra los funcionarios del BCH forman parte de una ampliación de las pesquisas relacionadas con el caso de Francia Medina.
El Ministerio Público informó recientemente que esta nueva línea investigativa nació a partir de los hallazgos obtenidos durante el juicio contra la exfiscal, quien fue declarada culpable por la sustracción irregular de más de 88 millones de lempiras depositados en las bóvedas del Banco Central de Honduras.
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Según los investigadores, el análisis de documentación, controles internos y procedimientos administrativos permitió identificar posibles responsabilidades derivadas de la supervisión y manejo de los recursos bajo custodia estatal.
La fiscalía sostiene que algunas de las personas señaladas tenían funciones relacionadas con la administración, control y resguardo de fondos dentro de la institución financiera estatal.

El Poder Judicial confirmó que la audiencia inicial fue programada para el próximo 18 de junio a las 9:30 de la mañana. En esa etapa procesal se determinará si existen suficientes indicios para continuar formalmente con la causa penal contra los imputados.
Mientras tanto, las autoridades no descartan nuevas diligencias investigativas ni la presentación de otros requerimientos fiscales conforme avancen las pesquisas y se incorporen nuevos elementos probatorios al expediente.
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Por razones de reserva y confidencialidad del proceso, los voceros judiciales evitaron brindar detalles sobre posibles acciones futuras relacionadas con este caso.
El caso continúa generando amplio interés debido a la magnitud de los recursos involucrados y al impacto institucional que ha tenido dentro del sistema de justicia y del Banco Central de Honduras.
Las autoridades sostienen que las investigaciones permanecen abiertas y que el objetivo es establecer con precisión las responsabilidades individuales derivadas de los hechos investigados.
Mientras avanza el proceso, los imputados deberán cumplir las medidas cautelares impuestas por el tribunal y comparecer ante las autoridades cada vez que sean requeridos.
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La resolución emitida este jueves marca una nueva etapa dentro de uno de los casos de presunta corrupción más relevantes que actualmente se encuentran bajo conocimiento de los tribunales hondureños.
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