
El coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez denunció al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, por la incursión armada del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, que dejó ocho personas fallecidas y abrió investigaciones sobre la actuación militar durante los enfrentamientos. El Ministerio Público confirmó que recibió la acción, mientras el Gobierno ordenó una comisión para determinar el alcance de la participación del Ejército.
La denuncia también solicita investigar al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y plantea como hipótesis la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Las responsabilidades y los eventuales delitos deberán ser determinados por las pesquisas del Ministerio Público.
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Los investigadores procesaron cuatro escenas vinculadas con el ataque y recolectaron 77 indicios balísticos, que fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer qué armas pudieron haber sido utilizadas. Los análisis deberán contribuir a identificar a los participantes y reconstruir cómo se desarrollaron los hechos.

La denuncia contra dos altos mandos militares
De acuerdo con medios guatemaltecos, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que recibió una denuncia contra el ministro Henry Sáenz relacionada con los ataques armados registrados en Huité. El ente investigador no detalló los delitos que podrían ser atribuidos ni las diligencias que se desprenderán de la presentación.
Barrios Martínez, coronel de infantería, incluyó en su solicitud al ministro Henry David Sáenz Ramos y al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. También pidió esclarecer la eventual participación de integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta, conocido como BEIR.
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El coronel sostuvo que incorporó a esa unidad por el tipo de operaciones para las que está entrenada y por la cadena de mando que, según su planteamiento, interviene en la autorización de sus acciones. Además, cuestionó que la institución militar investigue internamente la conducta de sus propios integrantes.
La incursión ocurrió durante una jornada de violencia en el municipio zacapaneco. Vecinos reportaron la presencia de hombres fuertemente armados y el sobrevuelo de dos helicópteros, cuya procedencia y posible intervención no han sido esclarecidas.
Los primeros reportes situaron el número de víctimas en al menos seis personas, entre ellas una niña de 10 años. En los días posteriores, las autoridades elevaron el saldo a ocho fallecidos: cuatro hombres, tres mujeres y un menor de edad.
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Las versiones del Ejército y la comisión ordenada por Arévalo
La presencia de militares en el área fue objeto de versiones contradictorias. En un primer momento, el Ministerio de la Defensa descartó que el Ejército hubiera participado en los hechos.
Más tarde, las autoridades militares reconocieron que había personal desplegado en las cercanías, aunque sostuvieron que no ingresó inicialmente al lugar para evitar una escalada de violencia y proteger a la población civil. La cartera también confirmó que vehículos militares aparecen en videos difundidos sobre los acontecimientos.
Entre esos vehículos figura un J8 ubicado cerca del área donde se produjeron los ataques. Según la explicación de Defensa, el primer incidente se registró entre las 17 y las 18 horas, mientras que el despliegue militar ocurrió entre las 20 y las 21 horas.
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Varios días después, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que el Ejército participó en los enfrentamientos, sin precisar la modalidad ni las circunstancias de esa intervención. Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó: “Las circunstancias aún no han sido esclarecidas”.
Arévalo ordenó la creación de una comisión multidisciplinaria dentro del Ministerio de la Defensa Nacional para establecer responsabilidades. La instancia, encabezada por el ministro de la Defensa, deberá examinar aspectos operativos, de personal, logística e inteligencia vinculados con la actuación de los militares.
El presidente dispuso que las conclusiones de esa comisión sean remitidas al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación en distintos escenarios. La Fiscalía deberá establecer cómo ocurrieron los enfrentamientos, quiénes participaron y si existieron actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad.
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El Ministerio de la Defensa anunció que ampliará la información sobre el operativo y sobre su pesquisa interna respecto de los elementos que estuvieron presentes en Huité.
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