Tres sacerdotes y dos seminaristas habían aparecido ametrallados dentro de la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, el 4 de julio de 1976, en un caso que a casi medio siglo sigue sin resolución. El Departamento de Estado había pedido a la embajada estadounidense en Buenos Aires que ampliara su informe original. Robert C. Hill, a cargo del despacho al comienzo de la dictadura, se juntó con el representante de la Santa Sede, Pío Laghi. Aunque la escena parecía firmada por policías, otras fuentes diplomáticas habían especulado con un operativo de las fuerzas armadas.
"El nuncio el informó al embajador Hill que un oficial de alto rango del gobierno le había dicho que se proponían 'limpiar la iglesia católica'", reconstruyó ese encuentro, al que también asistió el encargado regional de seguridad estadounidense, uno de los documentos desclasificados en abril de 2019.
Las expresiones atribuidas al nuncio apostólico llaman la atención dado que Laghi fue amigo cercano de varios miembros de la junta militar y, si bien su nombre se eliminó de la lista de vinculados a la represión ilegal que realizó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), trascendieron su conocimiento y hasta sus visitas a centros clandestinos de detención. En 1997 la Asociación Madres de la Plaza de Mayo lo denunció ante la justicia italiana como cómplice del terrorismo de Estado.
Según el cable, "el nuncio argumentó que 'algunos generales' querían una jerarquía católica 'como la que teníamos en Argentina hace 200 años'". El episodio de los palotinos pareció haber sido una señal de alarma para él: "El nuncio especuló que el asesinato de los sacerdotes podría ser el primer paso en esa 'limpieza' de la iglesia", agregó el documento.
Además del asesinato de Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo José Kelly, los curas palotinos, y los estudiantes del seminario Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti, otros 15 sacerdotes, ocho seminaristas, dos monjas y 39 laicos fueron desaparecidos o asesinados durante la última dictadura argentina. El cálculo no cuenta los accidentes automovilísticos fingidos contra el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, y el párroco de San Nicolás, Carlos Ponce de León, ni el caso de Carlos Mugica, acribillado por la Triple A antes del golpe militar.
Pero las características del caso de San Patricio —cadáveres alineados y maniatados, algunos con más de 60 balas, mensajes garabateados en las paredes y la alfombra— lo habían convertido en un hecho escalofriante. "El nuncio dijo que temía que el asesinato de los sacerdotes pudiera presagiar una ola de terror derechista peor que todo lo que habíamos visto antes", agregó Hill.
Aquel domingo 4 de julio Rolando Savino, el organista de San Patricio, se dirigió a la misa matinal. Luego de 25 minutos ante la parroquia cerrada, sospechó. Buscó una forma de entrar, y encontró una banderola entreabierta.
Encontró el espacio central vacío; abrió la puerta para que ingresaran las personas que pasaban frío por la inusual espera. "Vio luces encendidas en la planta alta. Creyó que los sacerdotes se habían quedado dormidos", escribió Eduardo Kimel. "Como el silencio continuaba, subió las escaleras hasta el primer piso donde estaban los dormitorios". Allí encontró los cinco cadáveres baleados por la espalda.
"Estaba todo revuelto. En las puertas y en la alfombra había inscripciones, que no pudo o no quiso leer. Pensó en un robo. La estufa de gas estaba encendida. Se acercó a la sala de estar. Abrió la puerta y con horror observó los cuerpos ensangrentados de los cinco religiosos tirados en el suelo", agregó el periodista en La masacre de San Patricio.
Los mensajes decían: "Estos zurdos murieron por adoctrinadores de mentes vírgenes", "MSTM" y "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal".
La sigla aludía al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, el ala renovadora de la iglesia que había surgido tras el Concilio Vaticano II y denunciaba la pobreza como injusticia social; Seguridad Federal era el nombre de la superintendencia de inteligencia policial, más conocida como Coordinación Federal, donde dos días antes había explotado una bomba de Montoneros, y dejado 22 policías muertos, además de una visita.
"El nuncio señaló que a la iglesia le había preocupado que uno de los seminaristas pudiera tener alguna conexión con el 'Tercer Mundo'", agregó el cable. "El nuncio enfatizó, no obstante, que aun si ese fuera el caso, eso difícilmente justificaba el asesinato de los seminaristas, y mucho menos de los sacerdotes que de ningún modo estaban involucrados".
A pesar de los dichos de Laghi, la iglesia no se presentó como querellante en las distintas causas que se abrieron sobre el caso desde 1983; sólo en 2016 la Congregación Palotina lo hizo.
"El nuncio señaló que el cardenal [Juan Carlos] Aramburu había afirmado rotundamente ante el ministro del Interior [Albano Harguindeguy] que la iglesia sabía sin dudas que habían sido las fuerzas de seguridad del gobierno argentino quienes habían asesinado a los sacerdotes. Aramburu agregó que también le había dicho al ministro que era mejor si no hacía comentarios, porque negarlo sería simplemente una mentira. El ministro asintió y permaneció en silencio", detalló el texto de Hill.
El ejército repudió a los "elementos subversivos" que habían asesinado "cobardemente" a los religiosos. "El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios", reprodujo La Nación el comunicado del Comando de la Zona 1.
Otros rumores periodísticos habían ubicado al líder montonero Mario Firmenich en la iglesia, refugiado. "Eso es simplemente un relato inventado que difunden en el intento de justificar un asesinato que, incluyo para los estándares argentinos, fue demasiado brutal e insensato", refutó Hill.
Si bien en el primer aviso de la embajada se había hablado de fuerzas del gobierno, este segundo cable ampliado tomaba la hipótesis de la firma de masacre, es decir, la policía en revancha por la bomba en Coordinación Federal:
"Ahora es evidente que fueron asesinados por miembros de la policía federal, no del ejército. La policía creía que los dos seminaristas estaban involucrados en el movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, que tiene su sede no lejos de la iglesia; en consecuencia, se los consideró juego limpio en la ola de ejecuciones tipo justiciero que ha desarrollado la policía por el bombardeo de sus oficinas el 2 de julio".
Pero años después la investigación de Kimel para su libro mostró que un grupo de marinos, encabezado por Antonio Pernías, había sido responsable de la masacre, por lo cual el último destino del proceso judicial fue la Megacausa ESMA. Una sobreviviente del centro clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, Graciela Daleo, declaró que Pernías se había jactado de haber sido quien mató a los palotinos. Pernías lo negó en tribunales.
Laghi fue uno de los 150 sacerdotes que celebraron, juntos, la misa que despidió a los asesinados. Pero en su ánimo parece nunca haber estado la confrontación con los militares. En otro cable —de octubre de 1980, dos mess antes de que terminara su misión iniciada en 1974— explicó su estilo.
Un funcionario de la embajada le había preguntado por las violaciones a los derechos humanos: "Las sanciones nunca son efectivas", le respondió, en referencia a la limitación de la ayuda financiera para comprar armas y entrenar militares que habían decidido los Estados Unidos.
Laghi "dijo que los obispos, aunque mantienen una posición pública neutral, en privado han dicho cosas duras a la junta. Queda por verse que deban hacerlo público. Dejó la inferencia de que él pensaba que ese método detrás-de-la-escena era más efectivo y que la iglesia los seguiría usando, y acaso los intensificaría. 'Una lluvia suave', dijo 'hace más bien que una gran tormenta'". Sin embargo, en otros asuntos, como su mediación entre Chile y Argentina por el conflicto del Beagle, prefirió el perfil alto.
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