¿Gran Bretaña pudo haber evitado la guerra de Malvinas con su propuesta de “leaseback”?

Grace Livingstone, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, realizó una investigación que incluyó documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico que acaban de ser abiertos, además de numerosas entrevistas originales, para analizar qué causó que Margaret Thatcher, luego de haber mantenido relaciones buenas y estrechas con la dictadura, se despertara casi de sorpresa con la operación militar argentina de reclamo de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982.

Entre los materiales que encontró en los Archivos Nacionales, que dieron origen a su libro Gran Bretaña y las dictaduras de Argentina y Chile, 1973-1982, Livingstone halló pruebas de las buenas relaciones comerciales entre los países, que entre otras cosas pertrecharon a las fuerzas armadas de la dictadura con las armas que se usarían contra los ingleses en el Atlántico Sur: luego de Estados Unidos, el Reino Unido fue el segundo mayor proveedor de material bélico.

Pero también encontró que “la victoria de Margaret Thatcher en la guerra de Malvinas eclipsó los errores de las políticas que precedieron a la invasión”. El mayor de los cuales, cree, fue el fracaso de la propuesta de leaseback: la cesión de la soberanía de las islas a Argentina a cambio del arrendamiento a la corona por 99 años.

El libro analiza los intereses económicos y estratégicos de Gran Bretaña en las islas para evaluar si afectaron la posición del país en las negociaciones con Argentina previas a la guerra. Los estudios británicos anteriores desestimaron esa idea, mientras que los argentinos la subrayaron.

“Los materiales de archivo muestran que mientras las empresas petroleras favorecieron un acuerdo con Argentina durante los ‘70s, el Departamento de Energía aconsejó precaución durante los años de Thatcher, al preocuparse porque la posibilidad de un leaseback podría no dar a las compañías petroleras británicas o al erario público una cantidad suficiente de la riqueza petrolera”, explicó. “Mientras que la preocupación de los parlamentarios por el destino de los isleños fue la razón principal por la cual los políticos se resistieron a ceder la soberanía de las islas, no habría que descartar los intereses económicos y estratégicos británicos al analizar los hechos que condujeron al conflicto de las Malvinas”.

En muchas ocasiones los historiadores sugirieron que el cuerpo de diplomáticos de carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign Office, FCO) impulsó, inclusive a espaldas de los políticos elegidos, un tratado con Argentina; inclusive Thatcher llegó a criticar la ”flexibilidad de principios”, recordó Livingstone. Sin embargo, su investigación mostró que “Thatcher y sus ministros aprobaron el leaseback, aunque no sin resistirse”.

La situación económica no era sencilla. El “costo prohibitivo de defender las islas contra una potencial agresión económica o militar argentina” era la razón principal por la cual la primera ministra y su equipo no querían escuchar hablar sobre el tema. “Un memo del secretario de Asuntos Exteriores, Lord Carrington, de finales de 1979, advirtió que si Gran Bretaña se negaba a negociar las islas podrían sufrir un bloqueo o incluso ser invadidas. Pero también argumentó que si no se lograba un acuerdo con Argentina las islas podrían caer en la decadencia económica, el comercio británico con Argentina se vería afectado y sería imposible explotar los recursos económicos (principalmente petróleo y pesca) del Atlántico Sur”.

El tema se podía extender también a la pérdida de contratos de defensa y nucleares. Por ejemplo, citó, Lord Nelson, a cargo de GEC, se reunió en julio de 1979 con el titular de la fuerza aérea argentina y recibió más sinceridad de la que esperaba: “Gran Bretaña nunca ganará contratos grandes en Argentina excepto que se hagan avances sobre las islas Malvinas”.

Pero el petróleo no alcanzaba para resolver la cuestión con los argentinos: el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Cavandoli, rechazó la propuesta del FCO de una exploración conjunta: sólo la consideraría como parte de un acuerdo de soberanía.

Así Thatcher y los miembros del Comité de Defensa y Política Exterior (DOP) de su gabinete aceptaron, en julio de 1980, que se comenzarían “discusiones exploratorias de una solución que podría incluir ‘la cesión de la soberanía y arreglos simultáneos de un leaseback’”.

En septiembre de 1979, Lord Carrington había recomendado la cesión de soberanía seguida del arrendamiento como “la mejor opción”; en enero de 1980, el DOP del gabinete de Thatcher había acordado buscar “el acuerdo de los isleños para comenzar conversaciones con Argentina”. Con ese aval, en abril de 1980 Nicholas Ridley había mantenido conversaciones exploratorias con los isleños y con los argentinos.

Para entonces el interés en la explotación del petróleo en las islas, que había sido enorme durante los ‘70s, había disminuido. Tanto BP como Shell y Esso estimaban que las mayores reservas estaban cerca de la costa argentina; para explotar el resto habría que esperar entre 10 y 15 años a que estuviera disponible la tecnología que lo hiciera viable. En el Departamento de Energía pensaban que retener la soberanía era, por lo tanto, mejor idea. “Tenemos que ser muy cuidados sobre adoptar un curso que podría hacer que las empresas petroleras británica perdieran una posición favorable que de otro modo habrían tenido”, escribió su titular, David Howell.

Y si bien “al comienzo Thatcher estaba preocupada por el principio político de transferir la soberanía a Argentina, y escribió notas irritadas al borrador de Carrington, rechazando la idea”, meses más tarde “se convenció del caso” y gestionó la autorización del gabinete para que Nicholas Ridley mantuviera conversaciones secretas con Cavandoli.

Así fue como “en septiembre le propuso la idea de transferir la soberanía de las islas y una zona de exclusión de 200 millas a Argentina, que le serían rentadas a Gran Bretaña”. El argentino aceptó la idea pero propuso un límite de 24 años al arrendamiento, bastante menos que los 250 que le había propuesto Ridley pensando en negociar hasta 99.

Robin Fearn, titular del Departamento de América del Sur del FCO, estableció los objetivos que debería plantearse el acuerdo: “Nos dan el máximo tratamiento preferencial posible para las empresas británicas a la hora de emitir licencias; se usan equipos británicos tanto como sea posible; una parte del petróleo es para el Reino Unido; el gobierno de las islas Falklands obtiene una porción adecuada del producto consistente con sus necesidades de desarrollo y su capacidad de absorción; se debería reducir al mínimo el impacto que el desarrollo vinculado al petróleo pueda tener en el estilo de vida tradicional de los isleños; los argentinos no se deberían beneficiar en mayor medida que nuestra parte”.

Al Departamento de Energía británico no lo convenció ese planteo: ¿quedaba el lecho continental de las islas comprendido en el leaseback? “Semejante cesión de soberanía sin dudas haría más difícil un régimen petrolero que asegure el control del gobierno de su majestad sobre esos derechos”. En consonancia, las grandes petroleras “se convirtieron en un freno suave para el proceso”.

Pero lo más grave sucedió cuando el 2 de diciembre, al presentar la opción ante la Cámara de los Comunes, cuando el gobierno de Thatcher enfrentó una oposición total, tanto de laboristas como de conservadores: “Los miembros del Parlamento (MP) de todos los partidos reaccionaron con horror”, escribió Livingstone.

Para entonces Thatcher veía el arrendamiento como “probablemente la única manera de salir del impasse presente”, según dijo en una reunión del DOP. “Si no fuera por el poder de Argentina para perturbar la vida en las Falklands” y “por la dificultad y los costos de mantener una defensa efectiva y sostener el desarrollo económico de las islas” el gobierno “no estaría justificado a ceder la soberanía”. Pero esos factores existían.

“Parecería probable que, al fin de cuentas, dado lo sombrío de su situación actual, la mayoría de los isleños estaría preparada para apoyar las negociaciones con Argentina en las líneas propuestas, reconociendo que, mientras que el gobierno no daría marcha atrás en su compromiso de defenderlos, no tiene la posibilidad de ofrecer formas alternativas de mejorar su posición”, citó Livingstone a la primera ministra.

Sin embargo, ningún argumento evitó que los MP “asesinaran” —como dijo Thatcher— el leaseback.

Ya estaban acordadas las conversaciones entre Ridley, dos representantes de las islas y funcionarios argentinos, así que se realizaron, casi sin consecuencia, en febrero de 1981 en Nueva York. Stuart Wallace, concejal de las islas, no se dejó impresionar por las ventajas que los argentinos ofrecieron en caso de que se transfiriera la soberanía: los isleños, argumentó, “están principalmente preocupados por la estructura de su modo de vida: eso va antes de cualquier beneficio económico”. Esa sería otra línea que reforzaría el fracaso del gobierno: algunos políticos tomaron esas palabras para denunciar a Thatcher por la “entrega” de los isleños.

“Alguna vez las islas Malvinas pueden haber tenido valor militar estratégico para Gran Bretaña, cuando era un poder global, pero luego de 1945 el país aceptó que el Atlántico Sur era parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos”, recordó Livingstone. “Los líderes militares británicos argumentaron que no había intereses británicos de defensa separados en el Atlántico sur, y que las fuerzas del Reino Unido debían concentrarse en el área de responsabilidad de la [Organización del Tratado del Atlántico Norte] OTAN”.

Pero cuando en la década del 70 la OTAN comenzó “a preocuparse cada vez más por la creciente presencia soviética en el Atlántico Sur, a medida que aumentaban los buques navales y pesqueros soviéticos y la Unión Soviética fortalecía sus lazos económicos con Argentina, Brasil y otros países del Cono Sur”, la situación cambió. Pero, de nuevo, era territorio americano: la respuesta quedó en manos de los Estados Unidos, “que trató de construir una alianza anti comunista con las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile”. El gobierno de Ronald Reagan, agregó el libro, llegó a considerar “la creación de una Organización del Tratado del Atlántico Sur”, una OTAS que incluyera las dictaduras de Argentina, Brasil y Uruguay además de Sudáfrica. “Gran Bretaña aceptó que construir una alianza antisoviética en el Atlántico Sur era una necesidad”.

En ese contexto algunos críticos del leaseback argumentaron que ceder la soberanía iba en contra de los esfuerzos de un socio de la OTAN, pues las islas tenían valor estratégico. Sin embargo, el FCO rechazó la idea: “De manera comprobada, la Marina Real no valora mucho las islas, de lo contrario en la actualidad estarían usando instalaciones allí”, escribió un oficial.

Esa perspectiva cambió el 2 de abril de 1982: Thatcher dijo en una conversación con Reagan que las islas eran “de importancia estratégica”. Livingstone citó las notas sobre la llamada: “Si se cerrase el Canal de Panamá, sería importante que Puerto Stanley y las Georgias del Sur estuvieran en posesión de una potencia amiga. Esto ha sido muy importante en las últimas dos guerras mundiales. Argentina se estaba acercando mucho a la Unión Soviética. Lo último que queremos ver es a los Rusos tanto en Cuba como en las Falklands”.

El tiro de gracia al acuerdo: los isleños

“Hay relatos contradictorios sobre la posición de los isleños antes del debate parlamentario con Ridley, unos sostienen que la población siempre estuvo totalmente opuesta al leaseback”, señaló la autora. Pero según algunos de los nuevos documentos abiertos del FCO hubo “una respuesta más mixta: funcionarios de la embajada británica en Buenos Aires informaron que cuatro concejales de las islas estarían preparados para explorar el leaseback, cuatro no habían tomado una decisión y dos estaban en contra”.

Rex Hunt, el gobernador, creía que era difícil juzgar los ánimos, pero dijo: “Muchos consideran seriamente todas las posibilidades para el futuro de las islas, incluido un acuerdo de leaseback”.

Pero el grupo que prevaleció, en particular luego del asesinato de la propuesta en la Cámara de los Comunes, fue el de los firmes opositores, que habían además organizado protestas con el eslogan “Mantengan las islas británicas”.

Se llegó así a una última negociación, en febrero de 1982, “con una Argentina cada vez más impaciente —luego de 16 años de conversaciones— sin algo sustancial para ofrecer, mientras que las islas quedaron vulnerables al ataque”. Ni siquiera fue viable una campaña de promoción del acuerdo, “a pesar de que nuevos documentos abiertos del FCO hoy confirman que muchos de los críticos más expresivos del gobierno, en privado, manifestaban apoyo al leaseback”: el gobierno creía que la opinión pública británica limitaba sus acciones, y lo aceptó.

“Una política alternativa —tal vez ‘ética’— hubiera sido negarse a hablar con Argentina mientras hubiera un gobierno militar, pero los ministros decidieron que sería demasiado costoso defender las islas si la junta respondiera agresivamente”, agregó Livingstone. Y sin embargo, como se comprendería en cuestión de meses, no haber jugado esa carta para ganar tiempo no impidió que Galtieri iniciara las operaciones militares el 2 de abril.

¿Gran Bretaña no interpretó las señales previas?

La investigación oficial sobre las causas del conflicto detalló “la incapacidad de reunir toda la inteligencia, la equivocación al interpretar las intenciones argentinas y, de manera crucial, el envío de una serie de señales que dieron a la Argentina la impresión de que Gran Bretaña no pensaría en defender las Malvinas: de ellas, la más importante durante los años de Thatcher fue el retiro del único buque naval británico en el Atlántico Sur, HMS Endurance”, escribió Livingstone.

Tampoco ayudaron “la Ley de Nacionalidad Británica de 1981, que quitó a los isleños la ciudadanía británica automática” (esa ley se cambiaría luego de la guerra: en 1983, una nueva normativa la volvió a otorgar) y “la resistencia a invertir en la infraestructura de Malvinas”. Eso, según la autora, habría hecho pensar a los argentinos, y en particular al dictador Leopoldo Galtieri, quien enfrentaba una difícil situación interna, “que los isleños tenían baja prioridad en el gobierno británico”

El informe concluyó que “hubiera sido imposible haber previsto que la invasión iba a suceder el 2 de abril de 1982, pero si bien es cierto que la fecha exacta hubiera sido difícil de identificar —sin dudas porque el general Galtieri anticipó el plan— los informes de inteligencia habían señalado durante décadas que una invasión era una posibilidad”. Y si bien los diplomáticos británicos se trataban socialmente con los militares, nada tuvo la menor utilidad a la hora de vislumbrar las intenciones. Así Thatcher se enfrentó con un desafío poco pensado: “La política de fortalecer los lazos comerciales con la Junta y silenciar las críticas a sus violaciones a los derechos humanos no hizo nada por impedir la invasión”.

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