EEUU impuso sanciones a la Corte Penal Internacional horas después de que una ex jueza ganara el Premio Nobel de la Paz

La administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a la Corte Penal Internacional este viernes, horas después de que una de sus ex juezas ganara el Premio Nobel de la Paz, lo que puso a Washington en rumbo de colisión diplomática con sus aliados europeos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió en X el artículo de la agencia de noticias Reuters sobre las sanciones contra la Corte Penal Internacional. El mismo se titula: “Estados Unidos impone sanciones a la CPI horas después de que un ex juez ganara el Premio Nobel de la Paz”.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y afirmó que no detendrían el trabajo del tribunal. La administración Trump ha mostrado desde hace tiempo una actitud hostil hacia el tribunal y ya ha impuesto sanciones a sus fiscales y jueces. La medida de este viernes iría mucho más allá, al poder castigar potencialmente a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.

“El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado revisado por Reuters antes del anuncio oficial.

“Por eso, hoy Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”.

El fiscal adjunto de la CPI, Khan, declaró a Reuters que las sanciones “deben ser condenadas”.

“Las sanciones pretenden socavar el estado de derecho a nivel internacional y la labor que realiza una institución judicial independiente”, declaró Khan. “Nuestro trabajo continuará en todas las situaciones, investigaciones y procesos judiciales”. Washington lleva mucho tiempo indignado por las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, y por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI ya ha cerrado.

El tribunal, fundado en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, cuenta con 125 países como Estados miembros, incluidos todos los países de la UE y todos los miembros de la alianza de la OTAN, a excepción de Estados Unidos y Turquía.

En el pasado, ha recibido un fuerte respaldo público de los países miembros, incluidos importantes aliados de Estados Unidos, y tiene su sede en los Países Bajos, miembro de la UE y de la OTAN.

Navi Pillay, la jurista sudafricana que ganó el Premio Nobel de la Paz este viernes por su labor en el ámbito de la justicia penal internacional, fue jueza de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008. En su comunicado, el comité del premio afirmó que buscaba “lanzar un recordatorio” en un momento en que “los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos”.

“Un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean que se hace justicia es una condición previa para un mundo pacífico”, afirmó el comité.

Rubio afirmó que las sanciones se habían estructurado para dar al tribunal y a sus Estados miembros la oportunidad de abordar las preocupaciones de Estados Unidos.

No proporcionó más detalles, pero un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el Tesoro de Estados Unidos emitiría una serie de licencias “para proteger los intereses estadounidenses”, en una aparente referencia a exenciones temporales a algunas sanciones.

EEUU espera que sus aliados “controlen la influencia en los tribunales”

Las sanciones estadounidenses suelen prohibir a todas las empresas con sede en EEUU cualquier tipo de colaboración con una organización sancionada, lo que obliga a los bancos a cerrar cuentas, a las aseguradoras a poner fin a la cobertura y a las empresas de software a cesar la cooperación.

La administración Trump ya había impuesto sanciones selectivas a funcionarios judiciales durante su primer mandato, las cuales fueron revocadas por el presidente Joe Biden. Washington anunció nuevas sanciones pocos días después de que Trump regresara al cargo en enero de 2025. Los funcionarios judiciales llevan meses preparándose para la posibilidad de sanciones contra el propio tribunal, sustituyendo los ordenadores de oficina por software de código abierto y estableciendo nuevos acuerdos para los servicios bancarios y los seguros médicos.

El secretario del tribunal, Osvaldo Zavala Giler, pidió a principios de esta semana que la UE estuviera preparada para utilizar un denominado “mecanismo de bloqueo” que le permita proteger a los países europeos de los efectos extraterritoriales de las sanciones.

En su declaración, Rubio afirmó que Estados Unidos había retrasado sus sanciones con la esperanza de que la CPI y los países signatarios de su Estatuto de Roma abordaran las preocupaciones estadounidenses, pero no lo habían hecho.

(Reuters)