El sistema penitenciario de Guatemala prioriza modernización y refuerzo en ocho cárceles

El Sistema Penitenciario de Guatemala ha decidido priorizar la modernización y refuerzo de seguridad en ocho prisiones, con un presupuesto estimado de Q56 millones, en cumplimiento del reciente Decreto 11-2025 sobre combate frontal a grupos criminales. Este esfuerzo busca responder a un nivel de vulnerabilidad estructural que preocupa tanto a las autoridades como a integrantes del Congreso, con el foco puesto en el control de la corrupción y las deficiencias técnicas dentro de los centros penales.

Durante una citación con el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), autoridades penitenciarias informaron que la iniciativa contempla remozamientos en Pavoncito, Preventivo de la Zona 18, Santa Teresa, Renovación I, Boquerón, Chimaltenango, Fraijanes 2 y El Cobo. Melvin Rosales del Sistema Penitenciario, agregó que los trabajos incluyen mejoras perimetrales, nuevas áreas de ingreso y la instalación de salas de videoconferencias, además de adecuaciones orientadas a la asistencia médica de los reclusos.

El monto presupuestado para estas mejoras fue fijado en Q56 millones (igual a aproximadamente USD 7,2 millones al tipo de cambio actual). Autoridades aclararon ante el Congreso que este dinero no se ejecutará íntegramente en el plazo de un año fiscal y advirtieron que los proyectos avanzarán por etapas, priorizando la infraestructura crítica para la contención de internos ligados a estructuras delictivas organizadas.

El criterio de selección de los ocho centros priorizados responde a la necesidad de fortalecer las prisiones que concentran internos vinculados a estructuras delictivas organizadas, donde la capacidad operativa y la presencia de tecnología y controles administrativos serán reforzadas en los meses siguientes.

El uso de guardias penitenciarios como albañiles, ante la falta de personal especializado

El diputado Chic increpo varias veces a funcionarios sobre el motivo por el cual son los propios guardias penitenciarios quienes ejecutan físicamente parte de las obras de remozamiento. “He encontrado a los guardias haciendo los trabajos de albañilería y carpintería, pero esa no es la función para la que fueron contratados. A ellos mismos los ponen a hacer las galeras para descansar”, relató Chic durante la citación, según registró en la transmisión realizada por el legislador.

El testimonio del legislador se sumó a críticas sobre el uso irregular de personal para tareas para las que no fueron reclutados. Las respuestas de los responsables del Sistema Penitenciario insistieron en que, ante la restricción presupuestaria, el modelo de “trabajos por administración” implica que equipos internos con conocimientos de carpintería y herrería asuman la ejecución material de las mejoras.

Como resultado, el fortalecimiento físico de los centros, incluyendo el cierre de caletas y refuerzos perimetrales, avanza con recursos humanos propios, aun cuando ello implique la reasignación temporal de guardias cuya función original es exclusivamente el control de la población privada de libertad.

Tecnología, corrupción y el reto de aislar a las organizaciones criminales

La discusión parlamentaria dejó en evidencia el alto grado de dificultad para bloquear comunicaciones ilícitas desde las prisiones, uno de los objetivos clave del Decreto 11-2025. Legisladores y autoridades analizaron comparativamente los modelos de Costa Rica, El Salvador y México, concluyendo que no existe un sistema de bloqueo de señal que funcione al 100%, pues la efectividad depende de una combinación de infraestructura tecnológica y controles administrativos.

Durante la audiencia, Chic denunció que en ocasiones pasadas los bloqueadores de señal instalados dejaron de funcionar porque “los mismos privados de libertad pagaban cuotas para que el guardia del estado penitenciario subiera o bajara la palanca”, lo que a su juicio representa un círculo de corrupción que mina cualquier mejora tecnológica. “Cuando hay interés de los internos, hay señal; cuando hay requisa, no hay señal”, advirtió Chic.

El diputado mencionó la evasión de veinte reclusos en Fraijanes 2, donde, según su relato, tuvieron acceso a comunicación cuando la necesitaron para fugarse, pero el sistema de identificación policial quedó inutilizado en el momento de las recapturas. Esta situación evidencia la inestabilidad operativa y el impacto directo de la corrupción en la eficacia de las intervenciones técnicas.

La viceministra de Gobernación, Karen Stephanie Ortiz Solares reconoció que “no tenemos otra forma de hacerlo que con bloqueadores físicos. Por eso analizamos paralelamente alternativas y priorizamos centros mientras avanzan las iniciativas legislativas”. La funcionaria confirmó que “ya están instalando las bases” para la infraestructura eléctrica y la conexión de los nuevos sistemas de bloqueo, a la espera de resolver trámites aduaneros pendientes.

El alcance del Decreto 11-2025: infraestructura, salud y comunicación restringida

El artículo 18 del Decreto 11-2025 establece que, en un plazo de seis meses desde su entrada en vigencia, la Dirección General del Sistema Penitenciario debe adecuar instalaciones específicas para el resguardo supervisado de personas que pertenezcan a maras o pandillas consideradas organizaciones criminales.

Estas medidas incluyen la construcción de salas de videoconferencias para comunicaciones judiciales, visitas y consultas médicas, con el objetivo de reducir el traslado físico de internos peligrosos y limitar la posibilidad de fugas o transacciones criminales desde el interior de los penales. Además, se prevé dotar a los centros de “personal, instalaciones y equipo básico adecuado para proporcionar asistencia de salud médica integral a las personas privadas de libertad”.