La Masacre de Fátima: cuando un grupo de tareas de la Policía Federal ejecutó a 30 detenidos y dinamitó sus cuerpos en un descampado

Los pocos curiosos que se atrevieron a acercarse la tarde del viernes 20 de agosto de 1976 al descampado ubicado cerca del barrio Fátima, en el municipio de Pilar, pudieron entrever a la distancia una escena macabra: en medio de un gran despliegue de policías, un grupo de personas de civil cargaba cadáveres en los típicos camiones de obras públicas. No pudieron ver mucho más, porque el cerco policial los mantuvo a distancia y no eran tiempos de andar exigiendo que se respetara el derecho a la libre circulación.

Mientras los cuerpos eran cargados en las cajas de los camiones, en la Capital Federal, el Ministerio del Interior a cargo del general Albano Harguindeguy dio a conocer un comunicado que fue difundido por las agencias de noticias y publicado, casi sin modificaciones, por los medios de comunicación. Nadie que transcribiera el comunicado, en su sano juicio podría creer en la versión de que algún grupo guerrillero, como se sostenía allí, hubiera sido responsable del “vandálico episodio”. Sin embargo, en los cinco meses que llevaba la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, en las redacciones no se chequeaban los partes surgidos de oficinas de la Casa Rosada.

El parte decía que la mañana de ese viernes “se habían encontrado” restos humanos correspondientes a treinta personas, que “habían sido dinamitados” en el partido de Pilar, al norte bonaerense, a apenas 1.500 metros de un camino de tierra a la altura del kilómetro 64 de la ruta 8. También aseguraba que el gobierno -como a sí misma se llamaba la dictadura- repudiaba “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”.

Para cualquier ciudadano mínimamente avisado, el relato oficial no tenía el más mínimo asidero, porque ese tipo de ejecuciones masivas no existía -ni había existido nunca- en las prácticas de las ya diezmadas organizaciones guerrilleras; en cambio, tenía todas las características de las masacres típicas de los grupos parapoliciales del terrorismo de Estado.

Las noticias de esos días precisaron que se trataba los restos de veinte hombres y diez mujeres, todos con orificios de bala y la gran mayoría con las manos atadas por la espalda con cuerdas. Por entonces, solo cinco de las víctimas fueron identificadas, las otras 25 fueron llevadas al Cementerio de Derqui -el más cercano al lugar- y enterradas como NN.

Pasarían años hasta que, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se pudiera identificar a la mayoría -no a todos- de los asesinados en lo que hoy se conoce como la Masacre de Fátima. En una tarea que todavía no está terminada -valiéndose de restos óseos y cotejándolos con muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos- lograron sumar otros veinte nombres a los cinco que se conocieron desde un primer momento.

Los veinticinco identificados son Inés Nocetti, Roberto Olivestre, Ramón Vélez, Enrique Agio, Ángel Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Comas, Oscar Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Argenten, Carlos Pargas, Ricardo Herrera, José Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, Ernesto Saravia, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú, Marta Spagnoli de Vera y Juan Carlos Vera. El último en recuperar su identidad fue Oscar Ledesma, en mayo de 2019.

La verdad sobre lo ocurrido en el descampado de Fátima es muy diferente a la versión oficial que dio la dictadura. Las víctimas, en realidad, habían sido sacadas la madrugada de ese viernes del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad.

Allí funcionaba un centro clandestino de detención donde los integrantes del Grupo de Tareas 2 (GT-2) de la Federal torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros -algunos de ellos ya asesinados- y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, fue Fátima.

El desarrollo de los hechos comenzó a salir a la luz poco después de la recuperación de la democracia, en el marco del trabajo que realizaba la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) creada por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, cuando algunos sobrevivientes de las mazmorras del GT-2 que habían estado detenidos desaparecidos junto con las víctimas de Fátima se presentaron para ofrecer sus testimonios.

El 6 de abril de 1984, directivos de la Conadep se dirigieron a la sede de Moreno 1417 junto a los sobrevivientes Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, quienes fueron una pieza clave para esclarecer lo que había sucedido en la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto de 1976. En efecto, ese matrimonio había compartido su estadía con Daniel Hopen, sociólogo y ex dirigente del PRT-ERP, quien les relató detalles que no pudo contar por qué Hopen nunca pudo recuperar la libertad y es un detenido desaparecido. Ellos confirmaron que los veinte hombres y las diez mujeres que fueron dinamitados a las 4:30 del 20 de agosto estaban en Moreno 1417.

Mucha más repercusión tuvo en aquellos días de principios de 1984, la declaración del ex cabo primero de la Federal Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber sido parte del operativo. Luchina dijo que estaba presente cuando uno de los oficiales a cargo “contó hasta 30″, en referencia a la cantidad de personas subidas a un camión que estaba en el playón del edificio.

“Algunos estaban envueltos en frazadas”, en referencia a que los vejámenes y torturas los habían dejado inconscientes o muertos. Brindó también los nombres de quienes estaban a cargo: los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi.

El suboficial Luchina, en su declaración a la Conadep, afirmó lo que se supo desde el primer momento: la masacre era “una represalia” al atentado realizado por un comando montonero ocurrido el mediodía del 2 de julio de aquel 1976 en el comedor del edificio de Moreno 1417 que costó la vida de 23 policías.

Otros testimonios recibidos por la Conadep revelaron que la Masacre de Fátima no fue el único hecho de venganza perpetrado con los desaparecidos en las entrañas de la sede de la jefatura de la Federal. Varios sobrevivientes contaron que unos 50 miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado realizado por esa organización.

Entre los ejecutores de la masacre señalados por el cabo primero Luchina, resaltó el nombre de otro policía que había sido protagonista de un episodio ocurrido un año antes de la recuperación de la democracia. En octubre de 1982 la dictadura estaba en franca retirada, pero pretendía seguir manteniendo su ya desgastada imagen. El jueves 5, cuando los organismos de Derechos Humanos se aprestaban a ingresar a la Plaza de Mayo en la Marcha por la Vida, la Policía Federal intentó impedirlo. Uno de los uniformados -alto, de físico intimidante- puso el cuerpo delante de las Madres y cuando una de ellas, Susana Leguía, lo increpó, el policía la atrajo hacia su pecho para neutralizarla.

Dos fotógrafos que cubrían la marcha, Marcelo Ranea, de la agencia DyN, y Jorge Sánchez, de la estatal Télam, dispararon sus cámaras y tomaron varias fotos de la escena. Una de ellas, tomada por Ranea, fue portada de uno de los diarios del día siguiente, que la ancló con el título “Pacífica concentración en el centro”. Las tomas de Sánchez nunca fueron publicadas.

En ese momento, prácticamente a las puertas de la recuperación de la democracia con las elecciones del 30 de ese mismo mes, la escena fue mostrada como un “abrazo” que simbolizaba la “reconciliación de los argentinos”. Eso hizo que la imagen fuera reproducida por muchos medios del exterior. “La fotografía tuvo inmediata trascendencia mediática y se utilizó para sostener una supuesta política de reconciliación entre las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas represivas que, en los hechos, jamás existió”, escribió en un análisis la investigadora fotográfica Cora Gamarnik.

La realidad había sido muy diferente. Eso es lo que mostraba una de las fotos tomadas por Sánchez, que la dictadura impidió publicar. En la foto del reportero gráfico de Télam, además del supuesto “abrazo” se veía como otra Madre, Nora Cortiñas, increpaba al policía que trataba de impedirles el paso. Recién el año pasado, Sánchez la compartió con un texto que decía: “Esta imagen la comparto hoy después que fue censurada en aquel mismo día por el presidente de la agencia Télam, el coronel (Rafael) De Piano cuando, detrás de su escritorio, sin mediar diálogo se escuchó con voz de mando: ‘Esto de acá no tiene que salir publicado por su bien y retírese’”. Sánchez fue secuestrado dos días después y fue sometido a intimidaciones, maltratos físicos y verbales hasta que lo liberaron horas más tarde.

Lo que nadie sabía ese 5 de octubre -ni las dos Madres de Plaza de Mayo ni los fotógrafos- es quién era el policía de la foto, hasta que la declaración de Luchina ante la Conadep reveló que el protagonista del falso abrazo a la Madre Susana Leguía era uno de los policías que habían ejecutado a sangre fría y dinamitado a las víctimas de la Masacre de Fátima.

En julio de 2008, tras un juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las 30 víctimas de Pilar. Lapuyole era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF.

A su vez, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había advertido a la Conadep en 1984.

En cuanto a Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”. Aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de la dictadura no llegó a escuchar la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año.

Carlos Gallone, el policía de la foto, murió por Covid en mayo de 2021 cuando cumplía prisión domiciliaria debido a una insuficiencia respiratoria.

El 22 de agosto de 2022, al cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Fátima, se señalizó como Sitio de la Memoria el lugar donde 46 años antes, un grupo de tareas del Estado Terrorista se cobró la vida de treinta detenidos desaparecidos en un criminal acto de venganza.