La Masacre de Budge: una cerveza, tres amigos asesinados y la invención del “gatillo fácil” de la Policía Bonaerense

Pedro Álbarez —con una “b” mal anotada al nacer— tenía poco más de veinte años la tarde que escuchó los tiros. Vivía a doscientos metros de la esquina de Guaminí y Figueredo, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Había pasado toda su infancia jugando con los vecinos de esas cuadras. Jugaban a la pelota en la calle, a la bolita en la tierra, iban juntos a la iglesia, al baile y a peregrinar a Luján.

Roberto “Willy” Argañaraz, uno de esos vecinos, había llegado de Tucumán a los doce años y se había integrado enseguida al grupo. Oscar Aredes era el más chiquito de todos, pero los más grandes lo cuidaban. Agustín “el Negro” Olivera era el que organizaba las salidas.

La tarde del 8 de mayo de 1987, a la hora que Pedro escuchó los tiros, los tres amigos estaban en Guaminí y Figueredo, a tres cuadras de Camino Negro y a tres cuadras del Riachuelo, tomando una cerveza.

A las siete de la tarde, hace exactamente 39 años, el sargento Juan Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el sargento Isidro Rito Romero, todos de la Policía Bonaerense, bajaron de una camioneta de la comisaría 10ª, pegada al Puente La Noria, sobre la orilla sureña del Riachuelo. La historia oficial diría después que habían ido porque alguien rompió un vidrio en un bar de la zona y los llamaron para “poner las cosas en orden”. Pero lo que pasó fue otra cosa.

Primero se oyó un tiro. Después seis más. Y una ráfaga de ametralladora. Los cuerpos de Agustín Olivera, de 26 años, y Oscar Aredes, de 19, quedaron tirados en la vereda junto a un paredón con una pintada de la JP que decía “Somos la rabia”. Roberto Argañaraz, que tenía 24 años, todavía estaba vivo. Tenía una pierna herida. Lo cargaron en la caja de la camioneta. Apareció después en un hospital con dieciocho orificios de bala, uno de ellos en la cabeza.

Al día siguiente, los diarios reprodujeron la versión policial sin cuestionarla: “Tres malvivientes abatidos en un enfrentamiento”. Junto a los cadáveres habían aparecido armas que nadie del barrio había visto nunca antes.

Lo que los vecinos sabían

En Ingeniero Budge nadie creyó la versión del enfrentamiento. Todo el mundo sabía que Agustín y Oscar acababan de perder el trabajo en un taller mecánico. Que Roberto era empleado en un depósito de la zona. Que eran tres pibes de barrio y no delincuentes. Y todo el mundo sabía, también, quién era Juan Ramón Balmaceda.

“Ese Balmaceda, el Sargento Balmaceda, ya nos perseguía desde que éramos pibes, lo conocíamos”, recordó Pedro Álbarez tiempo después de los asesinatos. “Era como ver a un monstruo”. Balmaceda no era nuevo en eso de ejercer la represión ilegal. Había sido miembro de los grupos de tareas del general Camps durante la dictadura.

En 1987 era jefe de calle de la comisaría 10ª. De día, él y sus socios “recaudaban” en los comercios y boliches de la zona. De noche salían a hostigar a los adolescentes y jóvenes del barrio: primero mandaban a un informante a marcarlos, después los levantaban, les vaciaban los bolsillos. A veces, incluso, aparecía algún cadáver. Era una costumbre del lugar. Quince días antes de la masacre habían matado a un vecino mientras dormía, nada menos que en su propia casa.

Un estallido que nadie vio venir

Nadie podía imaginarse lo que empezó a pasar apenas unas horas después de los asesinatos. El barrio no había dado ninguna señal de organización comunitaria. Fue un estallido repentino.

Mientras los vecinos se iban enterando de lo que había pasado en la esquina de Guaminí y Figueredo, unos treinta patrulleros y carros de asalto llegaron al lugar. Querían controlar la escena. Querían, también, terminar de instalar la versión del enfrentamiento y de los presuntos “abatidos”, una narrativa heredada de la dictadura. No pudieron. Los vecinos formaron una barrera humana alrededor de los cuerpos y no los dejaron pasar.

Las primeras reuniones de lo que después sería la Comisión de Amigos y Vecinos —la CAV— convocaron a más de dos mil personas. El petitorio que reclamaba juicio y castigo circuló de mano en mano por todo el barrio. Unas doscientas personas que acompañaron el cortejo fúnebre se desviaron hacia el Puente La Noria con la intención de quemar la comisaría. El miedo se fue convirtiendo en furia organizada.

La organización fue improvisada y fue total. Armaron guardias nocturnas en carpas a la intemperie, con ollas populares para aguantar el frío. Se avisaban entre ellos con pitos, ollas y bombos cuando alguien era agredido o cuando los patrulleros intentaban hacer una razzia a la madrugada. Consiguieron más de veinte testigos dispuestos a declarar con nombre y apellido, algo casi inaudito en un barrio del Conurbano en el que la represión policial era parte del paisaje cotidiano.

Lo que Pedro Álbarez y los vecinos de Budge no sabían entonces —lo descubrirían décadas después, cuando la Comisión Provincial de la Memoria abrió los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense— era que tenían infiltrados en cada marcha y en cada asamblea.

Mil fojas de documentos de inteligencia iniciados al día siguiente de la masacre registraban quiénes asistían a cada movilización, qué decían los oradores, qué conversaban los manifestantes mientras caminaban. Había un agente encubierto para cada evento. La Policía que los había matado los espiaba mientras reclamaban justicia.

El abogado que le puso nombre a los crímenes policiales

León Zimerman era docente, militante del Partido Comunista y abogado. Sus amigos lo llamaban “Toto”. Cuando alguien tiró una bomba incendiaria sobre su viejo Renault 12, en junio de 1987, apenas empezado el proceso judicial del caso Budge, dijo, irónico: “Y bueno, siempre quise tener un Renault Fuego”.

Zimerman se hizo cargo de la defensa de los familiares de las víctimas junto al abogado Ciro Annicchiarico. Y en el curso de ese proceso, buscando una forma de nombrar lo que había pasado en la esquina de Guaminí y Figueredo, tomó una expresión que Rodolfo Walsh había usado años antes para describir a la Bonaerense —“la secta del gatillo alegre”— y la reformuló.

La llamó “gatillo fácil”. Era la primera vez que esa expresión se usaba en Argentina para describir el asesinato de un civil a manos de la Policía. Con los años se convirtió en un trágico argentinismo: todo el mundo sabe qué significa.

El juicio fue en 1990. Balmaceda y Miño fueron condenados a cinco años por homicidio en riña. Romero, señalado como el responsable de la muerte de Argañaraz, la víctima con dieciocho heridas de bala, recibió doce años. Pero la Suprema Corte bonaerense anuló ese proceso por errores de forma.

En un segundo juicio, en junio de 1994, los tres fueron sentenciados a once años por homicidio simple. Para entonces ya estaban libres y se fugaron antes de que la sentencia pudiera ejecutarse. Lo hicieron con la complicidad de la misma institución a la que pertenecían.

Romero fue detenido once años después del crimen, en octubre de 1998. Balmaceda y Miño estuvieron prófugos hasta 2006, cuando la entonces SIDE los encontró. Balmaceda murió antes de cumplir su condena. Los otros dos la cumplieron.

Zimerman murió en 2007, con los tres culpables en prisión. Annicchiarico siguió ejerciendo como abogado en juicios por delitos de lesa humanidad.

Lo que Budge dejó

La masacre de Ingeniero Budge no fue el primer asesinato policial de la democracia. Entre el 10 de diciembre de 1983 y fines de 1986 hubo al menos 53 casos documentados: fusilamientos callejeros, torturas en comisarías, desapariciones. Doce más en los primeros meses de 1987, antes de aquel 8 de mayo fatídico para Lomas de Zamora.

Pero casi nadie nombraba esos crímenes. Los organismos de derechos humanos estaban concentrados en los crímenes de la dictadura. Los partidos políticos no habían encontrado todavía las palabras indicadas para hablar del tema. Y la prensa, muchas veces, reproducía exclusivamente las versiones policiales.

Budge cambió eso. Fue el primer caso en que una comunidad explotó, se organizó y sostuvo esa organización durante años hasta conseguir una condena.

Fue el caso que convenció a mucha gente de que la violencia policial no era una colección de “manzanas podridas” sino algo estructural: las células represivas de la dictadura habían sobrevivido al cambio de régimen y seguían operando, con cobertura institucional y total impunidad.

La abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional —la CORREPI, que nacería en parte como consecuencia de los casos Budge y Walter Bulacio—, lo resumió alguna vez así: “Budge fue la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de violencia represiva”.

En 2012, el entonces diputado Leonardo Grosso presentó un proyecto de ley para que el 8 de mayo fuera declarado Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. La ley fue aprobada ese mismo año y promulgada en enero de 2013.

En la esquina de Guaminí y Figueredo, donde el Negro, Willy y Oscarcito, como todos los conocían en Budge, tomaban una cerveza esa tarde del 8 de mayo de 1987, hay hoy una placa con sus nombres. Es un recordatorio de cómo la violencia brutal ejercida por las fuerzas estatales arrasó con sus vidas, y de cómo se organizó ese barrio para exigir y conseguir justicia.

Compartir nota: