Cinco personas se declararon culpables de importar más de 3.500 kilos de cocaína por 31 millones de dólares en barcos de pesca

La justicia federal de Estados Unidos encontró culpables a cinco integrantes de una red que importó más de 3.500 kilogramos de cocaína a Florida usando barcos de pesca deportiva. El caso, impulsado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida y el Homeland Security Task Force (HSTF), reveló la existencia de una estructura criminal con conexiones internacionales y métodos sofisticados para el transporte de drogas por vía marítima.

La condena recayó sobre Andy Gabriel Mercedes-Hernandez, Jesus Alberto Salcedo-Perez, Keisy Estibet Peguero, Enmanuel Amauris Rivera-Cabrera y Mario Joel Rijo-Jimenez. Según los registros judiciales, la organización utilizó embarcaciones registradas legalmente en Estados Unidos, con compartimentos ocultos, para trasladar cargamentos de cocaína desde la República Dominicana, con escala en aguas cercanas a las Bahamas, hasta la costa de Florida.

La magnitud del caso radica en la cantidad de droga incautada, que supera los 3.500 kilos, y en el valor estimado de la operación, calculado en más de 31 millones de dólares. Las autoridades federales consideran que la desarticulación de esta red representa un avance considerable en la lucha contra el narcotráfico marítimo en el sur de Estados Unidos y el Caribe.

¿Quiénes son los condenados y cómo se organizaba la estructura criminal?

Las investigaciones identificaron a Mercedes-Hernandez como el principal organizador y financiador de la red. Según la acusación, él se encargó de adquirir los barcos, coordinar la logística y supervisar tanto la descarga como el transporte de la droga hacia depósitos seguros y distribuidores locales. Salcedo-Perez figuró como propietario legal de las embarcaciones y cumplió funciones administrativas. Peguero participó activamente en la custodia y traslado de los cargamentos, mientras que Rivera-Cabrera y Rijo-Jimenez actuaron como capitanes responsables de la navegación y la seguridad en alta mar.

El esquema funcionó durante al menos dos años, con la introducción de grandes volúmenes de cocaína repartidos en distintos cargamentos. El expediente judicial detalla tres operaciones principales: 1.600 kilos transportados en el M/V Mysterry a mediados de 2023, 900 kilos en el M/V Maple Leaf en diciembre de 2024 y 1.000 kilos en el M/V Daviniki durante julio y agosto de 2025. Cada uno de estos envíos requirió planificación, inversión y una red de colaboradores para asegurar la llegada de la droga a territorio estadounidense.

¿Cómo operaba el tráfico de cocaína por vía marítima entre el Caribe y Florida?

La organización utilizó barcos de pesca deportiva para disimular el tráfico ilegal bajo una apariencia legítima. Las embarcaciones, equipadas con compartimentos ocultos, permitieron el traslado de grandes cantidades de droga sin levantar sospechas en los controles habituales. Los cargamentos partían de la República Dominicana, se recogían en aguas cercanas a las Bahamas y finalmente llegaban a la costa de Florida.

La logística incluía la descarga en puntos predeterminados y el almacenamiento temporal en depósitos antes de la distribución interna. El uso de barcos registrados legalmente y la rotación de tripulantes dificultaron la identificación de patrones por parte de las autoridades. Este método de transporte permitió a la organización operar con cierto margen de impunidad durante un periodo prolongado hasta que la investigación conjunta logró identificar y detener a los responsables.

¿Qué declaró la fiscalía federal y cómo actuaron las agencias estadounidenses?

El fiscal federal Reding Quiñones afirmó que la operación representó “industrial-scale cocaine runs into South Florida” y destacó la capacidad de la red para aprovechar mecanismos legales en el tráfico ilícito. “Estas no eran salidas de pesca, sino operaciones a gran escala para ingresar cocaína a la comunidad”, sostuvo Quiñones en el comunicado oficial difundido por la Oficina del Fiscal Federal.

La investigación fue dirigida por el Homeland Security Task Force (HSTF), una fuerza de tarea establecida por orden ejecutiva presidencial para coordinar la acción de distintas agencias federales. El caso involucró a la DEA (Drug Enforcement Administration), la Policía de Sunny Isles Beach, la Guardia Costera de Estados Unidos, Homeland Security Investigations y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que aportaron recursos de inteligencia, vigilancia y despliegue operativo en aguas internacionales y puertos de entrada.

La acusación formal quedó a cargo de la asistente de fiscal federal Lynn Kirkpatrick, con apoyo del equipo de la DEA en Miami. El proceso judicial recopiló pruebas materiales, documentos financieros y testimonios que permitieron reconstruir el recorrido de la droga y la participación de cada acusado.

¿Qué penas enfrentan los acusados y cuál es el estado del proceso judicial?

El tribunal federal estableció que cada uno de los condenados enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El cargo comprobado es el de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína, tipificado como delito grave en la legislación estadounidense. El proceso se tramita bajo el número 26-cr-20092 en la Corte del Distrito Sur de Florida.

La audiencia de imposición de sentencias se celebrará en las próximas semanas, cuando el tribunal evaluará los elementos probatorios y los antecedentes individuales de cada acusado. Según el comunicado oficial, la magnitud y reiteración de los envíos, así como la estructura y sofisticación de la organización, se consideran factores agravantes que podrían influir en la decisión final del tribunal.

Las autoridades federales subrayaron que la desarticulación de la red constituye un golpe significativo para el tráfico marítimo de cocaína en la región, aunque reconocen que las investigaciones continúan abiertas para identificar ramificaciones y posibles cómplices.

¿Cómo se financiaba la operación y cuál era el destino de la droga?

La fuente oficial precisó que el valor estimado de la droga incautada asciende a más de 31 millones de dólares en el mercado estadounidense. El financiamiento incluyó la compra, mantenimiento y operación de las embarcaciones, así como el pago a colaboradores y la logística de almacenamiento y transporte en territorio estadounidense. El dinero proveniente de la venta de la cocaína se reinvertía en nuevas operaciones, permitiendo a la organización sostener su actividad durante al menos dos años.

Los cargamentos se almacenaban provisoriamente en depósitos antes de su distribución en el sur de Florida. La organización destinaba parte de las ganancias a garantizar la seguridad de los envíos y a mantener la infraestructura necesaria para el tráfico continuado.

¿Qué es el Homeland Security Task Force y cómo se enmarca este caso en la política antidrogas?

El Homeland Security Task Force (HSTF) es una iniciativa federal lanzada por orden ejecutiva para concentrar esfuerzos en la eliminación de carteles y redes criminales trasnacionales. La fuerza de tarea reúne a agencias como la DEA, la Guardia Costera, Homeland Security Investigations y la CBP, con el objetivo de investigar, identificar y enjuiciar delitos vinculados al narcotráfico y la trata de personas.

En el caso de Florida, la acción del HSTF permitió coordinar recursos y capacidades federales en una investigación conjunta que desembocó en la condena de cinco personas por tráfico masivo de cocaína. La política federal prioriza la persecución de delitos con impacto en la seguridad nacional, el combate a organizaciones violentas y la utilización de inteligencia compartida para anticipar y neutralizar amenazas.

¿Dónde consultar información oficial y qué se espera a futuro en la causa?

La información y los documentos judiciales vinculados al caso pueden consultarse en la web oficial del Distrito Sur de Florida y en el sistema PACER, bajo el número de expediente 26-cr-20092. Las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación para identificar otros posibles involucrados y prevenir el restablecimiento de rutas similares de tráfico marítimo en la región.

La Oficina del Fiscal Federal informó que la vigilancia sobre las rutas del Caribe continúa como prioridad y que el caso refuerza la estrategia de cooperación interagencial frente al desafío que representan las organizaciones criminales internacionales.