“Entonces lo hacemos”: la intimidad del día en que se anunció la abolición del servicio militar obligatorio y la trama del caso Carrasco

En la residencia de Olivos hay reunión de gabinete. Es viernes 10 de junio de 1994. Los cafés están servidos y los mozos circulan. Carlos Menem es el presidente y tiene apoyado en su tabique unos anteojos de lectura. Ensaya una lectura rápida sobre un cúmulo de papeles encerrados en una carpeta que manipula con desdén. Parece distraído, ajeno a lo que sus ministros deliberan. Es la antesala del fin de semana. La pretensión de los funcionarios es, sea lo que sea, resolverlo pronto. El temario es diverso: proyecciones económicas, pedido de extradición desde Italia de Erich Priebke, un jerarca nazi hallado en Bariloche hace un mes, y un informe sobre la sostenibilidad de un servicio militar obligatorio en jaque.

Los primeros dos asuntos se dirimen con premura. La tercera es una cuestión de agenda pública. El caso Carrasco -o la muerte de un conscripto en una guarnición militar de Zapala y el posterior complot de la fuerzas armadas para encubrir la desaparición- aceleró la decadencia del servicio militar obligatorio. El cuestionamiento es interno, es cultural, es transgeneracional. El tema escala, constituye una controversia social. Es un punto álgido, sensible, incómodo. Menem revuelve sus papeles, a veces levanta la mirada por encima de sus lentes. Simula estar absorto.

El que expone es Oscar Camilión, ministro de defensa: “Tenemos los informes preliminares de todas las fuerzas. Sabemos que la profesionalización del servicio no puede ser de un día para el otro, y que habría que analizar cuidadosamente los costos”. El presidente hilvana el relato con construcciones verbales sueltas, repara en conceptos. La última palabra que pronuncia Camilión lo espabila. Interrumpe la ponencia: “¿Qué dice el ministro de economía? ¿Cuánto nos puede costar la modificación del servicio militar?”. Domingo Cavallo tiene preparada la respuesta. “Estuvimos evaluando el tema, presidente, y creemos que la eliminación del servicio militar obligatorio es totalmente factible y no paulatinamente, sino inmediatamente”.

Cavallo lo dice sin ingenuidad: intuye que es una voluntad incierta del presidente. Lo corrobora al distinguir en él un ademán sutil, automático y probatorio. Le envuelve una epifanía, la comprensión instintiva de haber parido una estrategia proselitista en vísperas de una reelección. Menem -escribió la periodista Nancy Pazos en un artículo publicado en el diario Clarín el 11 de junio de 1994- “puso cara de haber encontrado un oasis en el desierto”. Cavallo, congraciado, agrega una valoración: “Además no podemos desoír el reclamo de las madres”. El presidente no necesita más: acaba de tomar una decisión visceral, histórica. “Entonces lo hacemos”, enfatiza. “Llamen a los periodistas”, indica, cierra la carpeta, se levanta y se va.

Diez minutos después, en la puerta de la residencia de Olivos, resuelve el tema de tapa de los diarios de mañana. Su agenda prosigue en la Dársena Norte de Puerto Madero, donde después del mediodía debe dar la orden de zarpado de la Fragata Libertad. Pero no llega. Ante los periodistas convocados, exclama: “He dispuesto la eliminación del servicio militar obligatorio lo más rápido posible y su sustitución por fuerzas armadas totalmente profesionalizadas”. El anuncio sale de su boca, no de ministros ni voceros. La decisión de exonerar a los varones argentinos a realizar el servicio militar, una institución legendaria y regional, es política y personal.

“Ya anuncié lo del servicio militar optativo. Fui a informar yo antes de que se filtre”, refunfuña, al mediodía, mientras recorre la Fragata Libertad. El comentario obedece a un malestar por la indiscreción de sus ministros, afectos a revelar ante la prensa intimidades del gobierno. El disgusto es ligero y se dispensa cuando descubre el alcance de su osadía, la penetración estructural de su fallo. Menem, un estratega y un agitador, sacude el tablero político. Recupera el centro de la escena luego de no haber obtenido mayoría propia en la elección de convencionales constituyentes, de hace dos meses, la que necesita para aspirar a la reelección, que sería dentro de casi un año.

Abolir la conscripción supone un consuelo para la discusión pública, un remanso para los jóvenes nacidos desde 1976 en adelante -y para sus madres y padres-, y una convulsión interna. El anuncio de Menem, instintivo e impulsivo, desarticula las proyecciones: sorprende a los ministros y a las fuerzas armadas. No es que no suponen un cambio: asumen con cierta autocrítica la necesidad de un aggiornamento del servicio militar obligatorio, en crisis aguda pos guerra de Malvinas, dictadura cívico militar y juicio a las juntas. La imagen de las fuerzas armadas luce debilitada y objetada: emerge una voluntad por limitar la influencia militar en las decisiones políticas. Los recortes presupuestarios no hacen más que evidenciar el desencanto. El volumen de conscriptos lo trasluce: en 1983 habían sido 64.640; en 1994 son apenas dieciséis mil.

“Yo sé que nadie quiere hacer el servicio militar. A nadie le gusta. Rogamos que nos toque una bolilla baja. Esto es así y todos los padres también piensan lo mismo -reconoció el presidente el 18 de abril de 1994-. Pero es una obligación que emerge de la constitución nacional y de las leyes que se han dictado en su ejercicio. Mientras no se modifique este estado de cosas, tenemos que cumplir lo que dispone la ley. Se está tratando de reestructurar lo que hace al servicio militar obligatorio y a las fuerzas armadas en Argentina”. Por entonces, el mandatario sopesaba la teoría de abolir la obligatoriedad.

Ya se había desvirtuado su utilidad. Lo había establecido la Ley Nº 4.031 de 1901, cuando existía un ministerio de guerra y un ministro, el teniente coronel Pablo Riccheri, lo dispuso en tren de ejecutar una gran reforma del ejército. “Respondía a una doble necesidad estatal: por un lado, ampliar la reserva de soldados para el ejército de línea ante la posibilidad de que estallara un conflicto limítrofe con Chile o Brasil; por otro lado, se pretendía difundir los valores de la ciudadanía argentina y la disciplina entre los jóvenes para contrarrestar así la heterogeneidad resultante del amplio proceso inmigratorio y disminuir la conflictividad social en una época marcada por la movilización obrera”, escribieron Marcelo Castillo, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, y Rodrigo González Tizón, coordinador de investigaciones históricas del organismo.

Suponía una contribución castrense, una instrucción de moralidad. El paso de los argentinos por el servicio militar simulaba un puente de la juventud a la adultez: ingresaban niños, egresaban hombres; ingresaban rebeldes, insurrectos o transgresores, egresaban disciplinados, viriles y trabajadores, padres de familia dispuestos a irradiar al mundo civil los valores que habían incorporado durante su transición por la milicia. Era una suerte de ritual de masculinidad. Pero los años pasaron. Las sociedades cambiaron. Toda esa vaga premisa se fue licuando. En la década del setenta, los movimientos juveniles refutaron el status quo de la época. En la década del ochenta, las fuerzas armadas concentraron el repudio político y social, y el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO) comenzó su causa. En la década del noventa, el caso Carrasco hirió de muerte al servicio militar obligatorio.

La visión ya era homogénea: era una cosa demodé, fuera de su tiempo. Los estudiantes pasaban la noche previa al sorteo en vela. Se juntaban para escuchar sus tres últimos números del documento por radio nacional: los que obtenían una cifra baja entregaban dichosos su pelo y los que obtenían una cifra alta se ensañaban con los afortunados rapándolos o cortándoles mechones aleatorios. Lo comprendió el mismo presidente: “Yo sé que nadie quiere hacer el servicio militar”. La sensación era de desolación, de frustración. La deserción crecía exponencialmente. Las excusas, los trucos y los casos de objeción de conciencia para evitarlo, también. Los tres números del sorteo perduran, como cicatriz, en la memoria de los reclutados y de los salvados. Se había universalizado el acrónimo “colimba”, un neologismo sinónimo de conscripto, que deriva de las misiones básicas de un recluta: correr, limpiar, barrer o “bailar”, que en la jerga más que una danza es un ejercicio físico intenso de sometimiento, castigo y humillación. La sociedad había enquistado una idea: hacer el servicio militar era perder un año de estudio o trabajo, hacer el servicio militar era ser mano de obra gratuita al servicio de los oficiales.

En abril de 1994, una periodista le pregunta al presidente si la palabra colimba son las primeras sílabas de corre, limpia, barre. “Eso es lo que se dice”, contesta. “¿Es esa la función del soldado?”, inquiere la mujer. Menem ensaya una defensa encendida: “Usted no hizo el servicio militar y no se informó bien de lo que significa. ¿Sabe la cantidad de jóvenes que jamás conocieron un médico y cuando van al servicio militar son totalmente examinados? ¿Sabe la cantidad de jóvenes que llegan sin saber leer ni escribir y aprenden a leer y escribir? ¿Sabe la cantidad de jóvenes que aprenden, entre otras cosas, a higienizarse? ¿Sabe la cantidad de jóvenes que aprenden cosas que no pueden aprender en medio de las selvas, de los montes, de los cerros? No es tan solo correr, limpiar o bailar. Además, ¿qué es el baile en la jerga militar? El baile es la instrucción que se le da: carrera a mar, cuerpo a tierra, salto de rana, esto es el baile. Esa es la instrucción que se le da al soldado aquí o en cualquier parte del mundo. Se lo prepara para el caso de tener que combatir y defender al país”.

Por entonces, se presume que a Omar Carrasco lo asesinaron en un “baile” y la obligatoriedad del servicio militar permanece en revisión. El mismo presidente le reconoce a Clarín, el 16 de abril de 1994, que “lo ideal sería un servicio militar optativo”, y relativiza el método instaurado para disciplinar: “Desde 1983 hasta el día de la fecha han pasado por las fuerzas armadas quinientos mil argentinos y tan solo podemos contabilizar entre veinte, veinticinco -y no sé si me estoy excediendo- casos que han merecido la instrucción de sumarios a nivel de la justicia federal y militar. En diez años de democracia tan solo podemos contabilizar estos casos. La función que debe cumplir el soldado convocado por imperio de la constitución a cumplir con el servicio militar es riesgosa. Todos los que hicimos el servicio militar lo sabemos muy bien”.

Carlos Menem hace equilibrio. Mientras habilita una refundación de las fuerzas armadas, pide con énfasis no confundir los enfoques: “Aquí hay evidentemente una campaña feroz para tratar de desprestigiar a la institución de las fuerzas armadas, y en este caso al ejército. Se desprestigian los hombres, no las instituciones”. Los clase ‘75 deben volver al servicio el miércoles 20 de abril: la mayoría no quiere, algunos presentan habeas corpus, otros denuncian golpizas, envalentonados por un clima de época. El presidente naturaliza los excesos por la condición ancestral de su aplicación: “El otro día veía en un programa de televisión a una señora que leía una carta de un soldado de 1904 al que habían puesto de plantón bajo el sol. Esto le da la pauta de que siempre se dan este tipo de situaciones. Esto que ha sucedido lamentablemente con el soldado Carrasco no es nuevo aquí en la Argentina. Son casos aislados como en cualquier parte del mundo”.

El caso Carrasco no representa en sí un hecho único o, como dice Menem, “nuevo”: lo que sí es nuevo es el alcance del reclamo de los padres. Sebastiana, ama de casa, y Francisco, albañil, habían partido de Cutral Có para reencontrarse con su hijo Omar, de veinte años, quien cumplía el servicio militar obligatorio en el grupo de Artillería 161, el regimiento de Zapala, provincia de Neuquén. Era el viernes 18 de marzo de 1994 y se habían cumplido quince días de conscripción: Omar iba a disfrutar de su primera salida. Los padres llegaron al cuartel. Un oficial los atendió y les dijo que no estaba, que era un desertor.

Un cálculo de estatura, peso y perímetro torácico del examen médico militar lo había eximido de la colimba. Pero alguien resolvió que Omar estaba apto. Había llegado el 3 de marzo. Duró tres días. Sus padres desconfiaron de la teoría de la deserción. Denunciaron su desaparición. La búsqueda resultó estéril en términos efectivos -Omar no estaba por ningún lado- pero útil en concepto humanitario: toda la comunidad supo que había un conscripto desaparecido. Cutral Có, el pueblo petrolero que temía el frenesí de la ola privatizadora del presidente, lo hizo causa. Omar era joven, evangélico, humilde y trabajador: repartía pollos y ayudaba a su papá como albañil. La familia tocó puertas, visitó a otros militares, organizó marchas en silencio, habló con la prensa local. La noticia tomó estado nacional.

La presión social doblegó el encubrimiento. El cuerpo del último conscripto argentino apareció quince días después, el 6 de abril de 1994, a setecientos metros del edificio de la guarnición militar en el segundo rastrillaje: en el primero, había pasado por ese mismo sitio, no lo habían encontrado. Nadie investigó las huellas de vehículos militares ni las pisadas que había alrededor. Sus padres lo identificaron por el reloj, roto y detenido. El ejército procuró instalar la versión del suicidio o de una muerte por hipotermia. Un oficial dijo ante la prensa que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que lo habían encontrado fuera del predio militar. Nadie le creyó. Mientras un cuarto de la población de Cutral Có marchaba en silencio con pancartas que decían “No a la impunidad, sí a la vida”, a ochenta kilómetros, las calles de Zapala se llenaban de miembros de la inteligencia militar, quienes conducían la investigación paralela a la que dirigía el juez federal, Rubén Caro. El mismo Martín Balza, el jefe del ejército, había arribado a la ciudad de la víctima para intentar gestionar la crisis institucional.

El camuflaje era burdo. La verdad empezó a asomar por la superficie. La evidencia no era compatible con las hipótesis militares: el proceso de momificación constataba que el cuerpo había estado escondido en un lugar seco y oscuro, la nula presencia de heridas ocasionadas por perros cimarrones no coincidía con el lugar donde fue hallado, la ropa que le quedaba grande abonaba a la sospecha de un cadáver plantado. Los peritos forenses ratificaron que tenía costillas quebradas, un pulmón perforado y el ojo izquierdo reventado. Lo habían matado a golpes en un “baile” ordenado por el subteniente Ignacio Canevaro. Los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar participaron del ultraje. El conscripto estaba castigado y realizaba tareas de limpieza en un baño exterior al edificio. Una patada le fracturó una costilla y le perforó un pulmón. Sobrevivió durante sesenta horas. Pero en el hospital del cuartel instrumentaron un mal diagnóstico y un peor tratamiento. El paciente sufrió una hemorragia interna y una contusión pulmonar que produjo una insuficiencia respiratoria. Murió, y a sus padres les dijeron que había desertado.

En ese umbral de junio de 1994, las altas esferas de las fuerzas armadas son conscientes de que la eliminación de la conscripción es inevitable. Balza dice que está “plenamente de acuerdo con que la ley tiene que ser modificada”. Algunas fuerzas guardan desde hace años un proyecto de sistema mixto basado en conscriptos y voluntarios. El ejército, que absorbe el mayor número de los sorteados, adopta una actitud más cautelosa. El presidente Menem les había pedido un proyecto de transformación del servicio militar para encauzarlo hacia un sistema optativo y profesional. Camilión, ministro de defensa, contesta que no hay plazos ni proyectos de ley y desliza que, si bien la decisión política está tomada, deberá someterse a la voluntad del congreso.

Los militares confían en un salto gradual, en un período de transición de cinco años y en un sistema mixto, que se nutra de cuatro mil voluntarios, a partir de 1995. No es el plan del gobierno, que prefiere tiempos más cortos. Cuenta con el apoyo del radicalismo y la aprobación de un amplio espectro social. Estima que el nuevo sistema tendrá un costo de doscientos millones de dólares por año. La palabra “costo” es la que desvela al presidente en esa reunión de gabinete del viernes 10 de junio de 1994. “¿Qué dice el ministro de economía? ¿Cuánto nos puede costar la modificación del servicio militar?”, le pregunta a Cavallo, que le contesta lo que Menem quiere escuchar. “Entonces lo hacemos”, informa para sorpresa de los ministros.

Un mes después, el 4 de julio de 1994, el juez Caro procesa al subteniente Canevaro y a los soldados Suárez y Salazar por el crimen. El 31 de agosto el presidente firma el decreto 1.537, que dispone un nuevo régimen para soldados profesionales y que sirve de sustento jurídico para la aprobación de la ley 24.429 de servicio militar voluntario. El anuncio formal es un video que dura 46 segundos. Carlos Menem está sentado en un sillón de su despacho, con los dedos de las manos entrelazados, vestido de traje azul, camisa celeste y corbata amarilla. Un cuadro y la bandera argentina componen la escenografía de fondo. El presidente sobreactúa serenidad. “Hermanas y hermanos de mi patria -dice en tono pausado-. En este proceso de profunda transformación que vive la Argentina, no podían quedar ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. De esta manera, los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir”. Lo firman la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa.

Es el fin definitivo de un servicio a la patria casi centenario, que había quedado desfasado de su propósito original. Había surgido a principios del siglo XX para robustecer el cuerpo de soldados ante eventuales conflictos limítrofes y para favorecer la integración social y cultural de una sociedad con raíces heterogéneas: en su ocaso servía para cubrir las necesidades y caprichos de los uniformados. Ante esa coyuntura, Menem vislumbra al caso Carrasco como una plataforma política. Lo usa para su conveniencia. Aunque nunca lo diga, su decisión de abolir la colimba tiene un trasfondo netamente electoral: ve ahí su fuente de conservación de votos para obtener la reelección.

Casualidad o no, el domingo 14 de mayo de 1995 Menem será reelegido presidente por el 49,94% del padrón y, ocho meses después, el 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenará a Canevaro a quince años de prisión por homicidio simple, y sancionará, por el mismo delito, a diez años de cárcel a los soldados Suárez y Salazar. La Cámara de Casación y la Corte Suprema ratificará las penas ante sucesivas apelaciones. El sargento Carlos Sánchez será el único condenado por encubrimiento: recibirá una pena de tres años. En junio de 2005 la causa por encubrimiento prescribirá y los siete militares procesados terminarán sobreseídos. Nunca se sabrá qué sucedió realmente entre el 6 y el 9 de marzo de 1994 en el regimiento de Zapala, quién dejó el cuerpo de Carrasco en el descampado, qué fueron a hacer los oficiales de inteligencia del ejército al cuartel neuquino, qué decían los siete mensajes militares conjuntos (MMC) que intercambiaron con el Estado Mayor del Ejército dos días después del crimen y por qué esos textos desaparecieron, y qué otros Omar Carrasco hubo durante noventa y tres años en el servicio militar obligatorio.