El gobierno de los Estados Unidos actualizó este jueves 24 de abril su alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses, elevando a nivel máximo la advertencia sobre el estado indio de Jammu y Cachemira, luego de un ataque armado contra un grupo de turistas que dejó al menos 26 muertos y 17 heridos en la localidad de Pahalgam, una zona montañosa popular entre visitantes.
El atentado, considerado el más letal en la región desde el atentado suicida en Pulwama de 2019, ha intensificado las tensiones diplomáticas entre India y Pakistán, y ha generado una batería de medidas de seguridad y represalias políticas por parte del gobierno del primer ministro Narendra Modi.
El tiroteo ocurrió cuando un grupo de turistas se desplazaba por la ciudad de Pahalgam, en el corazón del valle de Cachemira. Individuos armados abrieron fuego indiscriminadamente, provocando una masacre que ha conmocionado a la comunidad internacional. La zona, frecuentada por visitantes por sus paisajes montañosos y senderos naturales, ha sido escenario de violencia esporádica en los últimos años.
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su guía de viaje tras el ataque, advirtiendo de “amenazas terroristas y disturbios civiles violentos” en la región. La advertencia excluye a la región oriental de Ladakh y su capital, Leh, aunque advierte que los incidentes violentos también se presentan en zonas turísticas como Srinagar, Gulmarg y la propia Pahalgam.
La embajada estadounidense en India reforzó la alerta, recordando que el personal gubernamental de Estados Unidos tiene prohibido viajar a Jammu y Cachemira y recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar desplazamientos a la zona, mantenerse informados mediante medios locales y estar alerta en áreas frecuentadas por turistas.
Medidas del gobierno indio
El primer ministro Narendra Modi condenó con firmeza el atentado y prometió una respuesta contundente. “Los atacantes y los conspiradores serán castigados más allá de su imaginación”, aseguró en un mensaje público. Las declaraciones fueron seguidas por una serie de medidas de seguridad y diplomáticas, que marcan una escalada en la postura de Nueva Delhi frente a Islamabad.
Como parte de estas acciones, India cerró su principal cruce fronterizo con Pakistán, bloqueando el tránsito de personas y mercancías. Además, ordenó la expulsión de diplomáticos militares pakistaníes y anunció que reducirá a 30 el número de funcionarios del Alto Comisionado de Pakistán en India, desde los 55 actuales, a partir del 1 de mayo. Asimismo, se ordenó a los ciudadanos pakistaníes en territorio indio abandonar el país en un plazo de 48 horas.
El ministro del Interior, Amit Shah, presidió reuniones de seguridad de alto nivel, y autorizó el despliegue de tropas adicionales en zonas sensibles de Jammu y Cachemira. Además, se convocó a una reunión multipartidaria para evaluar la estrategia nacional de seguridad y las consecuencias diplomáticas del atentado.
Entre las medidas más drásticas figura también la suspensión del Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo histórico que regula el reparto de recursos hídricos entre India y Pakistán desde 1960, y que ha sido considerado un pilar de estabilidad bilateral pese a las tensiones.
El presidente estadounidense Donald Trump también se pronunció sobre el ataque en su red Truth Social. “Noticias profundamente perturbadoras desde Cachemira. Estados Unidos está con India contra el terrorismo. Rezamos por las almas de los fallecidos y por la recuperación de los heridos”, escribió.
El ataque y sus consecuencias han reactivado el foco internacional sobre el conflicto en Cachemira, una región disputada que ha sido escenario de enfrentamientos periódicos desde la partición del subcontinente en 1947. Las tensiones entre India y Pakistán, ambos con armamento nuclear, se agravan cada vez que surgen incidentes violentos, especialmente cuando hay víctimas civiles o extranjeras.
La comunidad internacional observa con preocupación la evolución del conflicto y las posibles implicaciones de las medidas tomadas por India. Diplomáticos y analistas advierten que la suspensión del tratado fluvial y la expulsión de funcionarios podrían agravar el deterioro de las relaciones bilaterales, al tiempo que aumenta el riesgo de nuevos enfrentamientos en la Línea de Control (LOC), la frontera de facto entre ambos países en la región.
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