En Japón un joven demandó al gobierno por negarle el acceso a los videojuegos

En abril de este año, el gobierno de la prefectura de Kagawa (ubicada en la isla de Shikoku, en Japón) decidió limitar el uso de videojuegos para menores de 20 años. Semanas atrás, recibió su primera demanda por parte de un adolescente y su familia que acusan a la medida de inconstitucional, señalando que es una “violación de los derechos humanos fundamentales”.

La medida pretende limitar a una hora por día en la semana el consumo de videojuegos, y a 90 minutos durante el fin de semana. Además, establece que el celular no debe ser usado luego de las 9PM, excepto sea por motivos escolares. La prohibición depende de la voluntad de los padres y madres. No contempla sanciones y el control debe ser hecho por los adultos. Así, hay quienes consideran que crecerán sus derechos individuales y piensan llevar la pelea a las instancias judiciales más altas.

El impulsor de la medida fue Ichiro Oyama, un reconocido activista japonés en contra del uso de videojuegos. Lo cierto es que en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enlistó a la adicción a los videojuegos formalmente como una enfermedad y Japón tiene serios problemas con sus jóvenes y el tiempo que pasan no sólo jugando, sino frente a una pantalla. La OMS considera que el trastorno por videojuegos es una enfermedad mental y esta patología fue considerada para incluir en la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11), que no se actualiza desde 1990.

Vladimir Poznyak, jefe del Departamento de Salud Mental de la OMS, dijo a New Scientist que “los profesionales de la salud deben reconocer que los trastornos por videojuegos pueden tener consecuencias graves para la salud”. Sin embargo, aclara que la mayoría de las personas que juegan videojuegos no sufre ningún trastorno, del mismo modo que la mayoría de las personas que beben alcohol tampoco.

Según Kyodo News, la demanda fue realizada por una madre y su hijo Kagawa, quienes piden 1.54 millones de yenes (aproximadamente 13.000 euros) señalando que es una medida insconstitucional y “una violación de los derechos humanos fundamentales”. El primer adolescente en contraatacar legalmente estas medidas fue Wataru, un joven de 17 años cuyo apellido permanece anónimo. Con el apoyo de su madre contrató a un abogado que lo represente. Argumenta que la medida del gobierno no tiene sustento científico y una intromisión inaceptable por parte del gobierno en una familia.

La batalla legal tomará años hasta llegar a la Corte Suprema de Japón, y hay argumentos desde ambos lados. Quienes apoyan la norma consideran que ganarán porque no establece penas por no cumplirla. Por otro lado, quienes apoyan a Wataru ven una violación de derechos constitucionales de libertad de expresión.

El objetivo de la ley de Kagawa es combatir la adicción a los juegos y a internet. El proyecto de ley fue rechazado en sus inicios y fue enviado a revisión para reducir sus restricciones. Finalmente, la ley obliga a los adultos a cargo de menores a que controlen el tiempo de exposición a pantallas. Sin embargo, no hay una forma viable de controlar las horas de juego de la población. Por eso la responsabilidad, como siempre, recae en los adultos de cada familia.

Miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kagawa han señalado semanas atrás que la ley es problemática, sobre todo, pensando en su aplicación y la particularidad de cada caso. En contraposición con lo que plantea gobierno de la prefectura de Kagawa, los videojuegos están en el mejor momento como industria global y los consumos de los mismos están al tope. Además, hace menos de tres meses, la propia OMS recomendó el jugar videojuegos en sus redes sociales.

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