La conspiración contra Salvador Allende Gossens comenzó antes de que asumiera el 4 de noviembre de 1970. Primero se hicieron todos los esfuerzos para que el candidato de la Unidad Popular no triunfara electoralmente. Aquí fueron muy importantes los aportes económicos de sectores del gobierno y particulares del exterior. Los comicios tuvieron lugar con gran normalidad el viernes 4 de setiembre de 1970. A la noche los resultados consagraban a la Unidad Popular en el primer puesto con el 36,3 % del electorado. A escasa distancia, la derecha lo seguía Jorge Alessandri (34,9 %) y con varios puntos de distancia se ubicó el democristiano Tomic (27,8 %).
Tras el triunfo electoral del 4 de septiembre la iniciativa se traslado al sector político. Había dos caminos: El primero fue intentar convencer al sector de la Democracia Cristiana que no votara por el socialista Allende en el Congreso Pleno. Durante una dramática reunión, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana convino en que sus legisladores darían el voto a Salvador Allende el 24 de octubre, bajo la condición de que aceptase siete Estatutos de Garantías Democráticas. Dichas garantías, que deberían incorporarse a la Constitución, trataban sobre el papel de los medios de comunicación; los partidos políticos; las Fuerzas Armadas; el derecho de reunión y de libertad personal; el derecho a asociarse y agremiarse, y el derecho de peticionar y huelga. Durante esas jornadas, el presidente de la Democracia Cristiana expresó que “negarle la posibilidad a Allende sería como decirle al 36 % del electorado, ustedes tienen derecho a participar en las elecciones, pero no pueden ganar”.
El gobierno de Richard Nixon hizo todos los esfuerzos posibles para impedir la victoria de Allende. El 15 de septiembre de 1970, en la sede central de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), en Langley, Virginia, su director, Richard Helms, recibió al teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Apenas habían transcurrido once días de la victoria (parcial porque debía ungirlo el Congreso Pleno) de Salvador Allende cuando EE.UU. comenzó a conspirar para que el candidato de la Unidad Popular no asumiera el poder constitucional. La invitación a que Alejandro Lanusse visitara Washington para conversar con el jefe de la CIA respondía a ese objetivo. La trama de la entrevista figura en el “Legado de cenizas - La historia de la CIA”, de Tim Weiner. El autor cuenta que Helms le pidió al agente Tom Polgar (jefe de la base en Buenos Aires) que urgentemente invitara a Washington al comandante en jefe del Ejército Argentino.
Dice Weiner en su libro: “La tarde del 15 de setiembre, Polgar y Lanusse estaban sentados en la suite del director del cuartel general de la CIA, aguardando que Richard Helms regresara de una reunión con Richard Nixon y Henry Kissinger. Helms estaba muy nervioso cuando volvió [...] Nixon le había ordenado que organizara un golpe de Estado en Chile [...] Helms tenía cuarenta y ocho horas para presentar un plan a Henry Kissinger y cuarenta y nueve días para detener a Allende. “No deje piedra sin mover para impedir la elección de Allende y hay que reventar la economía” fueron los consejos presidenciales. Con este panorama Helms se dirigió al general Lanusse y le preguntó qué querría su junta militar por ayudar a derrocar a Allende. El general argentino miró fijamente al jefe de la inteligencia estadounidense y le dijo: “Señor Helms, usted ya tiene su Vietnam; no me haga a mí tener el mío”. El 16 de septiembre de 1970, según un Memorándum de archivo, sobre el “Proyecto Fulbelt”, durante una cumbre de Helms con los principales funcionarios de la CIA, el jefe de la inteligencia sostuvo que “el Presidente Nixon decidió que el régimen de Allende en Chile no es aceptable para Estados Unidos. El Presidente le pidió a la Agencia que impida que Allende asuma el poder o que lo desaloje de él. El Presidente destinó diez millones de dólares con este propósito. En esta cumbre Thomas “Tom” Karamessines, asistido por un equipo de Operaciones, asumió la responsabilidad absoluta de proyecto.
Fracasado el intento de comprometer al jefe militar argentino, en esos días la operación de impedir la consagración de Allende pasó por crear un acto de convulsión y así se hizo. El 22 de octubre, a poco más de cuarenta días del triunfo electoral de Allende, y a dos de su proclamación en el Congreso Pleno, un grupo armado intentó secuestrar, a la salida de su casa en el Barrio Golf, al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, quien hasta ese momento había rechazado todas las insinuaciones de desviar el orden institucional. El militar intentó resistirse, fue baleado y murió el 25 de octubre. Como responsable e inspirador de la muerte fue señalado el general chileno Roberto Viaux Marambio.
Henry Kissinger relató en sus Memorias que Tom Karamenessis, jefe de Operaciones Secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), informó en esas semanas que “no existe actualmente un clima de golpe”. El 15 de octubre, el citado jefe de la CIA informó que la “única posibilidad que quedaba era un plan de aficionados, organizado por un tal general Roberto Viaux para secuestrar al general Schneider y llevarlo a la Argentina. El plan es desesperado. Lo descarté. Nada sería peor que un golpe abortivo. Nixon estuvo de acuerdo”. Según la versión de Kissinger, Viaux no quería o no podía ya frenar el plan en marcha. Kissinger volvió a anotar: “Entonces, el 22 de octubre, el grupo Viaux, al cual explícitamente se le había dicho que desistiera, por medio de la CIA, el 17 de octubre, prosiguió por su cuenta, desafiando a la CIA y sin nuestro conocimiento. Trataron de secuestrar al general Schneider y estropearon todo”.
Al no poder impedir el acceso al poder de la Unidad Popular la conspiración se traslado a una tercera variante: Hacer que el gobierno de Allende dure lo menos posible. El verdadero mentor de la conspiración fue el general Sergio Arellano Stark, el ex edecán militar del presidente Eduardo Frei Montalva. En 1971 regresó a Chile de su agregaduría militar en España y asumió como comandante del Regimiento de Infantería nº 2 “Maipo”, en el puerto de Valparaíso. En esa calidad, mantuvo reuniones conspirativas con efectivos de la Armada que originaron el golpe de Estado, entre ellos José Toribio Merino y Patricio Carvajal. En diciembre de 1972 regresó a Santiago como general, asumiendo el mando del nuevo comando de tropas del ejército en Peñalolén. A mediados de 1973 mantuvo nuevas reuniones que planificarían el golpe final de Estado. Mientras avanzaba el descalabro generado por el gobierno de Allende no faltaron aquellos que generaron planes para salir de la crisis. Unos intentaban emparchar la situación, otros trabajaron para suceder al gobierno de la Unidad Popular, darlo por terminado. Fue en esas horas que Merino dijo a los conspiradores:
--¿Están locos? ¿Y qué vamos a hacer después de derrocar a Allende? ¿Cómo vamos a gobernar un país que está en ruinas?
--¿Y si ustedes contaran con un plan de reconstrucción?, le preguntó uno de los presentes.
Si se tiene en cuenta lo que posteriormente relató Arturo Fontaine Aldunate en “Los economistas y el Presidente Pinochet”, la conspiración comenzó a gestarse seriamente en agosto de 1972, cuando los comprometidos mantuvieron un largo almuerzo en el Círculo Español de Valparaíso: “El plan que quieren los marinos empieza a trabajarse a partir de esa reunión. La elaboración del proyecto les llevaría más tiempo del previsto y finalmente cuando lo terminaron, denominaron “El Ladrillo” al extenso documento. A partir de ese momento los marinos podían decir, no sin preocupación, “tenemos un plan”. Ahora, todo era cuestión de esperar el momento más propicio. El que recibió el pedido fue Roberto Kelly, un ex oficial naval, compañero de camada de futuros almirantes. Amigo de quien más tarde sería canciller en una de las etapas del gobierno de Pinochet, el empresario Hernán Cubillos Sallato. Además de Cubillos, Kelly y el empresario Agustín Edwards frecuentaban a altos oficiales de la Armada, como Merino (quien llegaría a comandante en jefe de la Armada), Patricio Carvajal (jefe de la Defensa Nacional) y Arturo Troncoso Daroch. “Botar a Allende no cuesta nada. Lo importante es qué hacer con el Gobierno; cómo solucionar los problemas económicos”, le transmitieron a Kelly y éste se comprometió a presentarles un plan en treinta días, pero finalmente “Kelly les ofrece a los marinos el estudio en un plazo de noventa días”. Es decir para noviembre de 1972. Apareció luego Alvaro Bardón, con conexiones con economistas de la Democracia Cristiana y el ex presidente, Eduardo Frei, que lo había nombrado asesor del Consejo del partido. Después fueron convocados Pablo Baraona, Manuel Cruzat, Sergio de Castro, Andrés Sanfuentes, Sergio Undurraga Saavedra, Juan Villarzú, José Luis Zabala y Raúl Sáez. No eran más de diez. Todos con experiencia empresaria; muchos con estudios de postgrado en el exterior y todos, absolutamente todos, convencidos que el gobierno de Allende llevaba a Chile al precipicio y que la salida a esa situación debía ser no convencional. Así fue como todos, después del martes 11 de Setiembre de 1973, tuvieron cargos en los distintos niveles de la conducción económica del gobierno militar.
El 2 de Noviembre de 1972 en un discurso transmitido por radio y televisión, el Presidente anunciaba la incorporación de militares al gabinete ministerial. El Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats González se hacía cargo de la cartera de Interior; en Obras Públicas era designado el contralmirante Ismael Huerta y en Minería asumía el general de la Fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda Donoso. Frente a los hechos, Frei declaró que el gobierno de la Unidad Popular “con habilidad y audacia utiliza a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo del desastre económico, político y social que enfrenta Chile”.
Tras Arellano y el almirante Merino apareció el general Gustavo Leigh Guzmán el jefe de la Fuerza Aérea, quien más tarde escribiría que “los militares preparaban el derrocamiento de Allende era también una verdad a medias”. Nada se sabía en cambio de la actitud de las otras dos armas y de Carabineros. No se conocía el pensamiento de los Altos Mandos del Ejército (aunque estaba en marcha una revuelta, no institucional de la fuerza, como se probaría semanas más tarde con el “tanquetazo”)”. Entre mayo y junio de 1973 la Fuerza Aérea había elaborado el “Plan Trueno” que “era un plan líquido, para actuar en cualquier situación de emergencia política que se produjera durante esos días”, explicaría más adelante el general Gustavo Leigh Guzmán.
El 21 de agosto de 1973, por la tarde, se realizó una manifestación de mujeres de oficiales del Ejército frente a la residencia del general Carlos Prats en la avenida Presidente Errázuriz. Varias de ellas lograron entrevistarse con la esposa de Prats y le entregaron una carta quejándose de que sus “maridos ya no pueden usar el uniforme que con tanto orgullo siempre lo hicieron para evitar ser insultados” y que “(...) el desconcierto del futuro de un país que progresaba y hoy sufre el descalabro económico más desastroso del mundo no nos permite ofrecer seguridad a nuestros hijos”.
A Sofía Cuthbert de Prats también le solicitaron que transmitiera que el Ejército debía permanecer al margen de la política y que esta situación “los ha llevado al límite de su desesperación”.
El 22 por la mañana, Prats reunió en su despacho del Ministerio de Defensa al cuerpo de generales y le solicitó una actitud de respaldo. De los dieciocho que lo integraban sólo seis acompañaron su pedido (Pinochet, Brady, Pickering, Sepúlveda Squella, Urbina y González). Ante la obvia fractura evidenciada entre sus subordinados a Prats no le quedó más remedio que presentar la renuncia. Como todo comentario en la intimidad Prats dijo: “Lo que viene es espantoso”.
El 23 de agosto, el general Augusto Pinochet Ugarte fue designado Comandante en Jefe del Ejército. El segundo integrante de la Junta que daría el golpe de septiembre se hacía cargo de la conducción de su Fuerza (hasta ese momento ya lo era, pero en calidad de interino). Faltaban menos de treinta días para el 11 de septiembre de 1973.