El preludio de una ruptura: el día que Perón recibió a los diputados de la Juventud Peronista con cámaras de televisión

Enero de 1974 fue un mes de vértigo para la recientemente recuperada democracia en la Argentina, luego de los casi siete años que había durado la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina”, inaugurada en 1966 con el golpe que catapultó a la Casa Rosada al general ecuestre Juan Carlos Onganía y agotada por las luchas populares que obligaron a otro general, Alejandro Agustín Lanusse, a convocar a elecciones y entregar la presidencia al peronista Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973.

La ilusión de unidad y pacificación nacional con que había comenzado esa nueva etapa democrática parecía haberse esfumado poco más de seis meses después. La puja de poder entre las alas derecha e izquierda del peronismo había estallado de manera sangrienta el 20 de junio en Ezeiza, cuando la celebración del regreso definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina derivó en la masacre de Ezeiza.

A partir de allí, los tiempos políticos se aceleraron, con un claro giro a la derecha por parte de un gobierno que, en su primera composición, había intentado equilibrar a dos sectores irreconciliables dentro de la amplitud del movimiento peronista. La obligada renuncia de Cámpora -reemplazado provisionalmente en la Rosada por el presidente de la Cámara de Diputados y yerno de José López Rega, Raúl Lastiri- fijó el rumbo de esa deriva y puso un Perón desgastado y enfermo frente al desafío de una tercera presidencia, como último recurso para frenar la espiral de violencia que comenzaba a gestarse.

Para septiembre, antes incluso de la asunción de Perón, había estallado con dos acciones: el intento de copamiento del Comando de Sanidad Militar del Ejército en Buenos Aires por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el atentado que le costó la vida al sindicalista más cercano al líder justicialista, José Ignacio Rucci, ejecutado por Montoneros.

El 1° de octubre de 1973 -doce días antes de la asunción de Perón- el líder justicialista había dado a conocer en una reunión semisecreta lo que se llamó “El documento reservado”, que fue filtrado por un ministro a la prensa y cuyo contenido el gobierno terminó admitiendo dos días más tarde.

El documento, firmado por el propio Perón, denunciaba la “infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y agresiva a nuestros adherentes (especialmente sectores juveniles) colocándose así nuestros enemigos al frente del movimiento de masas que por sí solo no pueden concitar, tal que resulten orientando según sus conveniencias”.

La identidad de “los infiltrados” no quedaba en duda: Montoneros y sus organizaciones de superficie, otras organizaciones peronistas de izquierda y, por extensión, la izquierda marxista.

Para combatir esa “infiltración”, “se utilizará todos los (medios de lucha) que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito”. En otras palabras, propiciaba el accionar de grupos paraestatales.

El 21 de noviembre, la Triple A atentó contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen con explosivos que estallaron cuando encendió el motor de su auto.

Para la represión, todos entraban en la misma bolsa, justificada desde el gobierno por la muerte de Rucci pero también por el accionar del ERP, que seguía operando con blancos exclusivamente militares.

La situación se puso más candente que nunca el 19 de enero de 1974, cuando otro comando del ERP intentó copar la guarnición militar de Azul, lo que derivaría en la obligada renuncia -apenas cinco días después- del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, un peronista histórico que en esta nueva etapa tenía el apoyo del ala izquierda del peronismo y estaba en la mira de los sectores más recalcitrantes de la derecha, encarnados en su propio vicegobernador, el metalúrgico de ultraderecha Victorio Calabró.

El 22 de enero, en el medio de estos dos últimos hechos, el presidente Perón hizo una jugada que terminó de definir la situación del peronismo dentro del Congreso, donde la balanza dentro del movimiento se inclinó definitivamente a favor de la derecha.

El escenario no fue el palacio legislativo sino la quinta de Olivos, donde el líder justicialista recibió a ocho diputados de la llamada “tendencia revolucionaria” que le habían pedido una entrevista para plantearle sus objeciones a un proyecto de ley.

La ley que los diputados habían ido a cuestionar reformaba el Código Penal, incorporando medidas represivas, entre ellas la penalización de las huelgas y cualquier medida de acción directa de los trabajadores que no fueran avaladas por la burocracia sindical.

Llegaron creyendo que tendrían un encuentro a solas con el líder -tal vez acompañado por algunos de sus ministros- y que podrían transmitirle sus cuestionamientos con tranquilidad, pero se encontraron con un Perón que los esperaba en un salón donde había periodistas y cámaras de televisión.

Así, la escena que se desarrolló la tarde del 22 en el salón de la residencia presidencial de Olivos fue vista por todo el país.

“Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no tenemos la ley, el camino será otro, y les aseguro que puestos a enfrentar violencia contra violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarlos, y lo haremos a cualquier precio. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia”, les dijo Juan Domingo Perón. Su voz sonaba firme y encerraba una amenaza.

Después de esa frase, se hizo un silencio de muerte. Los diputados de la Juventud Peronista Rodolfo Vittar, Roberto Vidaña, Aníbal Iturriera, Armando Croatto, Carlos Kunkel, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Glellel y Diego Muniz Barreto demoraron en responder.

“Nosotros lo que decimos es que hay que hacerle modificaciones al proyecto…”,empezó a decir uno de los diputados.

“Bueno, hombre, háblenlo con el presidente del bloque (que era Humberto Martiarena)”, le respondió Perón. Y el diálogo que siguió fue definitivo:

“Quisimos hablarlo, general…”, insistió el diputado.

“¿Y?”, preguntó el general.

“Nos dijo que no había discusión posible”, explicó el diputado.

“Ah. Yo no voy a hablar con el presidente del bloque”, lo cortó el presidente.

Y después pronunció una frase que cerró toda posibilidad de diálogo:

“Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En ese sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. El que esté en otra tendencia, distinta de la peronista, lo que debe hacer es irse. En este aspecto hemos sido muy tolerantes con todo el mundo: el que no esté de acuerdo o al que no le conviene, se va”, dijo.

La reunión había terminado, Perón se puso de pie y los despidió con sequedad:

“Muy bien, señores, muchas gracias”.

Esa reunión fue el golpe definitivo para la izquierda peronista en el Congreso. La “tendencia revolucionaria” del peronismo había logrado ocho bancas en las elecciones del 11 de marzo de 1973, que consagraron a la fórmula presidencial del Frente Justicialista de Liberación, integrada por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima.

En realidad, por un acuerdo para el armado de las listas, les deberían haber correspondido más, ya que se había previsto un 25% para el sector. Sin embargo, una serie de factores había desembocado en ese resultado.

A pesar del interés cierto que Montoneros asignó a la ocupación de las bancas, la actividad legislativa no era la opción más atractiva para un militante ni el principal canal de lucha al que apuntaba la organización. Eso hizo que no peleasen con fuerza por el 25% que debía corresponderles y se conformaran con poco menos del 10%. Lo cierto es que se trató de omisiones y decisiones propias. “Omisiones, porque desconocían las reglas de juego de los mecanismos electorales, exponiéndose a modificaciones imprevistas de las listas o, directamente, a la desaparición de las ya confeccionadas. Decisiones, porque el grueso de los militantes, ante la posibilidad de asistir a una reunión para discutir cómo se armaba una lista, optaba por dedicarse a tareas que consideraba más importantes”, señalan Martin Oliver, Lucía Romero y Luisina Perelmiter en El acceso de Montoneros al gobierno: El caso de los diputados nacionales.

El autor de esta nota recuerda una charla, meses después de las elecciones, con un militante montonero de La Plata en la que se tocó el tema: “Me ofrecieron ir en la lista de concejales. Les contesté que ni loco, que yo seguía con mi trabajo en la fábrica, que yo milito para hacer la revolución, no para sentarme en una banca de concejalito”, dijo.

Esa mezcla de ingenuidad para manejarse en la “rosca política” y de desprecio por los cargos legislativos los terminó poniendo en una situación de notoria debilidad en las negociaciones y las luchas parlamentarias.

A la dirigencia montonera le interesaban los cargos ejecutivos, tanto de primera como de segunda línea, donde creía que podría imponer medidas políticas y disputar poder. En cambio, daba relativa importancia a los cargos legislativos.

En la Cámara de Diputados de la Nación, de los legisladores de “la tendencia” que fueron elegidos solo cuatro eran realmente cuadros de la organización: Kunkel, Vidaña, Croatto y Vittar.

“Los otros no eran orgánicos o eran de un nivel muy bajo. Eran amigos que se movían más o menos próximos. El bloque era variable, no era un grupo fijo de ocho; esos ocho que renunciaron no eran todos. Por momentos eran once o doce”, relataría muchos años después el dirigente de Montoneros, Roberto Perdía.

Para el momento en que Perón recibe en la quinta de Olivos a los diputados de “la tendencia”, esa mezcla de desprecio por los cargos parlamentarios e ingenuidad política ya había dado pruebas de sus resultados.

En noviembre de 1973 se había sancionado la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, cuyo contenido había sido exclusivamente diseñado por las cúpulas de la CGT y las 62 Organizaciones y había recibido la bendición del propio Perón.

Esto ocurría en el contexto de una fuerte disputa de dos sectores del peronismo por la hegemonía dentro del movimiento obrero: por un lado, la tendencia revolucionaria, representada por la Juventud Trabajadora Peronista, por el otro la burocracia sindical.

“Con este instrumento legal, la ya debilitada democracia interna de las organizaciones gremiales terminaba de resentirse. La nueva ley podía utilizarse para neutralizar las revueltas antiburocráticas que, ya desde el Cordobazo, venían cuestionando la autoridad de la vieja dirigencia sindical. Dentro de la Juventud Peronista, será principalmente la JTP montonera la rama que reaccionará ante la presentación de este proyecto de reforma de ley, por verse atacada en un ámbito muy importante de su apuesta política, en el cual venía intentando aumentar su injerencia”, resumen Oliver, Romero y Perelmiter.

En esa ocasión, la disputa se dirimió con facilidad a favor de la burocracia sindical y la ley terminó siendo votada incluso por los acorralados los diputados de “la tendencia”.

El ministro de Trabajo y hombre de la burocracia, Ricardo Otero, había marcado la cancha con una simple frase: “Este proyecto cuenta con el aval y el apoyo del General Perón. Quien cuestiona el proyecto, está cuestionando a Perón”, había dicho.

Dos días después de la entrevista con Perón en Olivos, los diputados Kunkel, Croatto, Glellel, Iturrieta, Vittar, Muniz Barreto, Díaz Ortiz y Vidaña renunciaron a sus bancas. Corría el 24 de enero y se votaba la reforma del Código Penal en la Cámara.

Las renuncias de los ocho diputados apuntaron en dos sentidos contradictorios: manifestar tajantemente la oposición de Montoneros a la Ley, pero evitando un voto en contra que “rompería” la ficción de unidad del bloque peronista en la Cámara de Diputados.

Sus bancas fueron ocupadas por Rodolfo Ortega Peña, del Peronismo de Base, Miguel Zavala Rodríguez y Leonardo Bettanin, ambos de “la tendencia”. Los otros cinco lugares quedaron en manos de diputados de la ortodoxia y de la burocracia sindical.

La balanza terminaba de inclinarse.

Perón firmó un decreto el lunes 28 de enero de 1974, en el que Alberto Villar era ascendido a comisario general y nombrado subjefe de la Policía Federal. Se trató de la consolidación del accionar de los grupos parapoliciales.

El 29 de enero, presionado por Perón, renunció Oscar Bidegain, gobernador de la Provincia de Buenos Aires cercano a “la tendencia”. En su lugar asumió Victorio Calabró.

Los ocho diputados, días después, fueron expulsados del Partido Justicialista. Los distintos sectores de la derecha ya manejaban todos los resortes del Movimiento Peronista.

La ruptura definitiva se daría el 1° de mayo de ese mismo año, cuando las columnas de la JP y de Montoneros cuestionaron a Perón y se fueron de la Plaza de Mayo.