
La reciente demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha puesto el foco sobre una práctica que, aunque conocida en círculos migratorios, toma una nueva dimensión con la acusación formal contra el De’Ai Postpartum Care Center, un negocio ubicado en el área de Houston. El caso ha generado un intenso debate sobre el llamado “turismo de maternidad”, una modalidad que consiste en facilitar la entrada de mujeres extranjeras, en este caso principalmente de nacionalidad china, a los Estados Unidos con el único propósito de dar a luz y así obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
La acción legal, presentada ante un tribunal estatal, señala que el centro ha operado durante casi dos décadas, tiempo en el que se habría jactado de ser responsable del nacimiento de más de 1.000 bebés estadounidenses. Según la demanda, el objetivo de estos partos era aprovechar el principio de ciudadanía por derecho de nacimiento, garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El fiscal general Paxton ha sido enfático al declarar: “Estados Unidos es para los estadounidenses, no para extranjeros que intentan burlar el sistema para obtener la ciudadanía”, subrayando que el centro facilitó no solo una invasión demográfica, sino también el encubrimiento y la facilitación de violaciones a las leyes migratorias estadounidenses.
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El funcionamiento del negocio de turismo de maternidad se caracteriza por una organización sofisticada y una operativa extendida. El De’Ai Postpartum Care Center ofrecía servicios integrales relacionados con el parto, desde la gestión del viaje hasta el alojamiento y el asesoramiento en trámites migratorios. Durante casi veinte años, la empresa se promocionó abiertamente en plataformas chinas, recibiendo a cientos de familias que buscaban que sus hijos nacieran en suelo estadounidense. El volumen de nacimientos facilitados es significativo: la demanda sostiene que el centro llegó a gestionar hasta 20 partos al día en sus diferentes ubicaciones, lo que da cuenta de una infraestructura preparada para recibir a varias familias de manera simultánea.
Los métodos de captación y asesoramiento a los clientes estaban cuidadosamente diseñados para eludir la detección por parte de las autoridades migratorias. La empresa comercializaba sus servicios principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería privada y sitios web chinos, muchas veces tras cortafuegos estatales o privados. Además de la promoción directa, el boca a boca jugaba un papel relevante entre la comunidad china interesada en emigrar a Estados Unidos bajo este esquema.
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El centro no solo ofrecía alojamiento y cuidados médicos, sino que también instruía a las mujeres para declarar falsamente el turismo como motivo de su viaje al solicitar la visa, ocultando así que el propósito principal era dar a luz. En sus capacitaciones, los responsables del centro animaban a las clientas a ingresar o permanecer de forma irregular en el país, recomendando incluso gestionar la visa antes de quedar embarazadas, debido a que las autoridades estadounidenses prohíben expresamente los visados para fines de turismo de maternidad.
La capacidad operativa del De’Ai Postpartum Care Center se sustentaba en una red de propiedades ubicadas en el área metropolitana de Houston. De acuerdo con la demanda, las operaciones del negocio se desarrollaban en al menos cuatro direcciones: 211 Birch Hill Dr, Sugar Land; 9201 Clarewood Dr, Unidad 5, Houston; 1903 Granite Field Ln, Richmond; y 7506 Summer Night Ln, Rosenberg. Estas instalaciones consistían en viviendas multifamiliares localizadas en barrios residenciales, habilitadas para albergar a varias familias de manera simultánea y equipadas para atender hasta una veintena de nacimientos diarios. Fotografías incluidas en la demanda muestran casas adaptadas para este propósito, en una estructura que permitía el flujo constante de clientas y recién nacidos.
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En el plano legal, la demanda presentada por la Fiscalía General de Texas se fundamenta en la presunta violación de diversas leyes estatales. Entre las alegaciones principales se encuentran prácticas comerciales engañosas, manipulación ilícita de registros gubernamentales y encubrimiento de información relevante para las autoridades. Según el escrito, los empleados del centro asesoraban a las clientas sobre cómo desenvolverse en el sistema de inmigración y las animaban a ocultar el verdadero motivo de su viaje, lo cual constituye una infracción del Código Penal de Texas y de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas. Paxton argumenta que durante décadas la interpretación de la ciudadanía por nacimiento ha sido utilizada erróneamente para recompensar la violación de leyes migratorias, y que esta práctica ha dado pie a una industria lucrativa y sofisticada.
La Fiscalía General solicita al tribunal la emisión de una orden judicial para clausurar la operación del De’Ai Postpartum Care Center, así como la imposición de sanciones civiles, entre ellas multas de 10.000 dólares por cada infracción y el pago de los honorarios legales. La demanda se enmarca en un contexto político en el que la ciudadanía por nacimiento ha sido objeto de debate, con intentos recientes de modificar su alcance constitucional.
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Desde el 24 de enero de 2020, Estados Unidos deniega expresamente la entrada de turistas cuyo propósito principal sea el nacimiento de un hijo para obtener la ciudadanía, y todas las solicitudes de visa por turismo de maternidad están sujetas a rechazo. La acción de Ken Paxton se apoya en estos precedentes y en argumentos orales actualmente ante el Tribunal Supremo, reforzando el clima de disputa sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda y los límites de la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense.
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