Testimonios dolorosos, la presencia de Borges y sin TV: a 35 años del comienzo del Juicio a las Juntas

“Todos de pie”. La frase, la fórmula cinematográfica, le resultó conocida a las 400 personas que llenaban la sala. Pero no se trataba de una película. Seis hombres de traje (sus mejores trajes) ingresaron a paso lento y ocuparon su lugar en el elevado estrado. La tensión estaba instalada en sus rostros. Sabían que los meses que seguirían no iban a ser fáciles para ellos.

Eran las 15.07 horas del 22 de abril de 1985.

Hace 35 años comenzaba el Juicio a las Juntas Militares. Un proceso histórico y fundacional de nuestra democracia. Una respuesta estatal a los crímenes aberrantes que desde el propio Estado se habían cometido años antes.

Todo había empezado mucho antes de ese día. Tras la Guerra de Malvinas, Raúl Alfonsín se propuso ser Presidente. Durante el invierno de 1982, mientras se establecían las reglas de la larga transición (duraría casi 18 meses: hoy sería impensable que algo así pudiera ocurrir), Alfonsín se reunía con diversos especialistas para pensar el país posible luego de las elecciones, que todavía no tenían fecha. Uno de esos grupos estaba integrado por prestigiosos juristas. Lo encabezaba Carlos Nino. Otros miembros eran Genaro Carrió, Eduardo Rabossi, Osvaldo Guariglia, un joven Ricardo Gil Lavedra y luego se incorporaría Jaime Malamud Goti. Alfonsín -todavía muy lejos de ser Presidente: ni siquiera era el candidato indiscutido de su partido- le encomendó a estos hombres que pensaran una arquitectura jurídica para que los tribunales revisaran el pasado reciente. Quería saber qué se podía hacer, cómo se podía hacer y cuáles eran los límites que imponía la Justicia. “De la política me encargo yo”, les dijo. Allí empezó el trabajo de pensar nuevas estrategias, de generar marcos jurídicos para crímenes brutales e inéditos, para metodologías no contempladas en el código penal. Además, debían sortear varios obstáculos. En el medio hubo una autoamnistía militar que contó con el apoyo del partido peronista y de parte de la prensa. Cuando los juristas estudiaban las diferentes estrategias para juzgar a las Juntas buscaron antecedentes en el extranjero. En ese momento se dieron cuenta que la tarea que encararían sería inédita.

Ese grupo fue el que diseñó la teoría de los tres niveles de responsabilidad: el de las cúpulas, los que impartían las órdenes; los que se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes; y los que las cumplieron, el de la obediencia debida. Ese era el esquema original que tomó forma definitiva luego de que Alfonsín ganara las elecciones el 30 de octubre. El día antes de la asunción, el 9 de diciembre de 1983, mientras los empleados de protocolo preparaban las diferentes ceremonias, Malamud Goti y Nino redactaban febrilmente dos decretos que saldrían en los primeros días de Gobierno. El N° 157 y el N° 158: los que determinaban el juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones armadas (Firmencih, Perdía, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo y otros) y el que ordenaba que fueran llevados a juicio los miembros de las tres Juntas Militares.

Los cálculos previos de los especialistas indicaban que debían ser juzgados al menos dos mil personas por los crímenes ocurridos durante el Proceso. Alfonsín sabía que ese número era imposible de manejar para los tribunales, pero en especial para la frágil democracia. Su Gobierno nunca tendría ese margen de acción. Un cálculo optimista estableció que finalmente serían cien los llevados ante los jueces. Pero en la práctica eso también se demostró como imposible.

Otra renuncia, otra claudicación que miraba el cuadro general, la importancia histórica del gesto simbólico que implicaba tener a los comandantes en el banquillo de los acusados: las investigaciones y juicios se limitarían a lo ocurrido desde el 24 de marzo de 1976, sin ahondar en los varios centenares de crímenes perpetrados por la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón.

Los modos democráticos de Alfonsín y la mayoría peronista en el Senado hacían que varias iniciativas fueran más complejas de llevar adelante de lo que el sentido común y la memoria indican.

La primera semana del Gobierno de Alfonsín fue frenética. Los mensajes enviados a la sociedad respecto al respeto a los derechos humanos y al fin de la impunidad fueron múltiples y contundentes. En la primera sesión del Congreso se impulsó la derogación de la autoamnistía y se modificó el Código de Justicia Militar (CJM). Esa semana también se creó la Conadep y se dictaron los decretos 157 y 158.

El cambio del CJM fue fundamental en esta historia. Se modificó un artículo que permitió que la Cámara Federal fuera el tribunal de apelación. El Gobierno decidió que los militares fueran juzgados por sus pares. Todavía, en ese tiempo, persistía la ilusión de que las Fuerzas Armadas se auto depuraran. Pero eso no sucedió. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas nunca se expidió. Encontró cientos de argucias y dilaciones para no empezar su tarea. Tenía seis meses para hacerlo. La Cámara Federal le extendió el plazo pero cuando ya fue evidente que no habría avances, utilizó uno de los recursos que le otorgaba la reforma del CJM. Se abocó y tomó la causa bajo su poder. La justicia civil, seis jueces civiles, juzgarían a los jefes militares del Proceso.

Los acusados eran los nueve que integraron las diferentes juntas: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya. Los que habían sido dueños y señores de la vida del país enfrentarían a la Justicia.

El único que llegaba al juicio en libertad era Omar Graffigna. Los otros ocho acusados estaban detenidos desde hacía meses por distintas causas que incluían el Golpe de Estado, Malvinas y las violaciones a los derechos humanos. Estaban en la unidad militar de Magdalena, la U-22. Las condiciones de detención no eran rígidas. Cada uno tenía una pequeña vivienda, ingreso irrestricto de visitas, parrilla para hacer asado, acceso a la tecnología y medios de la época y hasta auto para moverse por dentro de la Unidad.

Contrariamente a lo que se supone en la actualidad, el resultado del juicio no se conocía de antemano. En realidad ni siquiera se sabía si podría terminarse. Las presiones y amenazas eran múltiples. Ni siquiera gozaba de consenso. Muchos se oponían a su realización. Alfonsín tomó la decisión de que se llevara adelante pese al consejo de Antonio Troccoli, su ministro del Interior. Al principio muchos creían que el juicio no tendría lugar, luego que se interrumpiría a las pocas audiencias o que la sentencia sería absolutoria.

Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Andrés D’Alessio y Guillermo Ledesma fueron los jueces. Llama la atención lo jóvenes que eran. Sólo Torlasco superaba los 50 años. El resto apenas llegaba a los 40. Gil Lavedra tenía 35 años. Los seis se rotarían la presidencia de las sesiones semanalmente.

La acusación fue llevaba adelante por el Fiscal de Cámara Julio César Strassera, quien fue fundamental con sus constantes presentaciones para lograr que la Cámara se abocara. Con un equipo integrado por jóvenes (el promedio de edad de sus colaboradores era de 26 años) y acompañado por Luis Moreno Ocampo decidió la estrategia a seguir. Acotarían los cargos a 709 casos. Aquellos más representativos, que demostraran la variedad y amplitud de crímenes. Strassera aclaraba que en virtud de la economía procesal (y teniendo en cuenta que se trataba de un juicio sumario) no podía abarcar todo el universo delictivo recorrido por el Proceso.

Sin las facilidades que la tecnología aporta en la actualidad, Strassera y su equipo acumularon y clasificaron los casos a presentar. Sobre el escritorio del fiscal estaba lo que ellos llamaban “La Computadora”: una caja con miles de fichas número 5 de dos colores que describían cada uno de los casos a considerar. La tarea no podría haberse realizado sin el trabajo previo de compilación y documentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Conadep.

La estrategia de Strassera constaba de tres partes. Establecer que el “aniquilar” del decreto de firmado por el Gobierno constitucional en 1975 no habilitaba la represión clandestina, las desapariciones, las torturas, las muertes. Luego demostrar que no había habido una guerra. Y por último ingresar en cada caso particular para que con ese centenar de mosaicos determinar la responsabilidad de quienes mandaban y demostrar la existencia de un plan sistemático.

La estrategia de las defensas parecía cerrada y unívoca, pero a las pocas sesiones aparecieron las grietas y las diferencias. El defensor de Anaya se limitaba a preguntar a los testigos la fecha de los sucesos; quería dejar asentado que su defendido no era miembro de la Junta en ese momento. Otros permanecían callados y sólo trataban de no empeorar la situación de su cliente. El más histriónico era el Dr. Orgeira, defensor de Viola. Se dedicó a embarrar la cancha cada vez que pudo. En la primera audiencia se quejó a los gritos que los defensores estaban incómodos y apretados y los fiscales gozaban de más espacio. Uno de los jueces trató de explicarle que mientras los defensores eran 21, la fiscalía sólo tenía tres hombres en la sala. El principal papel de Orgeira no fue el de conseguir una pena menor para su defendido, sino el de intentar todo el tiempo desprestigiar el proceso. Su intención permanente fue ridiculizar el juicio. Sólo logró, en la mayoría de ocasiones, ridiculizarse él mismo.

Videla fue el único que no designó defensor privado. Fue un intento de deslegitimar el juicio. Le pusieron uno oficial. La base de los argumentos de los acusados era desconocer la autoridad del tribunal y obstaculizar las actuaciones a través de recursos, impugnaciones y nulidades. En algún momento se pensó que los defensores se levantarían y se irían de las sesiones, consiguiendo con eso paralizar el juicio porque no había en la Cámara tantos defensores oficiales. Pero esa técnica sólo les habría servido para ganar unos días y perder decenas de miles de dólares en honorarios.

Esa amenaza la pusieron en práctica una sola vez. Cuando fue el turno de declarar de Patricia Derian, los abogados dejaron la sala en un intento de desacreditar el contundente testimonio de la ex funcionaria norteamericana.

Cada día había 400 personas. Jueces, fiscales, defensores, invitados por cada una de las partes, periodistas y 80 personas del público que hacían una cola durante toda la noche para obtener las entradas, que empezaban a repartirse a las 7.30 de la mañana.

Los jueces se movían con extrema cautela. No permitían excesos de ningún tipo. Habían prohibido las manifestaciones del público (por eso cuando Strassera finalizó su alegato con el ya célebre Nunca Más y se desató una ovación, se ordenó desalojar la sala), el uso de insignias políticas o emblemas de algún tipo (Hebe de Bonafini debió sacarse su pañuelo blanco). Mantenían a raya los abogados y al fiscal. No hacían lugar a preguntas que no eran conducentes. Para no ser acusados de parcialidad en algunos momentos hasta excedieron su rigor con Strassera, como táctica para gozar de mayor autoridad moral al frenar a los defensores. El camino había sido demasiado largo y tortuoso como para que se desvirtúe por perder el equilibrio en el momento culminante. Los jueces, a pesar de su juventud, tenían plena conciencia del rol histórico que estaban ejerciendo.

El primer testigo en declarar fue Ítalo Luder, el que ocupaba provisionalmente la presidencia de la Nación cuando se firmó el decreto de la “aniquilación”. Luego, en esas primeras horas, pasaron Antonio Cafiero y varios sindicalistas. Después militares, periodistas, especialistas, víctimas y familiares de las víctimas.

El clima siempre fue austero, tenso y dramático. Los años más dolorosos de Argentina se revivían cada tarde.

El novelista Colm Toibim concurrió durante dos meses como corresponsal extranjero. Contó que no podía hacer otra cosa que ir cada día a Tribunales a escuchar esos relatos desgarradores que lo hipnotizaban. Necesitaba entender lo incomprensible. Otra tarde, el 22 de julio, Borges asistió al testimonio de Omar Basterra, sobreviviente de la ESMA, y salió conmovido de la sala: “He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha”.

Javier Arozarena, un médico joven, de apenas 30 años, contó como una madrugada lo llevaron a un centro clandestino de detención para que comprobara que su hermano (luego desaparecido) estaba vivo. “Pedí que me dejaran darle un abrazo, señor, darle un beso, y no me dejaron ...”. El doctor no pudo contener sus lágrimas y tuvo que esconder su cabeza entre las piernas. Varias madres declararon con entereza mientras estrujaban con una de sus manos un pañuelo con el que secaban sus lágrimas: no iban a detener su testimonio porque sus hijos desaparecidos necesitaban que ellas contaran lo que había sucedido. O la empleada doméstica que atendió el teléfono y del otro lado escuchó la voz de la chica que cuidó desde que nació, a la que habían hecho llamar desde la ESMA. María Rosa Villalba, la empleada, contó frente a los jueces: “Me pidió que cuide a la madre, señor. Que la espera iba a ser larga, señor. Y se echó a llorar, señor”. Tuvieron que pasar unos minutos para que María Rosa controlara el llanto y pudiera continuar su declaración. Robert Cox, el legendario director del Buenos Aires Herald, se vio desbordado por la situación y tuvo que interrumpir su testimonio y volver otro día intérprete de por medio (alguna vez deslizó que estaba tan sobrepasado por la situación que en esa primera declaración se había orinado encima).

Una tarde, Strassera, en medio de una febril alocución, dijo “Esta defensa...”, refiriéndose a la fiscalía. Los defensores se rieron con estruendo, exagerando la reacción. Strassera los miró, se rectificó y dijo: “Quiero aclarar, señor presidente, respecto a algunas sonrisas que he visto, que ésta es una defensa: la defensa de los intereses de la sociedad”. Lo siguió una ovación que Torlasco calló con la amenaza de evacuar al público.

Los diarios siguieron con gran atención cada jornada. Editorial Perfil sacó “El Diario del Juicio” con notas y resúmenes de lo ocurrido, y con la transcripción textual de cada declaración. Pero las audiencias no fueron televisadas. Sólo se emitieron unas pocas imágenes sin sonido y con los comandantes de espaldas a cámara. Los jueces determinaron que no se podía entrar con grabadores tampoco. Pero la decisión de no permitir que hubiera compactos en los noticieros televisivos fue de la Secretaría de Medios del Gobierno democrático. Consideraron que el efecto de la población al escuchar esas declaraciones podía ser difícil de calcular y no querían colaborar a la crispación reinante.

Para entender esta situación es bueno recordar que la grabación completa del Juicio fue preservada por años en Noruega, donde fue enviada en el mayor de los secretos por el Gobierno. El temor a que se las destruyera era enorme y fundado.

El juicio se llevó a cabo en un país que estaba inmerso en una grave crisis económica; a los pocos días de su inicio Alfonsín dio el discurso en Plaza de Mayo en el que anunció la "Economía de Guerra". Y, también, en un país inestable, convulsionado políticamente; poco después del fin de los testimonios y antes de los alegatos, Alfonsín dictó el estado de sitio.

A pesar de que las condiciones eran adversas y que los apoyos eran escasos, un puñado de hombres hizo lo que había que hacer.

Luego vendría el alegato de Strassera y el “Señores Jueces: Nunca Más”. El 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia. Cinco condenas y cuatro absoluciones. Videla y Massera reclusión perpetua; Viola 17 años, Lambruschini 8 y Agosti 4 años y 6 meses.

Sin embargo, lo fundamental del Juicio a las Juntas fue que quedó demostrado de manera contundente que había existido un plan sistemático que consistía en detener ilegalmente, desaparecer, matar, robar bebés, robar propiedades, secuestrar y torturar.

Los máximos responsables de ello tuvieron el juicio que ellos les negaron a sus víctimas.

Seguí leyendo