Documentos desclasificados de la CIA: cuando la dictadura se enfureció con los Estados Unidos y decidió cooperar con los soviéticos

Un mensaje del 2 de septiembre de 1977, que se halla en el último paquete de documentos desclasificados, en la carpeta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aludió a la irritación de la junta militar en la Casa Rosada con el gobierno de los Estados Unidos, entonces ya bajo la presidencia de James Carter.

La dictadura, que llevaba adelante su cruzada contrainsurgente en nombre de los valores occidentales y contra el comunismo internacional en la Guerra Fría, no podía comprender la actitud de Washington: ¿de pronto criticaba abiertamente, y presionaba económicamente, al país por las violaciones a los derechos humanos?

"La decisión de Argentina, el 31 de agosto, de cancelar su participación en Unitas XVIII, un ejercicio naval en conjunto con los Estados Unidos, refleja la consternación oficial sobre la asistencia para seguridad estadounidense y las políticas sobre derechos humanos", analizó el cable secreto.

Los ejercicios anuales Unitas, de la Armada de los Estados Unidos y varias de América Latina, se acordaron en la Primera Conferencia Naval, realizada en Panamá en 1959, en el contexto de las tensiones entre occidente y la Unión Soviética (URSS), aunque con el paso del tiempo se adaptaron a otras argumentaciones políticas en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Hasta que el sentimiento anti-estadounidense tras la guerra de Malvinas hizo que en marzo de 1983 se cancelara la participación argentina en el Unitas XXIV, el ejercicio era indiscutido. Pero hacia 1977 ya el Subcomité Fraser, del Congreso estadounidense, había presionado por el secuestro y la desaparición de personas en el Cono Sur, y había afectado la línea de créditos para ayuda militar de Argentina, y eso causaba un desconcierto irritado en las fuerzas armadas.

"A los argentinos les preocupan particularmente las provisiones de la enmienda Humphrey-Kennedy que detiene toda cooperación militar luego del 30 de septiembre de 1978 y las condiciones que se les impusieron para la potencial compra de helicópteros", agregó. También se había interrumpido la provisión de repuestos para equipo ya comprado.

En 1977 el senador Hubert Humphrey (ex vicepresidente, durante el mandato de Lyndon B. Johnson), impulsó una reforma a la Ley de Asistencia al Extranjero, que prohibió la venta de armas y cualquier ayuda militar a los países que violaran los derechos humanos, entre ellos Chile y Argentina. Pero mientras que, según consignó la Revista de Marina chilena, a Augusto Pinochet eso lo tuvo sin cuidado, y la armada de su país celebró que la operación hubiera "testimoniado la amistad de nuestras marinas y estrechado la camaradería entre oficiales y tripulación de las unidades participantes", los argentinos se escandalizaron.

El mapa de los ejercicios Unitas XVIII, iniciados el 7 de septiembre en el puerto peruano de Ilo, muestra cómo, de Punta Arenas (Chile) a Montevideo (Uruguay), las naves subieron por el Atlántico sin tocar territorio argentino. "También las consideraciones políticas internas afectaron la decisión sobre Unitas", señaló la CIA. "La línea dura de los militares criticó severamente al presidente [Jorge] Videla por haber sido demasiado complaciente con las recientes visitas oficiales estadounidenses".

La más importante había sido, en agosto, la del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman; pero peor sería la del secretario de Estado, Cyrus Vance, en noviembre: entregó a la Cancillería argentina una lista con 7.500 personas detenidas y desaparecidas y reclamó su procesamiento legal.

Desde el momento del golpe, las autoridades estadounidenses —entonces el presidente era Gerald Ford y el secretario de Estado, Henry Kissinger— estaban al tanto del terrorismo de Estado. Un documento de 17 páginas de octubre de 1976, de las cuales sólo dos no fueron tachadas, revela que no creían en el argumento de los excesos en la represión:

"La represión derechista a manos de la policía y los servicios de seguridad de Argentina es, según consta, una parte integral del esfuerzo general de contrainsurgencia del gobierno. Previamente había parecido que los abusos habían sido causados por un exceso de celo de los oficiales de seguridad que operaban de manera independiente del gobierno".

El comienzo de la oración que sigue está eliminado, y el final dice: "todos los servicios de seguridad y militares están involucrados y están cooperando más efectivamente ahora que antes. Los terroristas de izquierda son los objetivos principales, pero las unidades antisubversivas también operan contra los simpatizantes de la izquierda y otros que podrían brindar ayuda a los terroristas".

"El presidente Videla y otros oficiales militares superiores aparentemente condonan estas actividades. No todas las operaciones autorizadas son legales, sin embargo, ni siquiera bajo las gruesas provisiones del estado de sitio impuesto; pero los oficiales superiores creen que controlar a aquellos involucrados interferiría peligrosamente con el éxito del esfuerzo contrainsurgente".

Con esa comprensión, el paso del republicano Ford al demócrata Carter llevó a que se endureciera la presión sobre la dictadura. A lo cual Argentina respondió haciendo negocios con la URSS: rompió el embargo de granos que Carter había impuesto a Moscú en 1980 como consecuencia de la invasión de Afganistán el año anterior y comenzó un vínculo millonario con el Kremlin.

En 1980 el crecimiento en Argentina había sido nulo. Según consignó The New York Times al año siguiente, "las compras de granos soviéticas sencillamente salvaron a la Argentina del desastre económico". Las nuevas barreras del mercado común europeo dificultaban la exportación de productos. Entonces, un acuerdo de cinco años con Moscú garantizó la colocación de al menos 4,5 millones de toneladas métricas de granos por año; en 1980 se llegó a exportar el 60% de la producción nacional a la URSS: 7,6 millones de toneladas métricas.

En ese contexto, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Raúl Castro, aprovechó una reunión con un enviado de Videla, el secretario general del Ejército, coronel Miguel Abbate, para discutir el tema de los derechos humanos y el de la URSS.

"Videla trata de obtener lo mejor de ambos mundos", explicó al Departamento de Estado. "Por un lado, quiere asegurarse de que ningún argentino crea que él ha aceptado pasivamente la 'intervención' del gobierno estadounidense en los asuntos argentinos", dijo, sobre el rechazo a las críticas sobre violaciones a los derechos humanos. "Por otro lado, quiere que comprendamos que algunos actos son políticamente necesarios pero no deben afectar nuestras relaciones".

A continuación, Castro le habló a quemarropa "de la cooperación soviético-argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [antecesora del actual Consejo] en Ginebra" y de la posible visita a Argentina del viceministro de relaciones exteriores soviético, Yacov Malik. "Le dije que si Malik fuera a venir a la Argentina daría la peor impresión posible en Washington y Occidente, confirmando la perspectiva que algunos tienen de que Argentina se está volviendo socia del este velozmente".

Una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, de 14 de mayo de 1980, cuyas minutas fueron desclasificadas ahora, dan detalles sobre el papel de la URSS en las tensiones entre Estados Unidos y Argentina por la desaparición de personas. "El único punto de contacto entre la Unión Soviética que despierta preocupación en el largo plazo es un posible acuerdo pesquero", detallaron. En efecto, en diciembre de 1980 se firmaría un Protocolo sobre Colaboración Pesquera, ratificado en junio de 1981.

"Además, nos preocupa mucho la cooperación argentino-soviética en los órganos de las Naciones Unidas", agregó el memo.  En principio, habían creído los diplomáticos, la dictadura sólo había intentado "impedir que los Montoneros movilizaran apoyo soviético y cubano contra el gobierno argentino". Sin embargo, con el paso del tiempo observaron que se había desarrollado "una cooperación para el intercambio de votos entre ambas partes" en la ONU.

De hecho, en 1978 los militares habían firmado un acuerdo con los soviéticos para que las cancillerías de los dos países se reunieran una vez por año, antes de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, para consultarse. Además de esas gentilezas, la Casa Rosada y el Kremlin hicieron ceremoniosos intercambio de delegaciones militares, abundantes en condecoraciones.

En distintas ocasiones, en los organismos internacionales la URSS vetó la condena a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, aunque apoyó los dictámenes contra Pinochet en Chile. Incluso disputó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigara a la Argentina, cosa que sucedió en 1979 y dio lugar a un informe desolador en 1980.

David Aaron, asesor adjunto de Seguridad Nacional, observó en la reunión que documentó el memo desclasificado que no había motivo "para mejorar las relaciones drásticamente con Argentina", dado que "nos han provocado abiertamente con el tema de los granos". En su opinión, el gobierno debía "expresar claramente nuestra irritación actual" y luego ver cómo se procedía tras el cambio de Videla, quien sería sucedido por Roberto Viola.

"No vamos a llegar muy lejos con Videla", evaluó. "No obstante, deberíamos aprovechar el nuevo gobierno para dar vuelta la página. Si actuamos para mejorar nuestras relaciones con ellos ahora, simplemente no tendremos el respeto de los argentinos".

Al año siguiente, con el gobierno de Ronald Reagan, el embargo a la URSS sería levantado, y la confrontación de la Guerra Fría tomaría otras formas. Argentina, mientras tanto, hizo acuerdos con la URSS para venderle también carne (entre 60.000 y 100.000 toneladas anuales) y recibir técnicos para programas marítimos, entre otros.

No fue hasta la guerra de Malvinas que la relación argentino-soviética comenzó a enrarecerse. Cuando la cuestión llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, los soviéticos se abstuvieron por considerar que el reclamo legítimo se había convertido en una maniobra por la fuerza, que además podría terminar con la habilitación de bases estadounidenses en el Atlántico Sur, dado que Leopoldo Galtieri, sucesor de Viola, era considerado pro-Pentágono. La URSS interrumpió la compra de cereales durante la duración de la guerra.

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