Francia impuso toques de queda parciales en París y otras ciudades este lunes, después de que las protestas del fin de semana contra el alza de precios derivaran en algunos de los peores disturbios callejeros registrados en el país en los últimos años.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, no descartó decretar el estado de emergencia luego de que el ministro del Interior admitiera que la policía había “perdido el control” en varias ciudades. El gobierno quedó bajo fuego cruzado por no haber anticipado ni contenido la violencia, mientras intentaba frenar el enojo social a seis meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Emmanuel Macron.
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Toques de queda en París y otras ciudades
La policía de París ordenó un toque de queda nocturno en dos zonas específicas de la capital: la Place de la République, escenario de disturbios el sábado, y el barrio comercial de Les Halles, blanco de saqueos. La medida busca “proteger a las personas y los bienes de la violencia y los saqueos”, según el comunicado de la policía parisina.
La restricción rige desde las 23.00 del lunes hasta las 6.00 del martes, y las manifestaciones y concentraciones quedaron prohibidas a partir de las 20.00. Lecornu había pedido inicialmente toques de queda “muy limitados” y “localizados” en varias ciudades, entre ellas Lille y Lyon, para proteger a los comercios.
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En el norte del país, las autoridades locales impusieron además un toque de queda para menores de 18 años en varias localidades, incluida Lille, vigente entre las 20.00 y las 6.00 durante dos días. En Niza, en la Costa Azul, también se decretó un toque de queda nocturno para menores desde las 21.00.
Los disturbios del fin de semana, que dejaron el estallido de violencia más grave en años en Francia, comenzaron como protestas pacíficas contra el encarecimiento del costo de vida y derivaron en ataques contra comisarías, edificios públicos y comercios en varias ciudades. El gobierno respondió con toques de queda selectivos y la amenaza de declarar el estado de emergencia si la situación no se controla.
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El gobierno rechaza la renuncia del ministro del Interior
Tras el caos del fin de semana, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia el domingo, pero Macron se negó a aceptarla “dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual”, según un comunicado de la presidencia. Macron le pidió además garantizar “total transparencia sobre las fallas de planificación y de inteligencia” que permitieron la violencia y aplicar “nuevas tácticas policiales sobre el terreno lo antes posible”.
Nuñez reconoció públicamente la falla estatal. “No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios fueron saqueados y decir que no perdimos el control en algunas de las principales ciudades”, declaró en la radio France Inter. Responsabilizó de los hechos a “hordas de alborotadores y saqueadores” y a “activistas de extrema izquierda”, y admitió que la estrategia policial debe adaptarse “frente a grupos extremadamente móviles”.
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Lecornu, por su parte, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad pese al saldo de la jornada. “A pesar de escenas de violencia grave y daños materiales extensos, no hubo muertos, y eso es un milagro”, afirmó. También sostuvo: “Estoy absolutamente decidido a restablecer el orden público”.
Las autoridades estimaron el lunes que al menos 3.000 comercios resultaron dañados o saqueados en distintas ciudades del país, con un costo que se calcula en cientos de millones de euros. El prefecto de Marsella prohibió cualquier manifestación o concentración entre el mediodía y las 20.00 del lunes como medida preventiva.
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Más de 2.500 detenidos y cientos de heridos
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó que más de 2.513 personas fueron puestas bajo custodia policial desde el fin de semana en todo el país, de las cuales 67 fueron encarceladas y se abrieron “decenas” de causas penales. Darmanin agregó que las autoridades recurrirán al reconocimiento facial en redes sociales para identificar a los responsables de los disturbios.
El saldo de la represión y los enfrentamientos incluyó a casi mil integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, además de manifestantes lesionados, uno de los cuales perdió una mano por el impacto de una granada lacrimógena policial. El gobierno había desplegado 60.000 efectivos de seguridad durante la jornada del sábado.
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Durante la noche del domingo, grupos incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades. En Limoges, en el centro del país, las llamas consumieron el ayuntamiento del siglo XIX, cuyo techo colapsó y que estuvo cerca de ser destruido por completo.
En las inmediaciones de la Place de la République en París, Ouri Zagoury, dueño de un local de videojuegos, relató cómo vio a través de las cámaras de seguridad a los saqueadores forzar la entrada de su negocio. “Entraba y salía tanta gente. Y aunque llamé a la policía, me dijeron que no interviniera, que iban a venir, pero nunca llegaron, lo cual es otro problema”, contó.
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La ministra digital, Anne Le Henanff, pidió el lunes a las plataformas de reventa en línea que retiren los anuncios de “artículos robados” tras los saqueos del sábado y convocó a representantes de empresas como Vinted y eBay.
En un discurso a la nación el domingo, Macron criticó la violencia “desenfrenada” y reconoció fallas en la respuesta del gobierno.
Los disturbios estallaron a seis meses de las elecciones presidenciales de abril y mayo que elegirán al sucesor de Macron tras una década de gobierno centrista. Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), apuntó contra el Ejecutivo. “El gobierno fracasó, el jefe de Estado fracasó en su deber esencial de proteger al pueblo francés”, dijo a periodistas en la sede del partido.
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Bardella, que hace campaña junto a la líder de extrema derecha Marine Le Pen, agregó: “Hago un llamado al pueblo de Francia a que, más allá de su derecho a protestar, use su poder de voto”. Le Pen encabeza las encuestas de cara a los comicios de la próxima primavera boreal.
El gobierno, por su parte, acusó a grupos de ultraizquierda de alimentar la violencia para favorecer las chances electorales del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
