Terror en Barcelona: la explosión de una casa que dejó al descubierto un plan para atentar contra la Sagrada Familia y el Camp Nou

Una tarde de verano en Las Ramblas de Barcelona. Miles de personas paseaban, tomaban fotos, compraban en los puestos de flores. Era el 17 de agosto de 2017, pasadas las cuatro y media de la tarde. De repente, una furgoneta blanca giró bruscamente desde la calle Pelai y aceleró sobre el paseo peatonal más transitado de la ciudad. Durante casi 600 metros, el conductor giró el volante con violencia deliberada para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. Trece murieron en el acto. Más de 100 quedaron heridas. Eran de 34 nacionalidades distintas: había de Argentina, Colombia, Cuba, Perú y Venezuela.

El atentado de Las Ramblas fue una reacción improvisada de la célula yihadista después de que una explosión en Alcanar destruyera la base donde preparaba explosivos para atacar otros objetivos de Barcelona, como la Sagrada Familia y el Camp Nou.

La noche anterior, el 16 de agosto a las 23.15, una enorme detonación había destruido un chalet en la urbanización Montecarlo de Alcanar, pueblo costero de la provincia de Tarragona. La onda expansiva se sintió a kilómetros de distancia. Las autoridades hablaron, en un primer momento, de una acumulación de gas. Nadie sospechó de terrorismo.

Pero debajo de los escombros no había una cañería rota. Había más de 120 bombonas de butano, acetileno y todos los elementos necesarios para fabricar triperóxido de triacetona, conocido como TATP o “la madre de Satán”. El mismo explosivo utilizado en los atentados de París en 2015 y de Bruselas en 2016. Según declaraciones de entonces de Manel Castellví, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra (la Policía de Cataluña), la magnitud del arsenal “podría haber derruido un edificio de grandes dimensiones”.

En esa explosión murieron dos hombres: el imán Abdelbaki Es Satty, de 44 años, y Youssef Aalla, de 22. Un tercero, Mohamed Houli Chemlal, sobrevivió con heridas leves y fue trasladado al hospital de Tortosa.

El plan original era mucho más ambicioso y letal. Los terroristas tenían previsto cargar dos furgonetas con grandes cantidades de TATP y bombonas de gas para convertirlas en vehículos bomba. Entre los objetivos que barajaban figuraban la Sagrada Familia y el estadio del Camp Nou, donde juega de local el Barcelona. Material hallado en cámaras y teléfonos móviles de los integrantes de la célula reveló que algunos de ellos habían viajado a París para fotografiar la Torre Eiffel y estudiar sus características de seguridad.

La explosión accidental de Alcanar no paralizó a los sobrevivientes. Los incentivó. Según el análisis del Real Instituto Elcano, basado en entrevistas con profesionales de los Mossos, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y la Audiencia Nacional, los miembros de la célula que no estaban en el chalet anticiparon que era cuestión de tiempo que la policía los identificara. Decidieron actuar de inmediato con lo que tenían: vehículos y cuchillos.

Alrededor de las 15 horas del 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub conducía una furgoneta alquilada por una vía de circunvalación, a una hora del centro de Barcelona. En ese momento recibió una llamada de los Mossos, que intentaban localizar a los usuarios de vehículos hallados frente al chalet destruido en Alcanar. Dio media vuelta y se dirigió hacia la ciudad.

Después del atropello masivo en Las Ramblas, escapó a pie. Entró al mercado de La Boqueria, caminó sin correr por el barrio del Raval para no llamar la atención y llegó hasta la Zona Universitaria una hora y media después. Allí encontró a Pau Pérez, un joven de Vilafranca que estacionaba su Ford Focus negro. Lo apuñaló, dejó su cuerpo en el asiento trasero y huyó por la autopista A2 en dirección a Tarragona.

El auto fue interceptado en Sant Just Desvern, pero Abouyaaqoub logró escapar a pie. Permaneció cuatro días prófugo. El 21 de agosto, una vecina de Subirats —a unos 40 kilómetros de Barcelona— lo vio acercarse a las casas, lo increpó y él salió corriendo hacia unos viñedos. La mujer llamó a los Mossos. Los agentes lo localizaron en campo abierto. Antes de que abrieran fuego, Abouyaaqoub gritó “Alá es grande” y corrió hacia ellos exhibiendo un cinturón explosivo falso. Cayó abatido.

Casi nueve horas después del ataque en Las Ramblas, a la 1.25 de la madrugada del 18 de agosto, un Audi A3 negro con cinco ocupantes embistió un vehículo policial en un control del paseo marítimo de Cambrils, localidad turística a 120 kilómetros de Barcelona.

Los cinco terroristas —Houssaine Abouyaaqoub, hermano del atacante de Las Ramblas; Moussa Oukabir, Said Aalla y los hermanos Mohamed y Omar Hychami— salieron del auto volcado con grandes cuchillos, un hacha y cinturones explosivos falsos. Se lanzaron contra los transeúntes. Una mujer de 42 años fue apuñalada y murió horas después en el hospital.

Cuatro de los atacantes cayeron abatidos en el acto por un solo agente de los Mossos. El quinto murió poco después a causa de las heridas. La actuación policial fue determinante: el paseo marítimo estaba lleno de gente y la cantidad de víctimas pudo haber sido mayor. El balance conjunto de los dos atentados cerró en 16 muertos y alrededor de 140 heridos.

Los autores de los ataques no eran extraños llegados de lejos. Eran, en su mayoría, jóvenes criados en Ripoll, un pueblo de unos 10.000 habitantes enclavado entre montañas cerca de los Pirineos catalanes. Habían jugado juntos al fútbol desde chicos, trabajado en fábricas y restaurantes locales, repartido pizzas. Cuatro de ellos eran parejas de hermanos.

“Eran muy respetuosos. No hacían cosas que llamaran la atención de la gente”, dijo un vecino que prefirió el anonimato. Raquel Rull, pedagoga y madre de un compañero de escalada de Houssaine Abouyaaqoub, lo describió con palabras que sacudieron a España entera: “Estos chicos eran niños como todos. Como mis hijos, eran niños de Ripoll”.

Todo cambió en la primavera de 2015, cuando Abdelbaki Es Satty llegó al pueblo y comenzó a trabajar en la única mezquita local. No era una persona particularmente carismática, según quienes lo trataron. Pero su influencia sobre los jóvenes fue profunda. Ibrahim Aalla, padre de dos de los atacantes, señaló por aquel entonces: “Sus creencias eran demasiado estrictas. Tuvo una mala influencia sobre ellos. Yo no quería que fueran a la mezquita. Yo no hablaba con él”.

Es Satty no era un desconocido para las autoridades españolas. Había cumplido condena por narcotráfico entre 2012 y 2014 en la prisión de Castellón. Durante ese período, agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo visitaron en varias ocasiones, al igual que guardias civiles.

En diciembre de 2024, el gobierno español desclasificó los documentos relacionados con esas visitas, tras un acuerdo político en el Congreso de los Diputados. El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, declaró ante la comisión parlamentaria de investigación que los agentes trataron con Es Satty asuntos vinculados a la radicalización en mezquitas y prisiones. Negó de forma rotunda que el imán hubiera sido confidente del organismo. “Si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos, es una infamia”, afirmó. Pero Sanz Roldán no respondió una pregunta que quedó flotando en la sala: si, una vez que Es Satty salió de la cárcel, el CNI continuó reuniéndose con él.

Ninguno de los autores materiales de los atentados llegó a ser juzgado. Todos murieron abatidos por las fuerzas de seguridad. El proceso judicial recayó sobre los tres miembros de la célula que sobrevivieron y tuvieron participación en la planificación.

En mayo de 2021, la Audiencia Nacional dictó una sentencia de 1.018 páginas. Mohamed Houli Chemlal —el joven que estaba en la terraza del chalet de Alcanar la noche de la explosión— recibió una condena de 53 años y 6 meses de prisión. Driss Oukabir, que se había presentado espontáneamente en una comisaría al ver su foto en los medios, fue condenado a 46 años. El tribunal estableció que el cumplimiento efectivo de ambas penas no excedería los 20 años.

Además de las penas de prisión, Houli y Oukabir debieron abonar de forma conjunta y solidaria el equivalente a 446.293 dólares en concepto de indemnizaciones a las víctimas, los cuerpos de emergencias y las fuerzas de seguridad que sufrieron lesiones y secuelas. Un tercer imputado, Said Ben Iazza, recibió una condena de ocho años de prisión por colaboración con organización terrorista.

En 2023, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de los dos principales acusados pero redujo la pena de Ben Iazza a 18 meses de prisión. Los magistrados consideraron que existían dudas razonables sobre si el acusado había comprendido en detalle el alcance de su participación en la trama terrorista.

La investigación no se cerró con esas condenas. Al cumplirse el primer aniversario de los atentados, investigaciones periodísticas revelaron que las pesquisas abarcaban en ese momento a 12 países en Europa y fuera del continente, lo que indicaba que la red era más extensa de lo que se creyó en un principio.

Un miembro sobreviviente de la célula declaró que Es Satty afirmaba tener contacto con otro imán que lideraba un grupo de entre ocho y nueve personas en Francia. Según fuentes cercanas a los investigadores franceses consultados, las autoridades de ese país intentaban establecer las identidades de los integrantes de esa posible célula.