El fiscal Ramiro Gutiérrez le pidió hoy al juez Ariel Ljio que libre exhortos a Arabia Saudita y Yemen para determinar si existen procesos en trámite que acrediten la denuncia que realizó la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, por delitos de lesa humanidad.
Además, solicitó que Cancillería presente un informe sobre el status del mandatario para determinar si cuenta con inmunidad diplomática. En la presentación judicial realizada por Kenneth Roth, en nombre de HRW y que recayó en el juzgado de Lijo, se menciona la presunta responsabilidad de Bin Salman en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía y los crímenes en Yemen.
El juez ya hizo lugar a los pedidos. Libró exhortos a Turquía, Yemen y la Corte Penal Internacional para saber si existen causas judiciales contra Salman. También le requirió a Cancillería el status y las condiciones diplomáticas dispuestas para la cumbre del G-20 del príncipe de acuerdo a las convenciones internacionales vigentes.
Además, el magistrado le solicitó a Human Rights Watch precisiones respecto de uno de los hechos denunciados: buscan que se identifique las víctimas y se especifique las circunstancias de tiempo y lugar de las torturas contra activistas detenidas en el año 2018, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
"Toda vez que no se cuenta con las debidas constancias que acrediten la decisión jurisdiccional, por parte de los Estados donde se habrían cometido crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, de no investigar los hechos denunciados, en función del principio de subsidiariedad o complementariedad de la justicia universal, resulta imperioso, de manera previa a tomar cualquier decisión en relación con el motivo que anuncia la vista conferida, corroborar dichos extremos. Así las cosas, solicito a V.S. que se sirva tener a bien librar exhorto internacionales al Reino de Arabia Saudita y a la República de Yemén con el fin de determinar si existen procesos en trámite que revistan por objeto procesal los hechos aquí denunciados", expresó el fiscal Gutiérrez en su escrito.
Entre otros puntos, Human Rights Watch le solicitó a la Justicia Argentina que aplique la jurisdicción universal que pregona la posibilidad de juzgamiento de delitos de lesa humanidad fuera del lugar donde fueron cometidos. Bajo ese mismo criterio el entonces juez español Baltazar Garzón emitió una orden internacional de detención contra dictador chileno Augusto Pinochet y logró que lo arrestaran en Londres en 1998.
Así, el fiscal Ramiro González, en relación a la aplicación del artículo 117 de la Constitución que establece como competencia originaria de la Corte Suprema "todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros", requirió en su escrito a si efectivamente "las particularidades del caso y la posible responsabilidad de representantes de un Estado por violación a derechos humanos internacionalmente reconocidos" es competencia de la Corte o de la Justicia Federal.
En relación a toda esta batería de requerimientos hacia el juez Lijo, que ya comenzó a trabajar para iniciar el expediente de acuerdo informaron fuentes judiciales a Infobae, y el tiempo que demanda cumplimentarlos, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, no será detenido en Argentina y participará de toda la agenda del g-20.
Mohammed está sospechado de ser el instigador de las torturas y golpes del cadáver del periodista opositor en la embajada del reino en Estambul, que fue descuartizado y disuelto en ácido. Arabia Saudita reconoció el asesinato aunque rechazó que el poderoso príncipe heredero esté vinculado con él. MBS, como se lo conoce, fue el primer líder en llegar al país paras participar del G-20 y lo hizo junto a su comitiva al aeropuerto internacional Ministro Pistarini en la ciudad de Ezeiza a bordo de un Boeing 747-400 de la flota oficial del gobierno saudita.
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