A 50 años de la masacre de Capilla del Rosario, cuando 16 guerrilleros del ERP que se habían rendido fueron fusilados

“Vi caer al primer joven que salió con las manos en alto y a una queriéndose cubrir la cara y vi caer a cuatro más. Ahí, soy sincero, me hice para atrás, no quise seguir mirando, me alejé unos metros. Lo que me sorprendió es que yo estaba prestando servicios, era un soldado, y a nosotros nos enseñaban que ante un paracaidista había que esperar que llegue a tierra para matarlo en caso de guerra; si lo mataban en el aire era un fusilamiento. En caso de guerra, había que tomarlos prisioneros, todo eso me vino a la cabeza, porque si se rindieron, ¿por qué los matamos?, ¿por qué no los tomamos prisioneros?”. Casi cuarenta años después, sentado como testigo frente al tribunal, el ex soldado conscripto José Gambarella recordó sin perder el espanto el infierno que vivió el 12 de agosto de 1974, cuando estaba haciendo el servicio militar y vio como fusilaban a 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que, acorralados, se habían rendido ante tropas del ejército en la Quebrada de los Walther, en la provincia de Catamarca.

Durante el juicio, realizado en 2013, cerca de cincuenta testigos fueron aportando datos que permitieron reconstruir, por primera vez ante la justicia, el desarrollo de los hechos que terminaron con lo que pasó en la historia argentina reciente como la Masacre de Capilla del Rosario.

Después de escucharlos, en agosto de ese año el tribunal del juzgado oral federal de Catamarca, integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, condenó a prisión perpetua por los delitos de “homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos” a los oficiales del ejército Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta.

Los fusilados identificados fueron Antonio del Carmen Fernández - dirigente nacional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que lideraba Mario Roberto Santucho -, Hugo Cacciavillani, Rutilio Betancour, Luis Roque López, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Mario Héctor Lescano, Juan Carlos Lescano, Juan Olivera, Roberto Jerez, Héctor Moreno, Luis Billinger, Raúl Sianz y Pedro Urbano. En total, los muertos que dejó la masacre fueron 16, pero dos de ellos nunca pudieron ser identificados.

En agosto de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el Ejército Revolucionario del Pueblo planeó dos operaciones simultáneas -en diferentes provincias- contra cuarteles del ejército para conseguir armas, municiones y explosivos. Uno de ellos tendría como blanco la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, cerca de la ciudad cordobesa de Villa María, y el otro el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 en San Fernando del Valle de Catamarca.

Para atacar el regimiento aerotransportado, el jueves 9 de agosto partió de Tucumán un grupo de 47 guerrilleros de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, del ERP, con base en los montes tucumanos, con destino a la provincia de Catamarca. Para trasladarse, vestidos de civil, abordaron un micro alquilado y al llegar a unos diez kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, redujeron al chofer. En ese lugar hicieron contacto dos unidades locales del ERP que los proveyeron de los uniformes y las armas que debían utilizar en el ataque.

A las 11 de la noche del viernes 10, el micro hizo otra parada en una ruta desierta donde, mientras algunos guerrilleros montaban guardia fuera del vehículo, el resto comenzó a cambiarse las ropas civiles por los uniformes militares. Ese micro detenido en medio de la noche le resultó sospechoso a dos ciclistas que pasaban por el lugar y avisaron a la policía provincial.

Pasada la medianoche del domingo, llegaron al lugar cuatro patrulleros con ocho policías de la División de Investigaciones y la Comisaría 3º. Ahí se produjo un primer enfrentamiento armado, que terminó cuando los guerrilleros, disfrazados como soldados, lograron reducir al grupo policial. El combate dejó dos militantes muertos – luego identificados como Norberto Rufino y Carlos Gutiérrez - y uno herido grave - Rutilio Dardo Betancourt Roth -, además de dos policías heridos.

Después de ese enfrentamiento y ante la certeza de que sería imposible seguir adelante con la acción planeada porque el ejército ya conocía la presencia del grupo guerrillero, los militantes emprendieron la retirada en diferentes grupos que pronto quedaron aislados. Pocas horas después, un primer grupo de nueve guerrilleros fue detenido, mientras otro integrado por 19 siguió replegándose hasta montar un campamento en la Quebrada de los Walther, a tres kilómetros de la Iglesia de Capilla del Rosario del pequeño pueblo de Piedra Blanca.

Allí, Antonio del Carmen Fernández, líder del grupo, designó a cinco guerrilleros para que se dirigieran al pueblo a conseguir alimentos, medicamentos y vehículos para utilizar en la retirada. Vestidos de civil – aunque calzados con borceguíes – y sin armas, los militantes del ERP, divididos en dos grupos, llegaron a Piedra Blanca. Dos de ellos fueron detenidos por la policía cuando salían de una panadería, a los otros tres los redujeron en la calle.

De inmediato los llevaron a la comisaría, donde comenzaron a torturarlos. Los tormentos estuvieron primero a cargo de policías provinciales, que luego fueron reemplazados por policías de las “brigadas antiguerrilleras” creadas por el jefe de la Federal, comisario Alberto Villar, que llegaron ese mismo día a Catamarca para hacerse cargo de la represión. Además de picanearlos, les inyectaron pentotal sódico para que revelaran donde estaba escondido el resto de los guerrilleros.

En un momento dado, aunque las torturas continuaban, dejaron de interrogarlos sobre la ubicación de sus compañeros. Esa pregunta era innecesaria porque ya los habían encontrado.

El lunes 12 de agosto la policía envió un fuerte contingente para capturar a los guerrilleros refugiados en la Quebrada de Walther, donde se desarrolló un fuerte enfrentamiento armado en el que murió un oficial. Obligados a retroceder, cerca del mediodía la policía provincial pidió apoyo al Regimiento Aerotransportado 17, que envío a la zona unos sesenta oficiales, suboficiales y soldados apoyados por cuatro helicópteros.

“Parecía que (los oficiales del ejército) ya tenían información de dónde se encontraban ocultos estos guerrilleros, porque formaron grupos para ir a buscarlos. Así, salimos aproximadamente a la una de la tarde, habremos caminado unos 200 metros y nos informan que teníamos que regresar porque el camino era incómodo para ascender y descender. Se informó que ya llegaban helicópteros por vía aérea, que iban a tratar de reconocer la zona. A los 20 minutos aparecieron los helicópteros; venían de la parte oeste hacia la ruta”, relató el ex conscripto Gambarella en el juicio.

Se desarrollaron entonces varios combates, hasta que los 16 guerrilleros acorralados en la quebrada se quedaron sin municiones. Fue entonces que el jefe del grupo del ERP, Antonio del Carmen Fernández, intentó negociar la rendición con el ejército. Prometieron respetarles la vida, pero cuando salieron de sus refugios desarmados y con las manos en alto los fusilaron a sangre fría.

–¿Tenían armamento los integrantes del ERP? – le preguntó uno de los abogados de la querella a Gambarella.

–El día que los mataron solamente vi dos o tres pistolas calibre 22 o 22 largo, sin municiones.

–¿Los jóvenes dijeron algo?

–Uno de ellos gritaba que no lo mataran, que se entregaba.

–¿Los traslados se hicieron ese día?

–Creo que esa tarde unos cuantos, y al otro día a todos, porque iba a quedar un grupo cuidando y me acuerdo de que nadie se quería quedar.

Los cuerpos de los guerrilleros asesinados quedaron en la ruta hasta el día siguiente. “Recuerdo que se los trataba creo que peor que un animal, para sus traslados, para todo lo que había que hacer con ellos. Como uno era católico, quería tratar de levantar un cuerpo como se debe levantar a una persona, y parece que todo eso estaba mal porque la orden que teníamos era de matarlos a todos. Soy consciente de que, de enfrentarme con ellos, quizá también yo disparaba, porque me tenía que defender, pero no matarlos a todos de la forma en la que se los mató”, recordó el ex soldado ante los jueces.

Días después, todos los militantes fusilados por las tropas del ejército fueron enterrados como NN en el cementerio local.

Con la fórmula que con el correr del tiempo se volvería habitual, ese mismo día el comunicado oficial del ejército “informó” que los guerrilleros habían muerto en un enfrentamiento con las fuerzas regulares, cuando en realidad habían sido fusilados por orden directa del segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general José Antonio Vaquero, que no pudo ser juzgado por ese delito, ya que murió en 2006.

Quince días después de la masacre oficialmente disfrazada de “enfrentamiento”, el ERP dio su versión de los hechos a través de su órgano de prensa, “Estrella Roja”, en un artículo titulado “Capilla del Rosario – la verdad de lo ocurrido”.

“A dos semanas de los sucesos de Catamarca, se han podido reconstruir los hechos de Capilla del Rosario. La información dada por el enemigo (NdR: el Ejército Argentino) y el conocimiento de la decisión y alta moral de combate de nuestros compañeros, hicieron pensar como cierta la existencia de duros enfrentamientos”, se podía leer en el comienzo.

Sin embargo, en el párrafo siguiente desmentía esa versión. “Información fidedigna corrige hoy esta impresión errónea de los primeros momentos, poniendo en evidencia que nuestros compañeros, tras débiles enfrentamientos, fueron detenidos y fríamente asesinados por el enemigo”, decía.

También se refería a las torturas a las que habían sido sometidos los guerrilleros capturados cuando intentaban conseguir alimentos y vehículos en el pueblo. “Contando con poco armamento y en malas condiciones debido a la marcha y el cruce del río, se decide destacar cinco compañeros, dos al pueblo a observar y comprar alimentos, y otros tres a buscar vehículos. Estos cinco compañeros fueron detenidos por la policía (…) todos los detenidos fueron salvajemente torturados por el ejército enemigo”, denunciaba.

Casi cuatro décadas más tarde, durante el juicio realizado en 2013 por el tribunal oral federal de Catamarca, los testimonios corroborarían casi punto por punto la descripción de la masacre publicada por “Estrella Roja”.

Luego de que el Congreso declarara inconstitucionales las leyes de impunidad conocidas como de Obediencia Debida y de Punto Final, en 2004 se inició la causa judicial de Capilla del Rosario a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los fusilados enterrados como NN.

Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados, y en mayo de 2009 Nakagama, que en ese momento era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17, se convirtió en el primer detenido por la masacre. Luego fue detenido Carrizo Salvadores, que entonces era asistente del jefe del Regimiento y que en 2004 llegó a ser jefe de Policía de Jujuy, y finalmente fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya había sido condenado en otra causa, por su actuación en el centro clandestino de detención y tortura de La Perla.

En agosto de 2013, los tres represores fueron condenados a prisión perpetua, pero tres años después la la Cámara Federal de Casación Penal revocó las penas y declaró a los condenados “absueltos de culpa y cargo”.

Finalmente, en 2017, el fiscal de la causa recurrió estas absoluciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, luego de que el procurador fiscal ante la Corte acordara con los argumentos del fiscal, el máximo tribunal volvió a imponer las tres condenas originales.