La Cámara de Representantes de Estados Unidos debate la aprobación de casi USD 70.000 millones destinados a reforzar la política migratoria impulsada por Donald Trump.
Según reportó AP News, el paquete busca asegurar recursos suficientes hasta 2029 para las principales agencias encargadas de la aplicación de la ley migratoria, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
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El proyecto establece que USD 38.000 millones se asignarán a ICE, USD 26.000 millones a la Patrulla Fronteriza y otros USD 5.000 millones quedarán reservados para imprevistos.
El proceso legislativo y las posiciones partidarias
De acuerdo con AP News, la iniciativa llega tras semanas de negociaciones marcadas por tensiones internas en el oficialismo y el rechazo demócrata. Propuestas como la asignación de USD 1.000 millones para seguridad en la Casa Blanca o la creación de un fondo de USD 1.800 millones para compensar a aliados de Trump que alegan persecuciones fueron excluidas del texto final ante su impacto político.
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El presidente de la Cámara, Mike Johnson, del Partido Republicano, enfrenta el reto de mantener la disciplina de su bancada, ya que solo podrían permitirse perder unos pocos votos si todos los legisladores asisten a la sesión.
Los demócratas manifestaron su oposición a entregar fondos adicionales sin introducir cambios en los protocolos de las agencias migratorias, especialmente después de muertes recientes en operativos. Entre las condiciones planteadas, figuraban la obligación de que los agentes muestren credenciales y la necesidad de órdenes judiciales para ingresar en propiedades privadas. Sin embargo, el paquete fue redactado sin exigir modificaciones de fondo a las agencias, según AP News.
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Impacto y contexto de la medida
El nuevo paquete financiero, que se suma a los casi USD 140.000 millones ya transferidos a ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el año pasado, representa un impulso inédito para la agenda de deportaciones.
Si la Cámara aprueba la medida, pasará a la firma de Trump, lo que garantizaría un flujo constante de recursos para deportaciones masivas y operativos fronterizos hasta el final de la actual administración. El propio Johnson defendió la iniciativa al afirmar: “Tenemos que financiar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria, y es triste que los republicanos tengamos que hacerlo solos”, según recogió AP News.
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El Senado ya había dado luz verde al proyecto con una votación de 52 a 47, casi en línea con las divisiones partidarias, y solo la republicana Lisa Murkowski se sumó al rechazo demócrata.
Cambios en la administración y futuros desafíos
La llegada de Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional, tras el reemplazo de Kristi Noem en marzo, coincide con la presión de sectores antiinmigración que reclaman el cumplimiento de la promesa de la mayor operación de deportación en la historia del país.
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Según AP News, la administración todavía no alcanza el objetivo de un millón de deportaciones anuales, aunque el responsable de frontera, Tom Homan, anticipó nuevas operaciones focalizadas, incluidas posibles acciones en Nueva York.
A la par, el gobierno busca restringir vías de regularización, como el Estatus de Protección Temporal, endurecer los requisitos para la residencia permanente y genera demoras en la renovación del estatus de dreamers.
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El debate legislativo se intensifica, mientras la oposición denuncia que el Departamento de Seguridad Nacional utilizó recursos para comprar aviones privados y mantener a inmigrantes en condiciones precarias, según declaraciones del congresista Jamie Raskin recogidas por AP News.
“Darles ahora otros USD 70.000 millones a estas agencias fuera de control cuando todavía tienen USD 100.000 millones en caja del año pasado nos haría cómplices de la corrupción creciente y de las acciones de este departamento”, afirmó Raskin.
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Frente a las críticas, la congresista Michelle Fischbach defendió la iniciativa: “Lo que está en juego es la seguridad pública y la protección de los estadounidenses”.
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