Consuelo Porras defiende su gestión y denuncia campaña para desacreditarla en Guatemala

Consuelo Porras, fiscal general saliente de Guatemala, defendió su gestión frente al Ministerio Público tras ocho años en el cargo y denunció una “campaña de narrativas desinformadoras” que, según ella, intentaron desacreditar su labor. La funcionaria, quien concluye su periodo en medio de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por supuestos actos que socavan la democracia, presentó su informe de gestión correspondiente a 2025-2026, en el que realizó un balance de su paso por la institución, según informó EFE.

Durante su última presentación pública como fiscal general, Porras afirmó que “con la frente en alto” ella puede decir “deber cumplido”. “Esta ha sido una gestión histórica con resultados reales. Enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar”, afirmó Porras. La funcionaria sostuvo que el Ministerio Público, bajo su liderazgo, logró un porcentaje de resolución de casos superior al 90 % respecto a las denuncias recibidas, además de una reducción significativa de la mora fiscal histórica. Sin embargo, diversas fuentes consultadas por EFE señalan que la tasa real de éxito de la institución no supera el 8 %.

Consuelo Porras, jurista de 72 años, asumió el cargo en mayo de 2018 tras ser designada por el entonces presidente Jimmy Morales y fue ratificada por Alejandro Giammattei para el periodo 2020-2024. Este 17 de mayo será reemplazada por el abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años. Porras destacó supuestos avances en la aceptación ciudadana y el fortalecimiento institucional, señalando que la modernización del Ministerio Público y la cobertura penal en los 340 municipios del país contribuyeron al aumento de la confianza pública. Estas afirmaciones fueron expuestas durante una ceremonia restringida a personal institucional y periodistas previamente seleccionados, según EFE.

Pese a la versión de eficiencia defendida por Porras, su gestión culmina bajo un fuerte aislamiento internacional debido a sanciones por corrupción activa y por el uso de la persecución penal para criminalizar a opositores y socavar la democracia. EFE indica que el rechazo internacional se intensificó tras las elecciones generales de 2023, cuando la Fiscalía encabezada por Porras emprendió una ofensiva judicial que intentó anular el escrutinio oficial y criminalizar al partido del actual presidente Bernardo Arévalo de León.

Organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas, activistas y operadores de justicia han denunciado de manera sistemática que, bajo la administración de Porras, la persecución penal se utilizó como mecanismo de represión política. Este contexto generó la criminalización de liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas críticos. Además, provocó el exilio forzado de más de treinta jueces, magistrados y fiscales anticorrupción, quienes investigaban redes de impunidad y abandonaron el país ante la falta de garantías jurídicas.

La transición en la Fiscalía, que asumirá García Luna, mantiene en alerta a la sociedad civil y a los socios internacionales de Guatemala, los cuales demandan el cese de la persecución política como condición previa para restablecer el Estado de derecho.

La elección del nuevo fiscal

La designación de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala cerró un proceso marcado por disputas legales y reclamos de transparencia. Según reportes de medios internacionales, la Comisión de Postulación recibió 48 candidaturas y elaboró una nómina, objetada porque el sistema de puntuación excluía experiencia judicial y favorecía a la entonces fiscal Consuelo Porras. La Corte de Constitucionalidad ordenó rehacer la lista, tras amparos que buscaban garantizar imparcialidad.

Durante la etapa final, el presidente Bernardo Arévalo entrevistó a los seis finalistas. Las sesiones se centraron en la independencia del Ministerio Público ante presiones de redes político-criminales, de acuerdo con Guatemala Portal. Persistieron acciones legales dirigidas a anular la nómina, mientras sectores sociales reclamaban reglas claras.

El 5 de mayo, Arévalo anunció la elección de García Luna, abogado y notario con más de dos décadas de trayectoria. El mandatario destacó la necesidad de fortalecer la autonomía institucional. La salida de Porras, criticada por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, fue interpretada como un intento de restaurar la confianza en la justicia guatemalteca.