El jefe del Comando Sur se reunió con un general de la dictadura cubana en la base estadounidense de Guantánamo

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de la Infantería de Marina Francis Donovan, se reunió este viernes con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General de Cuba, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo. El encuentro, calificado por el Comando Sur como “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, es el primero que se recuerda en tiempos recientes entre un jefe del Comando Sur y mandos militares cubanos.

El Comando Sur difundió un comunicado acompañado de una fotografía de los participantes —todos con uniforme de campaña— en el que precisó que Donovan también llevó a cabo una evaluación de la seguridad perimetral de la base y abordó con oficiales del recinto la protección del personal militar y sus familias, así como la preparación operativa. La base naval, ubicada en la costa sureste de Cuba a unos 700 kilómetros de Miami, alberga además un centro de detención que adquirió notoriedad mundial por los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La reunión se produce en un momento de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión económica sobre la isla desde su regreso al poder, con medidas que han agravado una situación ya crítica: el 13 de mayo, el ministro de Energía cubano anunció que el diésel y el fueloil necesarios para mantener en funcionamiento las plantas eléctricas se habían agotado por completo.

La visita de Donovan se produce poco más de dos semanas después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, encabezara una delegación en La Habana para reunirse con altos funcionarios del gobierno cubano. Personas familiarizadas con el asunto señalaron entonces que Washington expresó su frustración ante la falta de avances en materia de apertura económica y política por parte del régimen.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cuatro cargos de asesinato contra el ex dictador cubano Raúl Castro, de 94 años, y otros funcionarios, por el derribo en 1996 de dos avionetas operadas por una organización de exiliados cubanos con sede en Miami. El secretario de Estado Marco Rubio llegó a calificar a Castro de “fugitivo” de la justicia estadounidense, aunque se negó a ofrecer detalles sobre eventuales planes para arrestarlo.

La acusación formal retoma un incidente de hace casi tres décadas y se suma a las presiones de la administración Trump sobre el régimen fundado por Fidel Castro tras la revolución de 1959. Según Reuters, Trump ha mencionado a Cuba entre sus prioridades de política exterior para su segundo mandato e insinuó que se convertirá en el foco principal una vez que concluya el conflicto con Irán. Tanto Trump como Rubio han sugerido que, si las restricciones económicas no provocan un cambio de gobierno, podría recurrirse a la fuerza militar.

La semana pasada trascendieron informes según los cuales La Habana estaría evaluando la posibilidad de llevar a cabo ataques con drones contra la base naval en caso de una agresión militar estadounidense, de acuerdo con lo publicado por AFP. El Comando Sur no se pronunció sobre esos reportes, pero sí reafirmó en su comunicado que “la estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital” para contrarrestar amenazas a la seguridad, la estabilidad y la democracia en el hemisferio.

Trump también ha proyectado utilizar la instalación como centro de detención para migrantes indocumentados, lo que añade una dimensión adicional al valor estratégico que la administración atribuye al enclave. El gobierno cubano no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario formuladas el viernes por la noche, según The Washington Post.