La tragedia de Bhopal, cuando una fuga de gas mató a miles de personas en una sola noche y nadie pagó las culpas

Cualquier espectador desprevenido que no le preste atención al aviso “una historia basada en hechos reales” que aparece al principio puede llegar a seguir la trama de “Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984″, la serie que acaba de estrenar Netflix, como una impactante obra de ficción.

La trama de la serie gira en torno a tres empleados de los ferrocarriles de India y un ladrón, que ante la aparición de una nube de gas mortal en Bhopal arriesgan sus vidas para salvar las vidas de decenas de pasajeros que esperan la llegada de un tren mientras en los andenes de la estación y en otras partes de la ciudad el fluido venenoso mata a personas que sufren horribles convulsiones como si fueran insectos.

Pero los hechos que narra la historia no son producto del ingenio de un agudo guionista y el talento de un director de cine sino las consecuencias reales de una tragedia ocurrida hace 39 años, causada por la irresponsabilidad deliberada de una empresa multinacional, apañada por un gobierno que en lugar de proteger a sus ciudadanos prefirió mirar hacia otro lado, tentado por las inversiones y la corrupción.

Esa combinación siniestra provocó que la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984 una nube tóxica invadiera la ciudad de Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh, India, donde una fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Union Carbide dejó escapar isocianato de metilo, un gas venenoso que se utiliza para fabricar insecticidas.

Las escalofriantes escenas que muestra la serie son fieles reflejos de la realidad que se vivió esa noche en Bhopal: cuando se extendió el gas tóxico formando una enorme nube, todos los habitantes comenzaron a sentir un fuerte ardor en los ojos hasta llegar al punto de no poder ver y otros se desmayaron, mientras que muchos corrían desesperadamente hasta quedarse sin aire en los pulmones y morir. Muchos de los que llegaron a ser trasladados a los hospitales, murieron allí a causa de hemorragias internas ante la mirada impotente de los médicos y enfermeros.

El personal de salud no sabía cómo tratar a las víctimas porque, cuando se produjo el escape, ni Union Carbide ni el gobierno indio les informaron qué productos se almacenaban en la fábrica ni qué gas era el que se había escapado. De haberlo sabido, tampoco habrían podido hacer mucho, porque al carecer de información previa sobre los tóxicos que usaba la empresa no había en los hospitales antídotos ni otros medicamentos para contrarrestar sus efectos.

El accidente se produjo debido a un aumento de presión en uno de los tanques de almacenamiento, que hizo se abriera la válvula de seguridad y liberara el gas a la atmósfera, mientras los sistemas de seguridad de la planta, como el lavador de gases y la torre de quemado, no dieron respuesta a la emergencia debido a que hacía meses que no se los controlaba y no estaban en condiciones de funcionar.

El isocianato de metilo (MIC) es una sustancia que se puede absorber por inhalación y a través de la piel; ataca a los sistemas respiratorio y circulatorio, con síntomas similares a los de un ataque de asma.

La inhalación continua durante unos minutos provoca la muerte por quemadura química de los pulmones y tiene efectos mutagénicos. Muchas personas quedaron ciegas o sufrieron la destrucción del olfato, oído o tacto. Otras sucumbieron a efectos secundarios neurológicos, inmunológicos y cancerígenos. Muchas mujeres embarazadas tuvieron abortos espontáneos, otras que dieron a luz en los meses siguientes, alumbraron hijos con malformaciones congénitas. Provocó también daños genéticos y hormonales en decenas de miles de personas.

Casi cuatro décadas después no se conoce con exactitud la cantidad de víctimas fatales de ese mismo día, calculadas en más de siete mil, mientras que alrededor de medio millón de personas sufrieron los efectos del gas, con consecuencias que llevaron a millares de ellas a la muerte en los años siguientes.

El propietario de la fábrica del desastre, Union Carbide India (UCIL), era el accionista mayoritario de Union Carbide Corporation, una empresa estadounidense que, además, tenía bancos controlados por el gobierno indio con una participación del 49,1%.

Era una de las empresas más poderosas de India, con fuertes vinculaciones en el Estado y fluidas relaciones con los gobiernos que se sucedieron desde que desembarcó en el país.

La planta de Bhopal venía siendo denunciada por afectar el medio ambiente desde 1969, cuando comenzó a verter residuos químicos en el subsuelo, contaminando pozos de agua y acuíferos.

Carbide sabía los daños que estaba causando, porque tenía estudios sobre la toxicidad del terreno con resultados alarmantes que nunca dio a conocer para evitar el cierre de la planta y el pago de las indemnizaciones por daño ambiental.

Esa irresponsabilidad empresarial también era evidente en el funcionamiento cotidiano de la fábrica, con tareas de mantenimiento casi nulo y personal al que casi no se le daba capacitación para reducir los costos.

Para 1984, la seguridad de los tanques donde se almacenaba el isocianato de metilo era casi nula.

En el momento del accidente la instalación albergaba tres tanques de MIC líquido, E-610, E-611 y E- 619, que por normas de seguridad no debían llenarse con más de 30 toneladas -el 50 por ciento de su capacidad- de MIC presurizado con gas nitrógeno inerte.

La empresa tampoco cumplía con ese requisito. En octubre de 1984 el tanque E-610 que contenía 42 toneladas de MIC líquido perdió la capacidad de contener la presión del nitrógeno, lo que significaba que no se pudieron bombear las 42 toneladas de MIC líquido que contenía.

Los intentos de restablecer la presión del nitrógeno resultaron infructuosos, por lo que se suspendió la producción de MIC y partes de la planta se cerraron por mantenimiento. Entre los sectores que salieron de funcionamiento se encontraban la torre de antorcha -necesaria para quemar el gas- que una tubería corroía.

Con la torre fuera de servicio, la producción no podía reanudarse, porque era imposible quemar el gas, una medida indispensable para evitar que se dispersara por la atmósfera.

Sin embargo, Unión Carbide no demoró seguir produciendo sus plaguicidas, para lo cual utilizaba el gas de los dos tanques restantes.

A principios de diciembre la mayoría de los sistemas de seguridad relacionados con el almacenamiento de MIC funcionaban mal y muchas válvulas y líneas estaban en pésimas condiciones. Por si fuera poco, varios lavadores de venteo y la caldera habían quedado fuera de servicio.

La tragedia se inició cuando se estaban realizando tareas de limpieza con agua a presión que, por fallas en el mantenimiento en los tanques entró -junto con cristales de cloruro sódico, restos de metal y otras impurezas- en contacto con el gas almacenado en el tanque 610, lo que provocó un incremento en la temperatura que derivó en un exceso de presión que, a su vez, abrió las válvulas de seguridad.

Eso fue lo que liberó el gas tóxico a la atmósfera. Así y todo, el desastre se pudo haber evitado si hubiesen funcionado el sistema de refrigeración del tanque y el catalizador de gases previó a la salida al exterior, pero estos dos mecanismos estaban desactivados para ahorrar costos.

A esas fallas técnicas se sumó el factor humano, debido a la falta de capacitación de los empleados. Cuando los instrumentos mostraron que la presión del tanque era excesiva, dieron por hecho -sin comprobarlo- que esa lectura era falsa porque los instrumentos no funcionaban bien.

A las 11.30 de la noche del 2 de diciembre, los trabajadores del área cercana al tanque comenzaron a sentir los efectos del gas y buscaron una fuga. La encontraron 15 minutos después pero, cuando le avisaron al supervisor, les respondió que solucionarían el problema después de hacer la pausa para el té de las 0.15.

A esa hora, precisamente, la reacción en el tanque 610 se disparó hasta alcanzar un estado crítico, con parámetros de temperatura y presión fuera de toda escala. Uno de los empleados que había quedado de guardia vio como se agrietaba una losa de cemento cuando la válvula de alivio de presión se abrió de golpe.

Durante la hora que siguió se escaparon 30 toneladas de gas a la atmósfera, donde el viento lo llevó hacia el peor de los lugares: la ciudad de Bhopal. Desesperados, los trabajadores evacuaron la planta y huyeron en dirección contraria al viento para evitar que el gas mortal los alcanzara.

Nadie avisó a la ciudad, que dormía mientras el viento llevaba hacia ella el gas que sembraría la muerte.

Al entrar en contacto con el aire, el isocianato de metilo comenzó a descomponerse en varios gases extremadamente tóxicos -fosgeno, metilamina, soda cáustica y cianuro de hidrógeno-, que formaron una nube letal que, al ser más densa que el aire atmosférico, recorrió a toda la ciudad casi al ras de suelo.

Miles de personas y decenas de miles de animales murieron casi inmediatamente, asfixiadas por la nube tóxica, mientras otros trataban desesperadamente escapar de la ciudad, en una evacuación desordenada que provocó decenas de accidentes.

La gente moría en la calle y en las casas, en medio de horribles convulsiones, vómitos de sangre y otros dolorosos síntomas.

Ninguna de las víctimas de ese primer momento alcanzó a saber qué era eso que flotaba en el aire y las estaba matando. Muchos más murieron en los días siguientes.

Los hospitales no tardaron en colapsar, mientras las autoridades del gobierno local quedaron prácticamente paralizadas, sin saber qué medidas tomar.

Recién horas después, el gobierno estatal declaró el estado de catástrofe.

La planta no volvió a funcionar y quedó como fantasmal testimonio del crimen ambiental que había provocado, mientras todo el entorno fue seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarían muchos años en desaparecer.

Union Carbide y el Gobierno indio, que asumió la representación de las víctimas, cerraron en 1989 un acuerdo extrajudicial por el que la empresa pagó 470 millones de dólares. El 93% de las 500.000 personas que recibieron compensaciones obtuvieron 327 euros.

El 7 de junio de 1999, el tribunal indio que juzgaba este desastre condenó a ocho directivos de Union Carbide a dos años de prisión y a abonar una multa de 8.900 euros, lo que fue tomado por la opinión pública como una verdadera burla frente a la tragedia causada por el gigantesco escape de gas letal.

El máximo responsable de la tragedia, el directivo norteamericano a cargo de la planta, Warren Anderson, quedó impune hasta su muerte. Pocos días después de la fuga de gas, se fugó él mismo del país hacia los Estados Unidos para nunca regresar.

Desde 1999 hasta el año 2013 se han realizado muchos estudios independientes sobre el agua contaminada y los datos fueron de suma gravedad: el mercurio ha superado hasta 6 millones de veces los límites de seguridad; el tricloroetileno, un compuesto que afecta al desarrollo de los fetos, más de 50 veces; y continuaba detectándose la presencia de isocianato de metilo en la leche materna de las mujeres.

Hoy, a un kilómetro de la fábrica de Union Carbide está la clínica Chingari, que en español significa “chispa”. Allí hay centenares de personas en rehabilitación, que todavía sufren las consecuencias de la fuga de gas. Muchos son niños y jóvenes, nacidos después de la tragedia con problemas genéticos.