
El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores suma un nuevo compás de espera. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, fijó este lunes una nueva audiencia para el 30 de junio, tras aceptar una solicitud conjunta de la defensa y la Fiscalía. El matrimonio venezolano permanece recluido en el centro de detención de Brooklyn desde que fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero.
La convocatoria fue acordada por las tres partes —defensa de Maduro, defensa de Flores y acusación— en una carta dirigida al tribunal. Hellerstein también accedió a suspender el cómputo establecido por la Ley de Juicio Rápido, normativa federal que fija en 70 días el plazo máximo desde la acusación formal para el inicio del proceso. Al excluir los días restantes del conteo, el juez despeja el camino para prolongar el procedimiento más allá de ese límite.
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En paralelo, Hellerstein aceptó el desistimiento de las mociones con las que la defensa había intentado anular la acusación, alegando que las sanciones estadounidenses impedían a los acusados costear su representación legal. La concesión se otorgó “sin perjuicio”, lo que significa que la defensa conserva la facultad de presentar una moción similar en una etapa posterior. El obstáculo quedó superado hace unas semanas, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro autorizó una modificación de las sanciones contra Venezuela para permitir que Caracas sufrague los honorarios de los abogados de ambos acusados.
Ante la corte federal, Maduro responde a cuatro cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos, y posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos. Flores enfrenta acusaciones similares: dos cargos de conspiración para la importación de cocaína, uno de conspiración para la posesión de armas y otro de posesión efectiva de esas armas. Ambos se declararon “no culpables” en su primera comparecencia, el 6 de enero, tres días después de su captura.
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El proceso tiene raíces que se remontan a marzo de 2020, cuando la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Maduro por liderar durante dos décadas una estructura de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles, integrada por altos oficiales militares venezolanos y articulada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según los fiscales, esa red utilizó bases aéreas militares venezolanas, rutas marítimas por el Caribe y puntos de trasbordo en Centroamérica para enviar toneladas de cocaína hacia el mercado estadounidense. El Departamento de Estado ofreció entonces una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro.
La detención llegó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en Caracas. Venezuela denunció el operativo como un secuestro; Rusia, China y Cuba respaldaron esa postura. Washington rechazó la caracterización y trasladó a los detenidos a Nueva York, donde quedaron bajo custodia federal.
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Hellerstein, magistrado de 92 años, preside un caso sin precedentes recientes. Solo dos jefes de Estado habían sido objeto de cargos criminales por parte de fiscales federales estadounidenses: Manuel Noriega, de Panamá, y el libio Muamar Gadafi. Maduro es descrito en la acusación como “gobernante de facto e ilegítimo” de Venezuela.
La audiencia del 30 de junio será la tercera comparecencia formal del matrimonio ante el tribunal. La segunda se celebró el 26 de marzo, cuando la defensa insistió en la desestimación de los cargos y el juez descartó esa posibilidad. Con los plazos procesales suspendidos y la disputa por la financiación de la defensa resuelta, el caso ingresa en una fase de preparación que podría extenderse durante meses antes de que se fije una fecha de juicio.
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