Sangre, crímenes y torturas de la Liga Patriótica y la Triple A, dos hitos del terror parapolicial en la Argentina

José López Rega logró el salvoconducto para mudarse a Madrid el 11 de julio de 1975. Atrás quedaban cientos de crímenes planificados desde las oficinas del Ministerio de Bienestar Social, entre ellos el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, que había estado un tiempo a cargo de la Secretaría de Vivienda: curioso destino, un organigrama que dependía de López Rega, quien le tenía jurada la muerte.

Tal era la impunidad de ese hombre, que la propia María Estela Martínez de Perón lo designó embajador plenipotenciario para que esa inmunidad diplomática lo blindara de la extradición a la Argentina. España todavía tenía al frente al dictador Francisco Franco, con quien López Rega tenía una gran afinidad.

Unos días antes de la abrupta salida de "el Brujo" los mandos del Ejército habían denunciado que la Triple A tenía un aguantadero en la Avenida Figueroa Alcorta al 3200, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires.

Tras la denuncia, la Justicia autorizó un allanamiento en la Quinta Presidencial de Olivos y los diarios publicaron lo que ya todos sabían: la organización parapolicial comandada por López Rega era parte central del poder político de María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.

Al expediente judicial se sumó una comisión parlamentaria que investigaba los cientos de crímenes atroces cometidos desde fines de 1973. A principios de 1976, el clima era tan confuso que mucha gente no se percataba de que, en paralelo a la denuncia de la Triple A, las Fuerzas Armadas preparaban un golpe mucho más sanguinario que la brutalidad parapolicial.

Sin embargo, nada puede empañar el accionar de los esbirros de López Rega. En efecto, esa comisión parlamentaria le tomó declaración a uno de los pistoleros, el ex militar Salvador Horacio Paino, quien se despachó con los detalles del accionar de la Triple A.

La declaración fue tomada en el penal de Villa Devoto:

"La organización de la Triple A me la encomendó a mí el señor Jorge Conti, asesor de prensa del Ministerio de Bienestar Social. La Triple A la manejaba el ministro José López Rega, pero su responsabilidad es relativa. También la manejaban sus asesores y sus enlaces. El día 3 de marzo de 1974, Conti me entregó un cheque de 2 millones de pesos, de Sucesos Argentinos (el noticiero del Estado para los cines). Me dijo que guardara el dinero porque tenía que organizar un grupo para una operación comando. El 20 del mismo mes me entregó otro cheque, de 3 millones, de la imprenta que editaba la revista Las Bases (un semanario apadrinado por López Rega). Conti me dijo que ese cheque era para matar al diputado Rodolfo Ortega Peña y al abogado Antonio Tomás Hernández, vicepresidente de la empresa Dicon (Canal 11). Me negué terminantemente, tuve un fuerte cambio de palabras con Conti y decidí alejarme del ministerio", dijo Paino, quien agregaba entre otras tantas revelaciones: "(Conti) me dijo que las armas que usaba la Triple A las traían de Pedro Juan Caballero, Paraguay. Los dólares con que se pagaban las armas (ametralladoras Sten) me los daba el director de Administración del ministerio, Rodolfo Roballos".

Las víctimas eran elegidas entre dirigentes de la izquierda, peronista o marxista, líderes sindicales, actores, periodistas valientes y sacerdotes tercermundistas.

López Rega tuvo una curiosa carrera en la Policía Federal: ingresó como agente en 1943 y se retiró como sargento en 1962. Doce años después, sin que mediara ninguna capacitación en materia policial, por un decreto presidencial firmado el 3 de mayo de 1974 fue designado comisario general. Con el tiempo se supo que parte de los pistoleros de la Triple A eran insignes oficiales federales. Los casos más conocidos fueron los comisarios Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón.

Las víctimas de la Triple A ocuparon muchos folios de la Justicia Federal, con 680 homicidios documentados. Recién en 2006 el juez Norberto Oyarbide dictaminó que se trataba de crímenes de lesa humanidad porque fueron hechos al amparo del aparato estatal. Sin embargo, las condenas no llegaban.

El propio Jorge Conti pasó una temporada entre rejas y en septiembre de 2015 (30 años después de los crímenes) fue dejado en libertad por la Justicia hasta que hubiera un fallo. En marzo de 2016, solo Conti y cuatro integrantes de aquellas bandas fueron condenados por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Un dato central de las condenas fueron aquellas declaraciones de Paino en Villa Devoto tres décadas antes.

López Rega había muerto, impune, en junio de 1989.

El peligro bolchevique y la Liga Patriótica

Todavía muchos creen que la impunidad parapolicial fue un invento de la derecha peronista, inspirada en algunos militares de corte nacionalista como el sanguinario teniente coronel retirado Jorge Osinde –cercano a López Rega-, protagonista central de la masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973.

Osinde había integrado los cuadros de la inteligencia de Estado hasta el golpe que desalojó a Perón del poder en septiembre de 1955. Los nazis que habían llegado a la Argentina tras la derrota del Tercer Reich asesoraban a esos agentes de inteligencia antes y después de la caída de Perón.

Hay cosas en la sala de máquinas de los Estados cuyas continuidades son tan dramáticas como secretas. Un ejemplo fue el ex oficial de las SS Constantin Von Groman, quien tenía de pantalla una empresa de importación de maquinaria alemana (Equipos Técnicos) en la calle Bolívar al 500 al tiempo que atendía en una oficina en 25 de Mayo al 200, a metros de la central de Inteligencia de Estado: cuando fue derrocado el peronismo, Von Groman siguió siendo consejero de la SIDE, convocado por el general Eduardo Señorans, un antiperonista rabioso.

No alcanza con ver la relojería de la represión de los cincuentas, sesentas y setentas si la mirada no se atreve a escudriñar los años en los cuales el radicalismo dio sus primeros pasos como partido de gobierno con la asunción de Hipólito Yrigoyen en 1916.

Dos años antes, se había inaugurado el edificio del Centro Naval en la esquina de Florida y Corrientes. Una mansión de estilo academicista francés con salones de lujo para que los oficiales de la Armada pudieran confraternizar y hacer elegantes reuniones sociales. Fue en 1919 que allí sesionaban los miembros de la Liga Patriótica.

No se trataba de una sociedad secreta: se inspiraban en las Guardias Blancas rusas, grupos de militares y civiles, nobles y plebeyos, desplazados del poder por la Revolución Bolchevique. Como reguero de pólvora, Europa oriental se vio poblada de guardias blancos que no solo se sumaron a la guerra civil en Rusia sino que reprimieron y mataron comunistas y anarquistas tras levantamientos e insurrecciones en varios países.

Un caso notable fue el asesinato en Berlín de dos líderes destacados –Karl Liebknetch y Rosa Luxemburgo– a manos de un grupo parapolicial (Cuerpos libres) el 15 de enero de 1919. En Alemania no gobernaba la derecha: el socialdemócrata Friedrich Ebert era el presidente de la llamada República de Weimar, agobiada por la inflación y el lapidario Tratado de Versalles, que imponía condiciones incumplibles a los perdedores.

De aquella guerra surgida en 1914 al calor de banderías nacionales, donde los soldados se mataban sin saber qué religión o qué ideas profesaban sus oponentes, cuatro años después, los alineamientos traspasaban las fronteras: dicho de modo simple, la división era entre rojos y blancos, entre quienes querían una revolución y quienes defendían el orden establecido.

Paramilitares en el gobierno de Yrigoyen

En el Río de la Plata, muy lejos del humo de las trincheras, algunos hombres de poder decidieron crear una suerte de Guardia Blanca vernácula.

En el acta fundacional sus promotores afirmaron que: "La civilización nacional engendró la Liga Patriótica Argentina, que nació para reunir a todos los hombres sanos y enérgicos con el fin de colaborar con la autoridad para mantener el orden y vigorizar los sentimientos esenciales del alma nacional, que por lo eterno funda la patria".

Proclamó: "Estimular, sobre todo, el sentimiento de argentinidad tendiendo a vigorizar la libre personalidad de la Nación, cooperando con las autoridades en el mantenimiento del orden público y en la defensa de los habitantes, garantizando la tranquilidad de los hogares, únicamente cuando movimientos de carácter anárquico perturben la paz de la República. Inspirar en el pueblo el amor por el ejército y la marina. Los miembros de la Liga se comprometen, bajo su fe y honor de argentinos, a cooperar por todos los medios a su alcance, e impedir: 1) La exposición pública de teorías subversivas contrarias al respeto debido a nuestra patria, a nuestra bandera y a nuestras instituciones. 2) Las conferencias públicas y en locales cerrados no permitidos sobre temas anarquistas y marxistas que entrañen un peligro para nuestra nacionalidad".

En su retórica, no faltó el desprecio a lo que consideraban tibios: "Luchar contra los indiferentes, los anormales, los envidiosos y haraganes; contra los inmorales, los agitadores sin oficio y los energúmenos sin ideas. Contra toda esa runfla sin Dios, Patria, ni Ley, la Liga Patriótica Argentina levanta su lábaro de Patria y Orden. No pertenecen a la Liga los cobardes y los tristes".

Eso se tradujo en actos de pura barbarie. Entre los enterrados en las fosas comunes de la Semana Trágica, no solo hubo víctimas de los soldados al mando del general Luis Dellepiane –puesto por el propio Hipólito Yrigoyen para conjurar las protestas de los trabajadores de los Talleres Vasena-, sino que muchos de ellos morían por los tiros de las carabinas de civiles armados por carabinas y revólveres entregados por conspicuos jefes militares.

Para poner nombres: quien convocaba en el Centro Naval era el contraalmirante Manuel Domecq García. El propio general Dellepiane fue de la partida. Y el presidente de esa entidad fue Manuel Carlés, un radical santafesino que, antes de encabezar los grupos paramilitares, había sido diputado nacional, interventor en la provincia de Salta designado por el propio Hipólito Yrigoyen y profesor del Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra.

A Carlés suele nombrárselo como nacionalista o fascista, sin embargo militó en el radicalismo y luego se pasó al Partido Conservador. Otro radical que tuvo responsabilidades en aquella Liga fue Joaquín de Anchorena, a quien el presidente Yrigoyen le había encomendado tiempo antes ser interventor en la provincia de Entre Ríos.

Manuel Carlés sumó a entusiastas industriales que querían terminar con los sindicalistas anarquistas y a directivos del exclusivo Jockey Club. La Liga también sumó a sacerdotes como el obispo auxiliar de Buenos Aires, Miguel de Andrea, y a una de las plumas más notables de la época: el escritor Leopoldo Lugones, quien empezó alineado con el vanguardismo literario de simpatías con el anarquismo, que escribía en el periódico socialista La Vanguardia, y que luego se identificó con el fascismo italiano y se enroló en la Liga Patriótica.

Sus figuras eran pitucos, gente de alcurnia y destacados políticos mezclados con plebeyos o arribistas. Sin distinción de origen, cometieron crímenes atroces: la Liga desplegó grupos en las comisarías porteñas para acompañar -en sus autos descapotados, armados de carabinas y revólveres- a las fuerzas conducidas por el general Dellepiane en la represión de los obreros de los Talleres Vasena (la Semana Trágica, del 7 al 14 de enero de 1919), que dejó centenares de muertos enterrados en fosas comunes.

Dos años después, Carlés fue con un nutrido grupo de paramilitares a la Patagonia. Esta vez para ponerse al servicio del teniente coronel Héctor Benigno Varela. Varela había estado bajo las órdenes de Dellepiane en la Semana Trágica.

Hipólito Yrigoyen le encomendó a Varela dos misiones sucesivas para acallar otro foco de reclamos obreros. En 1920 Varela fue dialoguista con los líderes sindicales patagónicos. Sin embargo, su regreso al frente del Regimiento X de Caballería en noviembre de 1921, fue para aplicar la pena de muerte sin sentencia judicial.

El historiador Osvaldo Bayer logró dar con la documentación ocultada de aquella masacre, en la cual, como en la Estancia Anita, cercana al Lago Argentino, a las víctimas se les hizo cavar sus propias tumbas antes de dispararles con los Remington.

La Liga Patriótica había firmado acuerdos con la Sociedad Rural de Río Gallegos para proveer hombres armados para una supuesta defensa de las estancias por el peligro anarquista. Tras la extinción de los reclamos, Carlés organizó el homenaje al teniente coronel Varela.

El alemán Gustav Wilckens ejecutó en 1923 al coronel Varela con una bomba y cuatro tiros, la cantidad de disparos que el militar había ordenado pegarle a cada huelguista patagónico capturado.

Nunca se juzgaron los crímenes de la Liga Patriótica

La Liga inició sus actividades formales el 23 de abril de 1919. Ni Manuel Carlés ni otros integrantes de la Liga fueron citados a los tribunales por los crímenes cometidos en la Semana Trágica ni en la Patagonia Rebelde. En cambio, Marcelo T. de Alvear, sucesor de Yrigoyen, lo designó interventor en San Juan en 1923.

La Liga Patriótica fue menguando su protagonismo en los años veinte. Otros nacionalistas admiradores del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, se juntaron en la Liga Republicana.

Esos y otros grupos de acción tomaron contacto con el general José Félix Uriburu. Así fue que el 6 de septiembre de 1930, mientras las tropas salían de Campo de Mayo para consumar el golpe de Estado contra Yrigoyen, los grupos de civiles armados salían en autos con carabinas y revólveres para ser protagonistas del derrocamiento de Yrigoyen.

El depuesto presidente estuvo 15 meses en prisión, dispuesto por un gobierno que desconoció la Constitución y alteró el orden y los derechos públicos. La Liga Patriótica -surgida en el primero gobierno de Yrigoyen- se fue extinguiendo después del golpe de Uriburu. Sus integrantes, como panchos por su casa.

Los crímenes de la Triple A fueron a parar a los tribunales en julio de 1975, recién cuando las Fuerzas Armadas preparaban el golpe que consumaron en marzo de 1976. Hasta entonces los pistoleros de esa agrupación parapolicial gozaban de impunidad y hasta de zonas liberadas por las policías cuando iban a cometer los crímenes.

Por otra parte, una vez recuperada la democracia en diciembre de 1983, comenzaron a moverse esos expedientes sustanciados en 1975. Las pocas condenas que hubo sobre algunos de sus miembros se explican porque fueron considerados crímenes de lesa humanidad, expedientes que no prescriben en el tiempo. De no haber existido la carnicería cometida por las Fuerzas Armadas en el poder desde marzo de 1976, la Triple A quizá hubiera sido una página aun más trágica en la historia de un país donde la impunidad ganó demasiadas batallas.

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